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| Sede de Bankia en Madrid |
En Islandia, los ciudadanos se negaron a pagar
la deuda externa, hicieron dimitir a su presidente y, hasta el momento,
han metido a tres de sus banqueros en la cárcel.
Diez entidades bancarias de EEUU se
comprometieron, hace un par de días, a abonar una cifra multimillonaria
por sus abusos en cientos de miles de desahucios. La multa ronda los
8.500 millones de dólares. El acuerdo no
les exime de posibles responsabilidades judiciales y se añade a otros
pactos que suman más de 20.000 millones de euros para esquivar su
responsabilidad en el estallido de la burbuja inmobiliaria en ese país.
El Nobel
Joseph Stiglitz, que fue Economista Jefe del Banco Mundial, y los conoce
bien, lo ha expresado con nitidez: “o mandamos a los banqueros a la
cárcel o la economía no se recuperará”.
Pero todo esto
solo sucede en el extranjero. En España, se les premia. Se endeuda al
país y se empobrece a su gente para pagar sus deudas; se les permite el
desahucio continuo de miles de familias que son arrojadas a la calle
impunemente; se les indulta cuando cometen tropelías, como en el caso
del consejero del Santander, Alfredo Sáez, o del directivo del Banesto,
Miguel Ángel Calama; se hace la vista gorda a las cuentas fraudulentas
en Suiza de Botín; se hace desaparecer a las cajas que se les entrega a
la banca a precio de saldo; se premia a Rodrigo Rato con un cargo sin
trabajo pero con 200.000 euros anuales en Telefónica después de haber
contribuido al hundimiento de Bankia y a la ruina de miles de ciudadanos
con las preferentes; se les permite que te paguen por guardar y jugar
con tu dinero apenas un 2% o un 3% y, si pides un crédito y te lo dan
(que se olviden las pymes y los autónomos), te imponen porcentajes de
ganancias usureros de un 7% en adelante…
Roque Aguayro
quiere expresar su profundo rechazo a estas prácticas y denunciar la
política culposa y cómplice del Gobierno anterior de Zapatero y de este
de Rajoy, entregados al neoliberalismo y a los grandes oligopolios
financieros. Demandamos la aplicación rigurosa de la Ley para los
banqueros que han delinquido con prácticas abusivas y para los políticos
cómplices (como en Islandia o en EEUU) y exigimos una banca pública
solvente, independiente, democrática y al servicio de los ciudadanos,
pequeñas y medianas empresas y autónomos.
