Martes, 24 de abril.
El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, firmó ayer, con los alcaldes de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria, el convenio de
colaboración por el que se gestionará una ayuda de 1,5 millones de euros a la
emergencia social prevista en 2012 y que tiene por objeto atender las
necesidades básicas o primarias de familias y personas en situación de extrema
necesidad.
En la firma del convenio también estuvieron presentes la Vicepresidenta II y Consejera de Gobierno de Presidencia, Economía y Hacienda, Rosa Rodríguez,
el Consejero de Política Social y Sociosanitaria, Francisco Santana,
y los representantes de Agaete, Aguimes (en la persona de la Concejala de Servicios Sociales, Rita Estévez), Artenara, Arucas, Firgas, La Aldea de San Nicolás,
Ingenio, Gáldar, Mogán, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa
Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Tejeda, Telde, Teror, Valsequillo,
Valleseco y la Vega
de San Mateo, a excepción del de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene previsto
acordar su aprobación en el pleno de este mes de abril.
Al término del acto, José Miguel Bravo de Laguna informó que la corporación insular
está tramitando ya las primeras solicitudes de ayuda recibidas por parte de los
ayuntamientos para que puedan ser percibidas por las familias o personas
demandantes del municipio cuanto antes, en función de las solicitudes que se han
ido presentando.
Por su parte, al respecto, Rosa Rodríguez señaló también que el Cabildo de
Gran Canaria ha establecido un procedimiento administrativo preferente para que
los expedientes recibidos de los ayuntamientos relativos a la emergencia social
se tramiten con la máxima celeridad, y de hecho los informes se están emitiendo
en el plazo de un día.
Es importante que en el marco de esta colaboración con los municipios de la
isla, cada ayuntamiento ponga también a disposición toda su infraestructura
para gestionar con agilidad las ayudas de emergencia social consignadas para 2012 a través de los
informes emitidos por las concejalías competentes en materia de asuntos
sociales, donde se concreta la necesidad, la situación económica del perceptor
y la propuesta de cuantía de la ayuda económica. En este contexto, los
ayuntamientos de Gran Canaria deberán adoptar las medidas de difusión
necesarias para dar la adecuada publicidad del carácter público de estas
ayudas.
La iniciativa del Cabildo de Gran Canaria trata de atender las necesidades
inaplazables para la vida de los residentes en los municipios de la isla ante
la difícil situación económica actual de muchas familias que en estos momentos
de crisis no cuentan con ningún tipo de ingreso para sobrevivir, y que se ven
obligadas a recurrir a este tipo de asistencia.
Y es que los ayuntamientos de Gran Canaria han visto incrementada la demanda
de ayudas económicas para atender necesidades básicas o primarias procedentes
de familias y personas en situación de extrema necesidad, como consecuencia,
entre otros factores, de las elevadas cotas de desempleo. Esta situación, que
requiere de una respuesta ágil y eficaz, ha desbordado en muchos casos la
capacidad de las corporaciones locales para prestar la atención que se
requiere.
En este contexto, una de las actuaciones previstas por la Consejería de
Presidencia, Economía y Hacienda para 2012, en colaboración con la Consejería de Política
Social y Sociosanitaria, es la concesión de estas ayudas individuales para
atender situaciones de extrema necesidad que no sean cubiertas, o lo sean
parcialmente, por otras instituciones públicas con cargo a los fondos propios
de la Corporación,
contando con una cuantía de 1.500.000 euros consignados en el Presupuesto del
Servicio de Presidencia de la
Consejería de Presidencia, Economía y Hacienda del Cabildo de
Gran Canaria.
El convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Cabildo de
Gran Canaria y los ayuntamientos de Gran Canaria para la tramitación,
resolución y abono de ayudas de Emergencia Social a sus solicitantes a través
de las Corporaciones municipales y conforme al procedimiento establecido por el
Cabildo de Gran Canaria, con el fin de cubrir la demanda de prestaciones
económicas para atender necesidades básicas de personas en situación de extrema
necesidad.
