Antonio Morales*
Como magos de salón nos van sacando de la chistera, cuando les conviene, los
asuntos contra los que quieren ir a degüello. Unas veces para crear un tema de
opinión propicio sobre las medidas a tomar y otras para distraer la atención de
la ciudadanía cuando están tramando una gorda. Lo cierto es que no descansan.
En su afán de ajustes, adelgazamientos y tijeretazos sin límites van creando
polémicas interesadas, con datos manipulados, en los medios de comunicación. Y
lo peor es que entramos todos al trapo. No pocas son las ocasiones en las
que logran orientar el sentir colectivo y consiguen que no se discuta lo
que plantean. Y detrás, siempre, el cuestionamiento de lo público. Está de más
hablar de cómo las grandes empresas evaden a Hacienda y tienen por ahí en
paraísos fiscales más de 40.000 millones de euros, o de cómo la banca está
sangrando las cuentas públicas con unos intereses usureros mientras les
prestamos dinero casi regalado (fíjense en lo que está pasando con la Comunidad valenciana), o
cómo rescatan "bankias" con el dinero de todos (se habla de que poniendo 10.
000 millones, los mismos que se han restado a educación y sanidad) en una
nacionalización temporal, hasta que esté saneada, porque aquí solo se
socializan las pérdidas, o cómo están anunciando una nueva oleada de
liberalizaciones, dicen, cuando no se trata sino de privatizaciones puras y
duras, en un auténtico expolio al Estado.
Por eso, el ministro Soria afirmaba hace unos días que la culpa de la situación
de Canarias, "de dos años para acá", es del Gobierno autonómico porque "no se
ha atrevido a disminuir el peso del sector público". Hay que vaciar la
educación, la sanidad, el control gubernamental sobre el territorio y demás
para conseguir imponer la gestión privada sobre todos estos sectores
estratégicos y para, entre otras cosas, como también decía Soria días atrás,
más gallito que nadie y en su salsa, conseguir "más libertad para construir en
la costa equipamientos y hoteles". Sobra el Estado. Se pone en cuestión a los
funcionarios, las autonomías, los ayuntamientos y pretenden hacernos creer que
la culpa de la crisis reside en las instituciones y en las políticas públicas.
Es una campaña antidemocrática en toda regla. Y no falta quien les baile el
agua con todo el interés del mundo o con toda la ignorancia del mundo.
En las últimas semanas, la artillería pesada ha estado dirigida hacia las
comunidades autónomas y los ayuntamientos en un afán totalizador claramente
orientado a devolvernos al centralismo franquista. Han puesto en marcha hasta
un manifiesto contra las autonomías, en un ataque frontal a los pactos de la Moncloa y a la Constitución,
para "concienciar a los ciudadanos de lo que para la integridad, la cohesión,
la viabilidad económica y la solidaridad nacional supone el modelo de Estado de
las Autonomías que tenemos" y han generado un intenso debate sobre la
innecesaridad de muchos ayuntamientos y la conveniencia de borrar del mapa a
miles de ellos.
