Antonio Morales*
En las últimas semanas, una suma de sucesos encadenados ha
precipitado la escenificación urgente de la búsqueda de alternativas al
grave problema de los desahucios en España, por parte de los dos
partidos mayoritarios del arco parlamentario. Los que siempre se negaron
a plantar cara a los atropellos del sistema financiero, han tenido que
reaccionar, cuatrocientos mil desahucios después, ante la solidaridad
ciudadana que congrega cada vez a decenas de personas frente a las
viviendas de las que pretenden echar a las familias; a causa de la
profunda alarma social ligada a las noticias que nos hablan de suicidios
por tener que abandonar su vivienda en Granada, Las Palmas de Gran
Canaria, Málaga, Barcelona y Barakaldo; por la valiente acción de un
grupo de jueces reunidos en Valencia denunciando los abusos del sistema
español de desahucios y la posterior andanada de todos los decanos del
país exigiendo una paralización cautelar de los desalojos y el cambio
urgente de una ley que deja a los ciudadanos en absoluta indefensión y
debido al informe de la abogada general del Tribunal de Justicia de la
UE considerando que la regulación española de desahucios judiciales
vulnera el derecho europeo sobre protección a los consumidores, porque
no los ampara frente a las cláusulas abusivas.
En la pasada legislatura, el PSOE rechazó varias Iniciativas
Legislativas Populares y propuestas y proposiciones de ley de distintos
grupos de izquierdas del Parlamento que pedían un cambio en la ley. En
ésta por la que transitamos, el PP también ha hecho lo mismo con una ILP
y con mociones de la oposición. Ahora les entró la prisa y se
reunieron, sin posibilidad de llegar a acuerdos, pretendiendo arreglar
el problema con una solución que ya les adelantó la patronal bancaria
(“en un rasgo de generosidad”, según la periodista Edurne Uriarte):
paralizar los desahucios “extremos” y darles una moratoria de dos años
mientras siguen aumentando los intereses bancarios usureros. Con el
desmarque del PSOE, el PP ha aprobado el pasado jueves una moratoria de
dos años sin modificar la Ley Hipotecaria, la dación en pago, el valor
de las tasaciones, los intereses de demora ni la retroactividad. Al
final no ha resultado más que una maniobra burda, para acallar las voces
en alza de la indignación ciudadana y mantener la deuda eterna de miles
de familias. Esto añade más bien poco al Código de Buenas Prácticas
bancarias aprobado este año por el Gobierno, una pamplina voluntarista y
engañabobos.
La ambición desmedida de la banca y su afán de crecimiento sin
límites hizo que, en la época de bonanza, repartiera dinero por doquier,
con valoraciones infladas, a ciudadanos que sabía que podrían tener
problemas para pagar. Con la estafa de las preferentes robaron el ahorro
de miles de familias; no han dejado de especular día tras día con las
hipotecas y los desahucios, según denuncian los jueces y los fiscales,
y, encima, el país se endeuda y se empobrece hasta el infinito para
pagar un rescate por sus ingenierías financieras fulleras (según el
último informe de la Obra Social de La Caixa, España ha experimentado el
crecimiento más importante de pobreza severa en la UE). Se recortan los
derechos sociales y laborales, se renuncia a la soberanía del Estado y
se pone en entredicho la democracia. Y se provoca la exclusión social y
la muerte de mucha gente.
Los suicidios provocados por los desahucios no son un hecho aislado.
Según los datos aportados por el XVI Congreso Nacional de Psiquiatría, que ya cité la pasada semana, cada día se producen en España nueve
muertes por suicidios y un tercio de estos se debe a los problemas
económicos provocados por la crisis. Es decir, más de mil personas
mueren cada año empujadas al suicidio por el paro, la pobreza, los
desahucios, etc.
Pero los que han propiciado todo esto, desde el sistema financiero
sin control que enmascaraba sus pérdidas y sus actividades
fraudulentas, y los que lo han permitido y lo amparan, desde la
política, no pueden salir de rositas. No podemos seguir aceptando que no
asuman sus responsabilidades. Hace poco, Julio Anguita aseguraba con
contundencia que “el rescate, como haber cambiado la Constitución para
pagar la deuda, es un delito de traición de Zapatero y Mariano Rajoy”.
El catedrático de Economía Juan Torres salía poco después a la palestra
asegurando que las afirmaciones del excoordinador de IU coincidían con
lo que él venía expresando: “este gobierno y el anterior han cometido y
cometen una auténtica traición al Estado y al pueblo español (…) Obligan
al pueblo a aceptar políticas que lo arruinan y a cargar con una deuda
que es verdaderamente odiosa porque se le ha impuesto contra su voluntad
por los grandes poderes financieros y, en lugar de rebelarse contra
eso, se pliegan a los intereses extranjeros”. Como dice Garzón, “es
inaceptable que ni un solo proceso penal esté abierto respecto a quien
ha causado esta crisis. Que no se hayan iniciado causas penales contra
entidades financieras. Que los responsables bancarios ni siquiera sean
molestados”.
Pero no son solo algunos izquierdosos españoles los que plantean esta
tesis. El Nobel de Economía y Exvicepresidente y Economista Jefe del
Banco Mundial, Joseph Stiglitz, lo ha expresado con nitidez: “o mandamos
a los banqueros a la cárcel o la economía no se recuperará”. El
economista americano James K. Galbraith habla en parecidos términos:
“hay que depurar a los funcionarios públicos que traicionaron la
confianza pública y los financieros deben sentir, hasta las entrañas, el
poder de la ley. Y la población, que vive con la ley, debe ver clara e
inequívocamente que es así”. Robert Elliot, Presidente de Linklaters
dice que “el mundo juzgará a los bancos por sus acciones”. También
Jeremy Kroll, fundador de K2, lo deja meridianamente claro: “hay muchos
responsables de la última crisis financiera, sobre quienes, a pesar de
haber sido nombrados e identificados, las autoridades no han realizado
investigaciones, ni civiles ni penales”. El multimillonario Buffet ha
demandado sanciones para los ejecutivos de los bancos: “los banqueros
deben pagar un alto precio por su imprudencia”…
No son pocas las voces que se alzan en estos momentos demandando el
reconocimiento del crimen económico contra la humanidad o un nuevo
Tribunal de Nuremberg “para juzgar a los especuladores por crímenes
contra la humanidad” como pide Jean Ziegler, miembro del Comité Consultivo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas establece que “ninguna crisis económica y financiera
mundial disminuye la responsabilidad de las autoridades estatales y de
la comunidad internacional en el respeto de los derechos humanos”.
Aquellos que están llevando a millones de ciudadanos a la pobreza y a la
desesperación; aquellos que nos están privando premeditadamente de una
vivienda, de una educación estatal de calidad, del trabajo y de una
sanidad pública que garantice la salud, deben someterse al juicio severo
de la Justicia de este país o a la de un Tribunal Penal Internacional
que legitime la persecución de los crímenes financieros contra la
humanidad. No pueden quedar impunes sus desafueros. Tendrán que pagar.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
