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La Policía Judicial de la Guardia Civil detuvo el pasado martes al Cabo Primero de la Patrulla Fiscal de la Benemérita de Vecindario, J.R.M., por un presunto delito de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad en el marco de la Operación Metralla.
J.R.M. habría implicado a entre 25 y 30 de sus compañeros en una estafa de más de un millón de euros.
La Guardia Civil también detuvo al dueño de un concesionario de coches de Carrizal y a su mujer, y fueron puestos el jueves a disposición judicial, quedando libres con cargos, concretamente, y según fuentes consultadas, por presunto blanqueo de capitales, usurpación de identidad y estafa.
La Benemérita registró el pasado martes el domicilio del cabo primero de la Patrulla Judicial y se encontraron hasta tres motocicletas de la Marca Harley Davidson y, según señalan fuentes extraoficiales, hasta 300.000 euros en metálico.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que la Policía Judicial de la Guardia Civil estaba detrás de la pista desde antes del mes de enero al detectar que varios agentes de los puestos de Vecindario y Agüimes tenían registrados un número de vehículos exagerado y que, en algunos casos, llegaban a 14.
Así, se pincharon los teléfonos de todos los presuntos sospechosos hasta detectar una red de créditos solicitados a diferentes financieras que, tras una profunda investigación, convergían en la misma persona, el cabo primero de la Patrulla Fiscal de la Guardia Civil de Vecindario, J.R.M.. Además, el caso no afectaba solo a agentes de la Guardia Civil, sino también a personas de otros cuerpos policiales, así como civiles que fueron convencidos por J.R.M. para pedir un crédito para la compra de un vehículo a cambio de mil euros. En caso de que su situación le impidiera la concesión del crédito, ofrecía 300 euros por cada persona que lograran que pidiera un crédito.
Así, una vez obtenidos los vehículos, J.R.M. y su socio empresarial los ponían a la venta en un concesionario de coches en Carrizal, donde los comercializaban como automóviles de ocasión.
Fuentes consultadas señalan que la trama podría suponer un agujero de hasta un millón de euros en créditos personales a través de financieras. Algunas familias habrían obtenido entre 12 y 14 de estos créditos, por lo que su situación, ahora que J.R.M. ha debado de responder debido a su detención, se ha tornado insoportable.
Todo este entramado habría seguido adelante sin mayores problemas si la estafa no hubiera salido a la luz, y las versiones acerca de cómo se destapó el delito son dispares. Así, por una parte, algunas fuentes apuntan a que el imputado sufrió una significativa caída en el volumen de ventas de los vehículos, por lo que no pudo hacer frente a los pagos de las mensualidades, lo que puso en alerta a las distintas financieras, que dieron la alarma.
Sin embargo, otras versiones aseguran que fue una de las personas a las que se pidió que actuara como testaferro quien, supuestamente, no vio clara la operación y alertó a la propia Guardia Civil para que comenzara a investigar el caso.
Sea como fuere, la realidad es que, hoy, J.R.M., su mujer y su socio se encuentran en libertad con cargos y que, entre 25 y 30 personas podrían ser imputados por la autoridad judicial por su implicación en la estafa.
El Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Francisco Espinosa, no quiso hacer declaraciones sobre el caso y subrayó que el hecho está bajo secreto de sumario.
El nerviosismo se ha desatado entre los agentes de la Guardia Civil de los puestos de Vecindario y Agüimes por temor a ser llamados a declarar o verse implicados judicialmente en el caso.
Fotografía: Cuartel de la Guardia Civil de Vecindario.
Fotografía: Cuartel de la Guardia Civil de Vecindario.