El convenio permanecerá en vigor hasta el 30 de noviembre de 2012, o hasta
el agotamiento de la dotación presupuestaria consignada en el Cabildo de Gran
Canaria para las Ayudas de Emergencia Social, sin perjuicio de la posible
prórroga que se pueda acordar por las Administraciones suscriptoras.
Los criterios para la distribución de los créditos consignados por el
Cabildo de Gran Canaria para la cobertura de las ayudas de Emergencia Social se
fijan atendiendo a la población censada en el municipio y la situación de
desempleo.
El Servicio de Presidencia comprobará al finalizar cada uno de los tres
primeros trimestres de 2012 que la aplicación de los criterios de distribución
vigentes se ajusta a la demanda de ayudas formuladas ante cada Ayuntamiento,
pudiendo, en caso de detectar desajustes, realizar una nueva distribución de
los créditos asignados, y fijando nuevos límites presupuestarios de disposición
para cada uno de los Ayuntamientos, siempre dentro de las consignaciones
presupuestarias totales habilitadas al efecto para el ejercicio presupuestario.
De existir excedentes presupuestarios, éstos se podrán reasignar a la
financiación de proyectos propuestos por entidades sin ánimo de lucro, siempre
con idéntico objetivo de dar cobertura a ayudas de emergencia social.
En cuanto a la naturaleza y características de esta consignación, se trata
de ayudas económicas de carácter puntual y excepcional, y sólo se podrán
adjudicar a un miembro de la concreta unidad familiar. Las ayudas se conceden a
petición de los Servicios Sociales municipales, a quienes corresponde la
comprobación de la situación de emergencia o extrema necesidad de los
solicitantes.
Tendrán carácter finalista y deben destinarse únicamente a cubrir las
necesidades para las que han sido concedidas, que serán, de forma preferente,
la atención de gastos derivados de las necesidades básicas de familias cuya
situación sea de extrema necesidad, tales como alimentación, vestido, higiene
doméstica y personal, suministro de energía eléctrica y agua, gastos de
alquiler, y otras análogas no cubiertas por los sistemas públicos debidamente
justificadas por los Servicios Sociales municipales.
Los beneficiarios de las ayudas serán personas físicas con escasos recursos
económicos, que se encuentren en situación de desempleo o, en caso de tener
trabajo, recibir unos ingresos que imposibiliten o dificulten el sostenimiento
de la unidad familiar sin la ayuda que se solicita, por la escasez o falta
absoluta de ingresos del resto de los miembros de la unidad familiar (escasez o
inexistencia de ingresos, tanto procedentes del trabajo, de rendimientos de
capital mobiliario o inmobiliario, de pensiones, o de cualesquiera otras
ayudas).
Para la concesión de las ayudas económicas será preceptiva la valoración
emitida por los trabajadores sociales de los Servicios Sociales Municipales a
través de sus informes técnicos, los cuales irán acompañados de una propuesta
de resolución motivada acerca de la procedencia del otorgamiento de la ayuda,
la insuficiencia y/o inexistencia de fondos municipales para cubrirla, y una
propuesta motivada y no vinculante de la cuantía de la misma.
La cuantía de la ayuda se determinará en función del concepto
concreto demandado, el número de miembros y los ingresos de la unidad familiar.
En general, se establece un importe máximo de 1.000 euros, que podrá ser
ampliado en casos excepcionales y debidamente justificados, siempre que la suma
de la totalidad de las ayudas se encuentre dentro del límite de las
consignaciones presupuestarias totales habilitadas al efecto para el concreto
ejercicio presupuestario.
Los Ayuntamientos de Gran Canaria, a través de sus Servicios Sociales,
recibirán las solicitudes de ayudas que formularán los beneficiarios mediante
instancia. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta
agotar la dotación presupuestaria, cerrándose, como fecha límite, el 20 de noviembre
2012.
