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| Marea blanca por la sanidad pública en Las Palmas de Gran Canaria |
Poco a poco. Con la insistencia de la gota de
agua del bernegal, nos van desmantelando la sanidad pública, uno de los
pilares básicos del Estado de bienestar y del Estado de derecho. Los
recortes y las privatizaciones soterradas o las directas no dejan de
sucederse. A los deterioros de las urgencias, las listas de espera,
escasez de personal, reducción de los
servicios y los medios materiales se van sumando los servicios que van
cayendo de las listas de las prestaciones públicas.
El copago o el
repago de las medicinas, la entrada en vigor del pago por los
transportes sanitarios, prótesis, etc., son las tácticas seguidas por el
PP para rematar la privatización de la sanidad pública.
Pero no solo
el PP se ha empeñado decididamente en esta estrategia. En Canarias, el
Gobierno de CC-PSOE no le va a la zaga. Con la excusa de los ajustes de
los presupuestos, la complicidad en propiciar el quebranto de la sanidad
pública canaria es total. Al intento de desmantelamiento de la Unidad
de Cirugía Cardiovascular Infantil, se suma ahora la desaparición de la
Unidad de Desintoxicación de Gran Canaria y el deterioro de los
servicios de salud mental.
En medio de
una profunda crisis como en la que estamos, los servicios de atención a
las drogodependencias son básicos. A partir del uno de enero se echa el
cierre a la Unidad de Conductas Adictivas que ve como, en estos
momentos, aumenta peligrosamente el consumo de la cocaína y la heroína y
está en alza el “cristal”. Pero el servicio se desmantela y miles de
personas usuarias quedarán sin atención con los deterioros sociales y
físicos que eso acarrea.
En cuanto a la
salud mental, los profesionales del sector acusan a la consejería de
sanidad canaria de retrotraer el área a los años ochenta.
La sanidad
canaria está en la actualidad a la cola del Estado español, por lo que
su situación es aún más grave que la del resto del Estado.
Roque Aguayro
demanda la continuidad de estos servicios y reivindica una sanidad
pública, universal y gratuita como hasta ahora. Como parte sustancial de
un sistema democrático de libertades.
