Martes, 10 de abril.
Antonio Morales*
Desde que Felipe González iniciara durante su mandato el proceso de
privatización de las eléctricas públicas españolas, dando entrada al capital
privado en las compañías, y desde que José María Aznar culminara, a partir de
1996, el proceso de su desnacionalización total, por aquello de la
globalización, la liberalización a la que obligaba el neoliberalismo rampante y
la necesidad de hacer caja, la constatación del sometimiento de los poderes
públicos y la mayoría de los partidos políticos al lobby eléctrico se hace cada
día más palpable.
Para Sharon Beder , autora del libro "Energía y poder: la lucha por el
control de la electricidad en el mundo" (Fondo de Cultura Económica), ningún
país en el que se haya privatizado el sector eléctrico ha obtenido los
beneficios esperados: "los precios se incrementan, los servicios se vuelven
menos confiables, se producen apagones, hay menos inversión en infraestructura
de generación y se pierden miles de empleos". Según esta investigadora
australiana y profesora universitaria de Ciencia, Tecnología y Sociedad, "la
privatización puede ser considerada una estafa perpetrada para despojar a la
sociedad de su legítimo control sobre un servicio público esencial. Es un truco
concebido y ejecutado por grupos de poder que buscan beneficiarse del control
privado".
Se trata de la mejor descripción que se haya podido hacer de lo que está
sucediendo con la energía en España desde finales de la década de los noventa,
donde un trust de empresas, actuando en régimen de monopolio, ha conseguido
pactar precios de manera fraudulenta en el mercado mayorista e imponer tarifas,
tecnologías, déficits ficticios, hachazos a las renovables emergentes y hasta
sustituir al Gobierno nombrando o cesando ministros, directores generales y
secretarios de Estado.
Con la llegada al poder del gobierno de Mariano Rajoy, el dominio del lobby y
su capacidad de influir, lejos de reducirse, se ha incrementado y ha ganado
posiciones, aunque nos lo hayan pretendido disimular con una especie de
batallita mediática de enfrentamiento controlado en las últimas semanas.
Efectivamente, después de que, con la inestimable ayuda del ministro Soria,
consiguiera dar un hachazo mortal de necesidad a las renovables poniendo en
jaque a un sector industrial puntero, al empleo, al desarrollo tecnológico que
genera y al medio ambiente, este oligopolio dedicó todo su esfuerzo y
estrategia a demandar un nuevo aumento del recibo de la luz, haciendo referencia
una y otra vez, al dichoso déficit tarifario, que se inventaron, por cierto,
conjuntamente con Rodrigo Rato cuando este era ministro de Aznar. Para el
periodista Jesús Mota ("El yugo de la tarifa eléctrica". El País), que lo explica
muy bien, "desde 1998 la única tarea de las empresas reguladas ha sido acumular
derechos reconocidos de retribución (cuyas consecuencias se conocen como déficit de tarifa) y hostigar a la Administración (Industria, Hacienda, Economía)
para que se titulicen esos derechos al precio que sea, con la seguridad de que los
sobrecostes y gabelas financieras caerán como un rayo sobre los bolsillos de
los consumidores. El truco para esculpir tales derechos en el recibo de la luz
se esconde detrás de la confusión entre costes reconocidos (montados sobre una
ficción de precio de mercado, es decir, del mencionado rastrillo y
de la campanuda subasta CESUR) y costes realmente incurridos. Las compañías
eléctricas tienen en su mano elevar los costes o precios reconocidos. Pero lo
que debería contar son los costes realmente incurridos, desconocidos por la
opinión pública y (es de temer) por el Gobierno. Por esa razón la trivial
proclama del consejero delegado de Endesa, Borja Prado, pronunciada con
enfática seriedad, de que el Gobierno tiene que subir los precios de la
electricidad para acabar con el déficit de tarifa, se merece como respuesta que
la mejor manera de acabar con el déficit es que las empresas dejen de
fabricarse e inflarse derechos reconocidos utilizando las grietas de la
regulación. O que el Gobierno se lo impida, algo de lo que, al parecer, es
incapaz".
