El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta (en la
imagen), avanzó este miércoles que el Gobierno prevé suprimir las 1.432
mancomunidades al completo en el marco de la Ley de Bases del Régimen Local, y que serán las
diputaciones provinciales o cabildos las que se encarguen de gestionar las
competencias de aquellos ayuntamientos que no lo puedan hacer dentro de los
criterios de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria.
En declaraciones a los medios, tras reunirse con representantes de CEOE y
Cepyme, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas aseguró que esta
supresión afectará a "todas"
y cada una de las 1.432 mancomunidades existentes en España y admitió que "sin duda habrá supresión de cargos
públicos" a raíz de esta medida.
Por otro lado, Beteta manifestó la voluntad del Gobierno de tener lista la ley
que regulará las administraciones locales "este
año", por lo que ha asegurado que en caso de no alcanzar un acuerdo al
respecto, se hará "de todos
modos".
El Gobierno ya ha elaborado un documento con su propuesta, fruto de una
comisión de expertos liderado por el Instituto Nacional de la Administración Pública,
inspirada en la Ley
de Estabilidad Presupuestaria.
Hasta la fecha, el Gobierno de España ha presentado esta propuesta a PSOE,
CiU y PNV, y la ha remitido a las comunidades autónomas y a la Federación Española
de Municipios y Provincias a la espera de sus alegaciones.
Según explicó Beteta, "no es
exigible la supresión de municipios", no así que cumplan con la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. En este sentido, indicó que aquellos ayuntamientos que no
puedan financiarse con sus recursos serán gestionados por las diputaciones
provinciales o cabildos, que cumplen una función similar a la de las
mancomunidades.
"Las diputaciones y los cabildos
son la mancomunidad natural", dijo Beteta, quien añadió además que un
estudio del Instituto de Estudios Fiscales, que se presentará próximamente,
revela que esta gestión global de los servicios municipales es 20 veces más
barata que la individual.
En cualquier caso, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas
indicó que "la voz de los ciudadanos
se seguirá escuchando a través de los alcaldes y los diputados
provinciales".
Por su parte, el Presidente de la Mancomunidad del Sureste y Alcalde de Agüimes,
Antonio Morales, señaló ayer, en declaraciones a Canarias Radio La Autonómica, que ésta es
una medida improvisada que "en el Sureste de Gran Canaria tendría unos efectos
muy negativos".
A renglón seguido, indicó que depurar, fabricar agua o producir energía eólica
y solar no se puede dejar en manos de un departamento para burocratizarlo y
que después quede olvidado en algún cajón del Cabildo de Gran Canaria.
El Presidente de la
Mancomunidad del Sureste recordó que el Sureste de Gran
Canaria "tiene un proyecto de futuro de desarrollo sostenible que ha sido
reconocido por la ONY
y que ha recibido multitud de premios internacionales".
Antonio Morales insistió en que se trata de una tremenda barbaridad, "porque
los ayuntamientos solos no podríamos gestionar, por ejemplo, una desaladora
como la que poseemos hoy en día, y la Mancomunidad del Sureste ya piensa en la construcción
de una nueva planta. Aquí, continúo el Alcalde de Agüimes, se ha conseguido con
la unión, hace 20 años, de los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía".
