Martes, 18 de septiembre.
Antonio Morales*
Luis María Anson es un resabiado periodista, vocero de la más rancia derecha
española acomodada en el PP. Sus andares se han dirigido siempre hacia los
predios más conservadores y la monarquía más retrógrada de súbditos, cortes y
vasallajes. Director del ABC primero, fundador de La Razón después, ahora se deja
ver por las páginas de El Mundo empeñado en una catecumenización neoliberal
urbi et orbi. Él, junto con un grupo de periodistas de distintos medios
de comunicación y algunos escritores se reunieron en Marbella el sábado 13 de
agosto de 1994 para crear una asociación independiente en defensa de la
libertad de expresión, como así la definieron, y que dieron en llamar
Asociación de Periodistas y Escritores Independientes (AEPI).
El consejo fundador estaba compuesto por Anson, Pedro J. Ramírez, Pablo
Sebastián, Antonio Burgos, Balbín, Antonio Herrero, José Luis Gutiérrez, Julio
Cerón, José María García, Federico Jiménez Losantos, Camilo José Cela, Antonio
Gala, Umbral, José Luis Martín Prieto, Antonio García-Trevijano, Luis del Olmo,
Manuel Martín Ferrand, Raúl del Pozo, Julián Lago y otros. Nació así lo que se
conoció más tarde como El Sindicato del Crimen, empeñado en derribar "como
fuera" a Felipe González para que no resultara reelegido, echando mano de Mario
Conde, Perote y lo que se pusiera a tiro.
En un ataque de egolatría, o tal vez, como le acusaron sus colegas
del "sindicato", porque se le facilitaba el acceso a la Academia o se le
prometía
un trabajo en Prisa, el propio Anson se encargó de hacer público, en una
entrevista a Santiago Belloch en la revista Tiempo, que con aquella
operación "se rozó la estabilidad del Estado". El objetivo era "cargarse" al presidente,
como reconoció también Pablo Sebastián, y para ello diseñaron una estrategia
que establecía que todos los días tenían que aparecer portadas y editoriales
denunciando, en los distintos medios de comunicación en los que trabajaban, las
corrupciones del PSOE, al tiempo que se pasaban por alto todas las que se
produjeran en el entorno del PP. Luis del Olmo describiría más tarde con
exactitud el contubernio: "estuve en la
AEPI junto a otros ilustres colegas, pero en cuanto olimos la
mierda que allí había salimos zumbando".
Sin ningún tipo de dudas, en la última etapa de Zapatero, ya sin la AEPI en funcionamiento, se
produjo un resurgimiento de la maniobra de acoso y derribo que toma como punto
de partida el cuestionamiento de la victoria socialista tras el 11-M y arrecia
con fuerza en la última etapa en la que terminan vendiéndolo como el peor
presidente de la historia de España.
Y no se detienen. Las viejas mañas nunca se pierden y en esas siguen. Y en
estos momentos andan instalados en una intensa campaña en defensa del
neoliberalismo que pretende, a todas luces, desmantelar el Estado. No hay día
en el que no aparezca, en cualquiera de sus medios, un ataque frontal a lo
público, cuestionando la política, los sindicatos, los partidos políticos, las
instituciones, los funcionarios… Todo lo público, como editorializaba El Mundo
hace unas semanas, es "chapuza y derroche". Y, como se necesitan culpables de
lo que está pasando, se lo cree, peligrosamente, una gran mayoría.
La pasada semana, el ínclito Anson volvía a lanzar uno de sus ataques en el
periódico de Pedro J. Ramírez. En esta ocasión recurre, de nuevo, a ese libelo
que anda dando vueltas por ahí en el que se señala que existen más de 445.000
políticos que viven del dinero del Estado, a los que el exdirector de ABC añade
unos 200.000 más, hasta situarlos en 600.000. ¡Toma ya! Al día siguiente, y
en el mismo diario, Carlos Cuesta vuelve a las andadas con la retahíla de
los 445.000 políticos que saquean las arcas de la administración. Y
podría seguir poniendo ejemplos (ha ocupado también interesadamente la
portada del ABC y las de otros medios conservadores) pero el muestrario
es significativo. Y lo que más rabia me produce es que los dos saben que esa
información no es cierta, que corre por las redes sociales como un rayo
difundida por cómplices del neoliberalismo, por ingenuos indocumentados o por
ignorantes supinos, pero a ellos no se les pasa por alto de donde proviene y
qué fines persigue. Y se valen de ello para hacer daño, para condicionar la
opinión pública, aún sabiendo que mienten como bellacos.
