Martes, 20 de marzo.
Antonio Morales*
Los recortes al Estado de bienestar y al Estado de derecho realizados hasta
el momento, no les parecen suficientes. Han decidido que el sometimiento de la
política, de las instituciones y la democracia al capitalismo más duro no puede
pararse hasta alcanzar la libertad de mercado total que proclama el
neoliberalismo. La reforma laboral recién aprobada, que garantiza el despido
fácil y barato, y que restringe los derechos colectivos de los
trabajadores, no es sino un pequeño paso que tendrá que complementarse con
nuevas medidas… Están entusiasmados y crecidos con las últimas decisiones
adoptadas. Pero piden más.
Todo les parece poco y no pararán hasta dejar sin contenido el gobierno de
lo público, hasta hacer de los trabajadores un mero instrumento de producción
con los derechos disminuidos al máximo. El análisis que estoy haciendo, tan a
vuela pluma, puede parecer una caricatura de los hechos, pero es la triste y
dura realidad.
Por eso, el Presidente de Mercadona, Joan Roig, miembro del selecto grupo de
empresarios españoles del Consejo de Competitividad, no ha tenido ningún pudor
(los medios más a la derecha lo llaman sensatez) en pedir, hace unos días, que se
amplíe la reforma laboral para "desincentivar el paro", que tenemos que
trabajar como chinos, es decir, como los chinos de China, aquí y en Pekín: de
sol a sol, con sueldos bajísimos, viviendo hacinados para poder pagar un piso,
sin vacaciones y sin derechos laborales. Y también, según el conspicuo
empresario, debemos dejar de derrochar en esas tonterías de la sanidad pública
y la educación, entre otras cosas. Es más o menos lo que vino a decir el Director de Ford España por las mismas fechas: los españoles tienen muchas
vacaciones y tienen que mirarse en el espejo de los japoneses. No dice que los
japoneses trabajan hasta 70 horas a la semana en muchos casos y que mueren por
miles cada año por karoshi o sobrecarga de trabajo. Por lo visto, no hay más
alternativa que producir y consumir hasta la extenuación.
Por eso, Joan Rosell acaba de afirmar que las prestaciones de desempleo son
muy generosas y que no pueden ser para siempre, que el derecho a la huelga debe
ser revisado y que se debe retirar la ayuda a los que rechacen por primera vez
un puesto de trabajo, "aunque sea en Laponia", como afirmó José Luis Feito, que
también demandó parar a empleados públicos para pagar a los proveedores y crear
puestos de trabajo, en una clara maniobra de enfrentamiento de los trabajadores
y trabajadoras de esta país.
Es lo mismo que dijo el pasado lunes Dolores de Cospedal: "En España hay que
trabajar más horas manteniendo los sueldos" y, además, la responsabilidad de un
Gobierno en un país con más de cinco millones de parados no puede ser otra que "hacer reformas" y los trabajadores deben aceptar en silencio menos salarios,
menos derechos laborales, menos vacaciones, más horas de trabajo, más
precarización, más empobrecimiento, más exclusión social… Y van haciendo calar
la idea de estamos en un país de gandules, que la gente no quiere trabajar, que
estamos rodeados de irresponsables que quieren vivir por encima de sus
posibilidades; que son los hombres y mujeres de este país los culpables del
paro, de la frustración de los jóvenes, de los millones de pobres, del aumento de
las desigualdades sociales…
Y claro, para poner en marcha todas estas políticas de reformas y ajustes
sobran los sindicatos. No hay ningún tipo de dudas que están siguiendo a pie
juntillas las prácticas de Margaret Thatcher: "Consideramos que estando en la
lucha de clases, teníamos que declararles la guerra (…) Siempre tenemos que
ponernos a salvo del enemigo interior (trabajadores y sindicatos) mucho más
peligroso y difícil de batir y nocivo para la libertad". Su estrategia es
que hay que revisar, por tanto, el derecho a la huelga, como ha anunciado la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y desprestigiar a los sindicatos hasta el
infinito, lo que tienen también en buena parte conseguido por las campañas
continuas de menoscabo a las que son sometidos.
El vilipendio a los sindicatos viene de lejos: en la huelga general que
convocaron contra el Gobierno socialista en septiembre de 2010, la prensa más
conservadora (El Mundo, La Razón,
ABC, La Gaceta…)
no dudó en compararlos con grupos terroristas, en pedir su ilegalización, y el
encarcelamiento de sus lideres. Y en esta ocasión, cuando se anuncia otra
huelga general, vuelven a poner toda la carne en el asador, esta vez con una
complicidad más directa del PP, e insisten en demonizarlos y machacarlos con
los latiguillos de los abusos de liberados, los sindicalistas banqueros, los
cursos de formación, los millones que reciben para su financiación de los
gobiernos de turno, la complicidad y la culpabilidad en la existencia de
millones de parados, su participación en la negociación de los ERE, su deriva
en negocietes, burocratismo, parasitismo, trapisondería
y opacidad. Si se mueven ahora, dicen, es porque la reforma laboral les
quita poder y dinero.
Desde luego, no voy a dejar de reconocer la existencia de determinadas
prácticas sindicales absolutamente censurables. De su complicidad con la
socialdemocracia, pasiva ante los embates de los mercados; de su voracidad e
insaciabilidad en la administración pública frente a políticos débiles, creando
enormes diferencias con el resto de los trabajadores; de su aceptación de la
rutina; de haber hecho dejación de su obligación de crear un proyecto social
alternativo… Pero no han cometido más errores que los partidos políticos, que
los empresarios, que los medios de comunicación…, todos ellos, como los
sindicatos, imprescindibles en un Estado de derecho, en esta democracia de
mínimos que nos va quedando.
Los sindicatos están obligados, como los partidos, como los empresarios,
como los medios de comunicación, a hacer una autocrítica, pero nadie puede
dudar de que son absolutamente necesarios para la defensa de los
trabajadores ni de su total legitimación para ponerse a la vanguardia de la
defensa de los derechos laborales, de sueldos dignos, de las pensiones, de las
jubilaciones, de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales,
de la soberanía de la política frente a los mercados y de la democracia.
En esas están y no podemos dejarlos solos. Han convocado una huelga general
y su fracaso supondría la aceptación de los sacrificios y la pérdida de libertades
que se nos impone. Es verdad que las encuestas nos hablan de que la ciudadanía
recela de los sindicatos y de las manifestaciones y huelgas, pero habría que
vencer a las opiniones creadas interesadamente (las que nos venden la reforma
como un atisbo de luz frente al inmovilismo del PSOE), la apatía y el
miedo. No se trata sólo de salir a la calle para protestar. Se trata de
reclamar pacíficamente, como avala nuestra Constitución, un proyecto de futuro
distinto. De hacer oír, al unísono, millones de voces que reclaman la ruptura
de la dependencia de la política ante los mercados. Y que no se nos
olvide que, como decía Thomas Jefferson, "cuando los ciudadanos temen al Gobierno
tenemos una dictadura; cuando el Gobierno teme a los ciudadanos, tenemos libertad".
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