Para justificarlo todo recurren de manera machacona y torticera a la deuda
pública y a los costes que suponen mantener al conjunto de los municipios
españoles. Y es aquí donde adquiere mayor calado la mentira: la deuda española
se cifra en una cantidad que gira en torno a los cuatro billones de euros
(cuatro veces el PIB) y aunque las cifras puedan variar algo, la
generalidad coincide en confirmar que la deuda pública no llega al 16%, la de
las familias está en torno a un 22%, la de las empresas en un 30,5% y la de los
bancos por encima del 32% . Es decir, la deuda fundamental del país es privada
en más de un 83%, y de ésta, casi dos tercios corresponde a los bancos y
a las empresas. Del conjunto de la deuda pública española (solo el 16% del
total del país, el 60,1% del PIB), el 46% concierne a la Administración
central, el 10,9% a las comunidades autónomas y un raquítico 3,3% a las
entidades locales (más de la mitad de ésta pertenece a ayuntamientos
capitales de provincia y Madrid se lleva la palma). Es más, según el Boletín
Estadístico del Banco de España, la local fue la única administración pública
que redujo su deuda en el último trimestre de 2011 frente al aumento que se
produjo en las otras. Si bien el artículo 142 de la Constitución española
señala que "las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes
para el desempeño que la Ley
les atribuye", el 137 considera la autonomía local como básica dentro de la
organización territorial del Estado y el artículo 9.1 de la Carta Europea de
Autonomía Local define su "Principio de autonomía financiera", lo cierto
es que, aunque tras las primeras elecciones democráticas se pactó que el 50% de
los recursos fuera para el Gobierno central, un 25% para las autonomías y otro
tanto para los municipios, en estos momentos los entes locales sólo reciben un
13%. De cada 100 euros que pagan los ciudadanos, 60 corresponden a tributos del
Estado, 34 a
autonómicos y solo 6 van a las administraciones locales; sus ingresos dependen
en un 50% de impuestos directos; soportan un 32% (más de 7.000 millones) de
competencias impropias, que son de otras administraciones pero que atienden y
financian los municipios; la desaparición del impuesto de actividades
económicas, que suponía el 20% de los ingresos municipales, nunca fue
compensada; la Ley
de Financiación Local se pospone legislatura tras legislatura a pesar de que
todos los presidentes prometen resolver el tema cuando llegan al poder; la
definición del marco competencial nunca se ha llevado a cabo, con el enorme
perjuicio que supone para los ayuntamientos; la dependencia de otras
administraciones es asfixiante. Y aún así, la inversión pública ejecutada
por los municipios ha sido considerablemente mayor que la realizada por las
comunidades. En esta tesitura, el Gobierno canario se queda con parte de
IGIC, además de revisar a la baja el Fondo de Financiación garante de
parte de la autonomía de los municipios canarios, aunque aumenten las
competencias asumidas por los recortes en educación y en servicios sociales y
que se estén poniendo en riesgo los servicios básicos y cercanos que se prestan
a la colectividad…
Pues bien, a pesar de todo esto el Gobierno central no ha dudado en ningún
momento en intervenir a muchísimos ayuntamientos españoles con el traído
y llevado plan de ajustes para el pago a los proveedores. Paradójicamente, de
los 17.000 millones previstos para este fin, los ayuntamientos solo necesitaron
9.500, es decir el 50% de la deuda municipal no ha tenido que recurrir al fondo
por su solvencia económica. Y anuncia ahora una fusión masiva de municipios, en
función de su número de habitantes, sin justificación alguna, porque no existen
estudios que aseguren que la medida supondría ningún ahorro económico. Porque
estamos hablando de pequeños municipios donde sus cargos electos no cobran, donde
los funcionarios de carrera trabajan en régimen de acumulación en varios
pueblos a la vez, donde la orografía y sus especificidades no siempre hacen
funcionar la economía de escala. Son además, los pueblos en los que menos casos
de corrupción se han producido y los que menos deuda tienen.
Los municipios tienen su origen en la Comunidad de Aldea que
nació a fines del siglo IX en el norte peninsular y se consolidó en la
comuna de la Edad Media.
Para Italo Calvino son un conjunto de memorias, deseos y lenguajes y en el
siglo XIX, Alexis de Tocqueville los definió como el lugar donde reside la
fuerza de los pueblos libres. Joan Subirats dice que "el local es el mejor
espacio para ofrecer respuestas concretas e integrales a los problemas"… En
definitiva, hacer desaparecer municipios porque sí, es hacer desaparecer
realidades históricas, es crear enfrentamientos gratuitos, romper la cohesión
social y crear desarraigos, es enfrentar a los que más tienen con los que
menos, instaurar la crispación, romper la convivencia, forzar relaciones
vecinales y humanas… Es quebrar la célula principal de la participación de la
comunidad en las decisiones colectivas. Es un tremendo paso atrás en la
democracia. Pero me temo que esto no le interesa lo más mínimo a los mercados. Ni
a un Gobierno sometido a los mercados.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