Ya se ha escrito mucho sobre el tema, muchas plumas han alertado sobre la
falsedad de este panfleto, pero parece que nunca es suficiente el desmentido a
tenor de como sigue distribuyéndose a través de internet el correíto
reaccionario y antidemocrático de marras. Más allá de la contundencia con la
que te advierte el panfleto de que ya está confirmado que son
exactamente 445.568 políticos los que existen en España (e incluyen aquí a los
sindicatos, a las organizaciones empresariales, a las cámaras de comercio,
miembros de mancomunidades que no pueden ser otros que los de los
ayuntamientos, responsables del catastro, bibliotecas, museos, institutos
oceanográficos, agencias meterológicas, etc., etc.), lo cierto es que el mensaje
ha calado y se sigue difundiendo dolosamente a pesar de que la cifra real no
alcanza los doscientos mil.
Pero, ¿saben realmente de dónde ha salido este infundio? ¿Cuál es la fuente?
Les cuento. Donde primero aparece esta información (que contribuye a difundir
inicialmente el pagado de si mismo Pérez Reverte) es en un diario digital de
extrema derecha (El Aguijón) que acaba de firmar, por cierto, un acuerdo de
colaboración con Alerta Digital, un periódico ultraderechista de la misma
cuerda, y que está editado por César Román Viruete, colaborador de
Intereconomía, exmiembro de Falange Española (de donde fue expulsado),
exmiembro de la racista y xenófoba Plataforma por Madrid (de donde fue
expulsado) y exmiembro de El Centro, partido que creó y del que también fue
expulsado… Dicen en este medio que el informe se les filtró desde La Moncloa, lo que avalaría
las afirmaciones posteriores de políticos populares como José Manuel Soria,
diciéndonos que "recortar la administración crea empleo", o María Dolores de
Cospedal prometiendo eliminar los sueldos de los diputados de Castilla-La
Mancha para que solo se puedan dedicar a la política los más pudientes, para
dar más poder a los poderosos y aislar a la ciudadanía.
Es la estrategia. Se trata de eliminar cargos públicos, eliminar o dejar sin
recursos y sin competencias a miles de ayuntamientos, vaciar las autonomías,
privatizar lo que quede del Estado. Y en eso está este nuevo "sindicato del
crimen" en connivencia con el neoliberalismo político. No digo que no haya que
corregir excesos, defectos e incompetencias, pero lo que está claro es que nos
van inoculando día a día el virus del desprecio a las instituciones y sus
representantes.
Como escribía recientemente Antonio Avendaño en el diario Público, "una vez
que consigamos que el sueldo de los políticos no supere en ningún caso el
salario mínimo interprofesional; que acudan al trabajo en bicicleta,
preferentemente alquilada o bien de segunda mano si es de su propiedad; que les
suprimamos el aire acondicionado en el despacho; que no tengan secretaria y
mucho menos secretario; que no cobren desempleo si pasan al paro; que oculten a
sus hijos pequeños que trabajan como políticos; que engañen a sus ancianas
madres contándoles que se ganan la vida tocando el piano en un puticlub. Una
vez que los hayamos asustado lo bastante y hayamos conseguido todo eso, ¿a
quién diablos nos pensamos que vamos a ser capaces de convencer para que se
ocupe de dirigir el puñetero chiringuito que, por definición, siempre necesita
ser dirigido por alguien? ¿A un Monti, a un Draghi, a un De Guindos? ¿A un
millonario, a un rentista? ¿A un redactor jefe?"
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
