24 de abril de 2012

Caso kárate: se abre el juicio de la década

Martes, 24 de abril.

Canarias7
En términos mediáticos, es el juicio de la década en Canarias. En términos absolutos, se trata del plenario de proporciones más espectaculares jamás celebrado en el archipiélago. 
Cuatro acusados que se enfrentan a penas que en total superan los 600 años de cárcel, 100 presuntos delitos de índole sexual supuestamente consumados sobre menores, más de 60 hipotéticas víctimas, 188 testigos y 12 peritos citados a declarar. 45 jornadas de vista oral en sesión matinal a lo largo de ocho meses.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas tiene previsto iniciar el próximo 03 de mayo la vista oral del juicio que se sigue contra Fernando Torres Baena, de 55 años, María José González Peña, de 34 años, Ivonne González Herrera, de 31   y Juan Luis Benítez Cárdenes, de 39,  acusados por el fiscal y por dos acusaciones particulares personadas en el sumario en nombre de decenas de menores como supuestos autores de 100 delitos de índole sexual. Fueron presuntamente consumados en el gimnasio de kárate que durante 30 años dirigió Torres Baena en la capital grancanaria y en el chalé que este poseía como residencia de descanso en Playa de Vargas.
El fiscal considera probado que durante cerca de 30 años Fernando Torres Baena mantuvo relaciones sexuales con los alumnos a los que impartía clases de kárate, y asevera que en su chalé de la Playa de Vargas celebró "auténticas orgías sexuales" durante 15 años, hasta que fue detenido junto a su mujer y sus dos monitores en enero de 2010.
Entiende el fiscal que en la casa de Vargas, a donde en principio los acusados se llevaban a los menores con la excusa de celebrar concentraciones deportivas, los niños  "no sólo se debían prestar a cualquier actividad sexual con Fernando Torres, María José González o Ivonne González, sino que eran inducidos a mantener las mismas prácticas con cualesquiera otros de los alumnos menores asistentes, sin distinción de edad, sexo o número de participantes".
Asevera el Ministerio Público que María José e Ivonne aprovechaban su condición de monitoras de kárate en colegios y centros "como el Martín Freire y el Centro Insular de Deportes" para "derivar" al gimnasio de Torres Baena "a aquellos menores que por sus características consideraban más idóneos para los fines pretendidos". Añade que, si los chicos se negaban a participar en los actos sexuales, tenían que soportar un sermón de Baena que podía durar horas.
A juicio de la acusación pública, los cuatro acusados "planteaban el establecimiento de relaciones sexuales como un método de evolución personal y deportiva".
La acusación particular documenta 20 casos de jóvenes que  aún hoy están en tratamiento psicológico para superar la experiencia.
Las peticiones de condena más altas parten de la Asociación de Víctimas del Caso Kárate, que representa a 25 supuestos perjudicados directos y a su familiares. Está personada en la causa como acusación particular, bajo la dirección del abogado José María Palomino. Esta parte pide 312 años de prisión para Fernando Torres, 164 a su mujer, 150 para Ivonne González y 20 años  para Juan Luis Benítez Cárdenes.
Los abogados defensores de los procesados son Ángel Luis Calonge (por Fernando Torres Baena), Pino López Acosta (por María José González), Sergio Armario (por Ivonne González) y María Rosa Díaz–Bertrana (por José Luis Benítez). Todos ellos interesan en sus conclusiones provisionales la libre absolución.
Mayoritariamente, defienden la teoría de que las víctimas se confabularon para llevar a la ruina a Fernando Torres, hasta su detención la figura más importante en la docencia del kárate en Canarias,  el sensei (gran maestro) de las islas, para quedarse con su cartera de clientes, con sus subvenciones y con su status. En todas sus comparecencias judiciales han negado, incluso con altas dosis de vehemencia y llegando a enfrentarse al juez instructor, Miguel Ángel Parramón, que los hechos que relatan las supuestas víctimas sean ciertos ni se acerquen lo más mínimo a la verdad.
El Tribunal estará presidido por el magistrado Emilio Moya Valdés. A su derecha se sentará el magistrado Salvador Alba Mesa, ponente del fallo y, casualmente, experto kárateca. A su izquierda, el magistrado Carlos Vielba Escobar. El fiscal será Pedro Gimeno Moreno, y la secretaria judicial, Eva Hernández Burgos.