Viernes, 04 de mayo.
Los procesados, que se
enfrentan a solicitudes de condena que suman 620 años de prisión, han rechazado
los hechos que se les imputan tras la lectura de los distintos escritos de
calificación en la primera sesión de este macrojuicio, que durará hasta el mes
de diciembre, y en la que se ha acordado que sus declaraciones ante el tribunal
sean públicas.
La sala, presidida por el
magistrado Emilio Moya, decidirá en los próximos días si el resto de la vista
se celebrará a puerta cerrada, como han solicitado el fiscal Pedro Gimeno y las
dos acusaciones particulares, pero ya ha adelantado que tomará medidas para
evitar que este caso se convierta en un "festín mediático".
Juan Luis Colange, abogado del excarateka Torres Baena, para el que se demandan 302 años de cárcel, ha reclamado que todas las sesiones del juicio sean abiertas a la prensa y al público, porque asegura que su defendido "no tiene nada que esconder", mientras que las otros tres letrados de la defensa no se han opuesto.
Las tres acusaciones han subrayado la importancia de que se celebre la vista a puerta cerrada para preservar la identidad e intimidad de las víctimas y de sus familiares, sobre todo porque se dan casos en los que algunos denunciantes han conseguido rehacer sus vidas con gran esfuerzo y tienen nuevas parejas sentimentales que desconocen los hechos y, por lo tanto, los daños que se les puede causar serían irreparables, ha indicado el fiscal.
Juan Luis Colange, abogado del excarateka Torres Baena, para el que se demandan 302 años de cárcel, ha reclamado que todas las sesiones del juicio sean abiertas a la prensa y al público, porque asegura que su defendido "no tiene nada que esconder", mientras que las otros tres letrados de la defensa no se han opuesto.
Las tres acusaciones han subrayado la importancia de que se celebre la vista a puerta cerrada para preservar la identidad e intimidad de las víctimas y de sus familiares, sobre todo porque se dan casos en los que algunos denunciantes han conseguido rehacer sus vidas con gran esfuerzo y tienen nuevas parejas sentimentales que desconocen los hechos y, por lo tanto, los daños que se les puede causar serían irreparables, ha indicado el fiscal.
Además, las acusaciones no
quieren que las víctimas tengan que declarar ante los procesados, pues, según
el fiscal, de nada serviría haberlas numerado para evitar citar su nombre si
después tienen que mostrar sus rostros y ofrecer sus testimonios sobre los "detalles
más obscenos que afectan a su existencia".
En esta primera sesión, además
del debate sobre la idoneidad o no de celebrar el juicio a puerta cerrada, el
resto se ha centrado en las cuestiones previas, que serán resueltas en la
sentencia que tiene previsto dictar el tribunal a final de año, según ha
indicado su presidente, quien ha aclarado sobre las pruebas solicitadas que ya
ha sido "generoso" y no hay "nada nuevo que
añadir".
Colange ha hecho hincapié, en
las cuestiones previas, que se ha vulnerado el derecho a un juicio justo de su
defendido al sostener que al inicio de las diligencias policiales, tras la
primera denuncia de una de las víctimas, se "gestionaron los
tiempos" para que la instrucción recayera en un juez determinado.
El letrado, además de sostener
que no se siguió el "protocolo policial" en las primeras
diligencias, ha expuesto que la declaración del secreto del sumario, que a su
juicio no estaba justificado por la naturaleza de los delitos, generó
indefensión para su cliente.
Ambas cuestiones fueron
rechazadas por el fiscal, quien ha manifestado que las apreciaciones de Colange
están en la línea de la teoría de la "eventual conspiración"
por parte de los testigos que plantea Torres Baena en su defensa.
Gimeno, entre otras
cuestiones, ha dicho que la
Policía necesita "tiempos" y hacer "verificaciones"
de las denuncias, y ha defendido, por las especiales características de los
hechos, tanto el secreto del sumario como su duración, que fue "muy
prudente" y que en ningún caso se menoscabó el derecho a la defensa.
El juicio continuará el
próximo día 15 con la declaración del principal acusado, Fernando Torres Baena,
para después seguir con las de los otros tres procesados: María José González
Peña, Ivonne González Herrera y Juan Luis Benítez Cárdenes.
