La Audiencia Provincia de Las Palmas ha confirmado la medida de prisión provisional impuesta a Fernando Torres Baena, principal imputado en el caso del kárate, una causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, y en la que hay procesados cuatro profesores de kárate por 113 delitos de abuso sexual continuado y corrupción de menores. Uno de ellos es Torres Baena, propietario de la escuela de artes marciales y del chalet de la Playa de Vargas objetos de las pesquisas. El tribunal rechaza el recurso de apelación porque "podría huir de España si es puesto en libertad", según recoge el auto dictado por la Sección Primera.
Baena lleva en prisión desde marzo por decisión del magistrado instructor Miguel Ángel Parramón, y ahora la Audiencia Provincial ha ratificado esa medida preventiva. "Concurre el riesgo de sustracción a la Justicia por la gravedad de las penas con las que se castiga este tipo de conductas delictivas", sostiene el ponente del auto que rechaza la excarcelación, Secundino Alemán.
Los abogados de Torres Baena destacaron su arraigo social y laboral en la isla para pedir su puesta en libertad, así como la "trascendencia mediática del caso", que ha "transformado socialmente" al prestigioso karateca "en una persona repudiada socialmente". Sin embargo, el tribunal rechaza esos argumentos, "precisamente porque la proyección social de su trabajo, la objetiva gravedad de los hechos y la gran cantidad de perjudicados hacen prever que intente sustraerse a la acción de la Justicia", según la resolución judicial de la Audiencia Provincial.
Las fuentes judiciales consultadas aseguran que la suspensión de la indagatoria a Torres Baena podría estar relacionada con la intención de prestar una nueva declaración, aunque, de ser así, lo más probable es que sólo se someta a las preguntas de su abogado defensor.
Fotografía: Una de las imputadas, María José González, en el momento de abandonar la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Baena lleva en prisión desde marzo por decisión del magistrado instructor Miguel Ángel Parramón, y ahora la Audiencia Provincial ha ratificado esa medida preventiva. "Concurre el riesgo de sustracción a la Justicia por la gravedad de las penas con las que se castiga este tipo de conductas delictivas", sostiene el ponente del auto que rechaza la excarcelación, Secundino Alemán.
Los abogados de Torres Baena destacaron su arraigo social y laboral en la isla para pedir su puesta en libertad, así como la "trascendencia mediática del caso", que ha "transformado socialmente" al prestigioso karateca "en una persona repudiada socialmente". Sin embargo, el tribunal rechaza esos argumentos, "precisamente porque la proyección social de su trabajo, la objetiva gravedad de los hechos y la gran cantidad de perjudicados hacen prever que intente sustraerse a la acción de la Justicia", según la resolución judicial de la Audiencia Provincial.
Las fuentes judiciales consultadas aseguran que la suspensión de la indagatoria a Torres Baena podría estar relacionada con la intención de prestar una nueva declaración, aunque, de ser así, lo más probable es que sólo se someta a las preguntas de su abogado defensor.
Fotografía: Una de las imputadas, María José González, en el momento de abandonar la Audiencia Provincial de Las Palmas.