Comienzan entonces los socios de Unesa, la patronal de las eléctricas, desde
hace unos meses y sin ningún pudor, a salir en los medios de
comunicación, de manera orquestada, para demandar nuevos aumentos del recibo de
la luz. Y no se cortan, un día tras otro, para pedir "sacrificios", para
que la electricidad suba un 20% y paliar el déficit y para amenazar con huidas
de inversión y procesos judiciales si no se les hace el gusto. En este jueguito
de distracción interviene también el ministro de Industria advirtiendo que será
duro con las eléctricas y que, faltaría más, no les va a hacer caso y que,
además, les hará devolver el dinero que han cobrado indebidamente a través de
los Costes de Transición a la Competencia. Incluso Rajoy sale a la palestra
para decirnos que el Gobierno no teme a las presiones y que él "no se asusta
fácilmente por las presiones de los lobbys ni de los no lobbys".
Pura comedia. A pesar de que la
CNE (a la que han decidido cargarse en breve tiempo para que
nos quedemos sin órganos de control y fiscalización) advirtiera que la factura
de la luz en España ha crecido desde 2003 en un 70,7%, que está en el
umbral más elevado de Europa (solo la tiene más cara que nosotros Malta y
Chipre, como reconoció el propio Rajoy en su discurso de investidura) y que la
subida recaería especialmente sobre los consumidores, con grave riesgo para la
economía, lo cierto es que el último Consejo de Ministros decidió aumentar el
recibo de la luz en un 7%, afectando especialmente a la ciudadanía.
Y de nuevo la ópera bufa. El cártel eléctrico se rasga las vestiduras,
amenaza con los tribunales y tiene la caradura de hacer un comunicado acusando
al Gobierno de atacar a las eléctricas y consumidores y de salvar a las
renovables (su obsesión) y amenaza con adaptarse al nuevo modelo con menos
inversiones, destrucción de empleos, más apagones… No nos dice, claro,
que, como advirtió la CNE,
el incremento es durísimo para un país con más cinco millones de parados y que
la subida real de los peajes será del 21%; que el bono social para tres
millones de ciudadanos pasa de ser soportado por las empresas de generación a
ser asumido por el resto de los consumidores; que el aumento de tarifa de
1.400 millones de euros lo afrontarán 20 millones de hogares y miles de pymes;
que sus centrales de gas y carbón han producido un déficit de 6.000 millones y
lo seguirán aumentando en los próximos años, mientras se cuestiona a las
renovables; que las centrales hidroeléctricas y nucleares siguen obteniendo
unos beneficios extraordinarios de más de 3.500 millones de euros (windfall
benefits) a pesar de estar amortizadas, porque se vende su energía al precio
del petróleo, cuando son mucho más baratas, y a pesar de que no pagan ningún
canon por utilizar un recurso público como el agua; que para facilitar el
paso del sector al nuevo modelo de "liberalización" se les pagó a las grandes
empresas unas compensaciones por los costes de transición de las que han
cobrado más de 3.000 millones en exceso que tendrían que devolver y que
no han devuelto; que han ganado miles y miles de millones con la distribución
que ellos mismo cuantificaban sin tener en cuenta el consumo real; que
cobraban y cobran ingentes cantidades por una interrumpibilidad que hace
años que no han utilizado; que siguen cobrando muchísimo por tener las
centrales siempre disponibles aunque no se necesiten; que cobran los retrasos
muy por encima del precio legal del dinero (se calcula que han percibido por
este concepto más de 5.000 millones); que imponen los precios en unas subastas
tramposas eligiendo siempre el momento en el que estos están más altos; que
realizan inversiones y prácticas empresariales cuestionables que luego
terminamos pagando los consumidores… Y claro, mientras vemos que entre los
directivos mejor pagados de España figuran señores como José Ignacio Sánchez
Galán (Iberdrola) que se lleva para su casa algo así como nueve millones y
medio de euros al año, y Antoni Brufau (Repsol), mas de quince millones, y así el
resto. Ejemplificante.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.