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| Rosa Rodríguez, nueva consejera de Enagás |
Efecom
Los actuales titulares de las centrales hidráulicas de bombeo y regasificadoras proyectadas en Canarias tendrán un máximo de seis meses para llegar a un acuerdo sobre el precio de la tramisión de estas instalaciones a Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, respectivamente.
Según el proyecto de ley para garantizar el suministro eléctrico en los sistemas extrapeninsulares, al que ha tenido acceso Efe, el importe del traspaso "estará basado en precio del mercado" o, en el caso de los proyectos que no cuenten con autorización de explotación, en "los costes en que, efectivamente, se hubiera incurrido" hasta el 01 de marzo.
En caso de que las partes no hayan llegado a un acuerdo una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la normativa, la Comisión Nacional de Energía (CNE) nombrará un árbitro independiente que dictará un laudo vinculante con el precio.
El proyecto de ley, aprobado el 01 de marzo, establece que la titularidad de las centrales de bombeo y las regasificadoras extrapeninsulares debe pasar a los operadores del sistema (REE y Enagás, respectivamente) por su importancia para garantizar el suministro.
Los bombeos sirven de almacenamiento, ya que suben el agua al embalse por la noche (es decir, consumen electricidad cuando hay menos demanda) para que esté disponible para generar energía durante el día.
Según el texto, actualmente hay cinco proyectos de centrales de bombeo, todos en Canarias, de los que destacan Chira-Soria y Gorona del Viento, ambos vinculados a Endesa. En el primer caso, en solitario, tras ganar un concurso, y en el segundo, como socio de las administraciones públicas, con un 30%.
Las regasificadoras, por su parte, permiten abastecer de gas natural sin necesidad de gaseoductos, algo fundamental, señala, en un sistema aislado como el canario, que no afecta a Baleares.
El traspaso afectaría a los proyectos de Arinaga y Granadilla, ambas titularidad de Gascan, sociedad integrada por Unelco-Endesa (con un 41,94% del capital), Enagás (41,18%) y la Sociedad para el Desarrollo de Canarias (10,88%).
La normativa, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, tiene el objetivo de impulsar la competencia en los sistemas eléctricos extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), donde la mayor parte de la demanda eléctrica "se cubre con generación de origen térmico cuya titularidad corresponde íntegramente a una sola empresa", Endesa.
"Estas condiciones de posición dominante dificultan la reducción de los costes de generación en estos sistemas", apunta el texto, que alude como uno de sus objetivos la reducción del sobrecoste que esta particularidad supone para el conjunto del sistema eléctrico.
Entre las medidas recogidas en el proyecto de ley, figura que REE comprobará el funcionamiento de las centrales con bajos índices de producción y que estas perderán la retribución por garantía de potencia si no superan unos mínimos de calidad.
Industria también procederá a "minorar proporcionalmente el concepto retributivo adicional" a la producción para aquellas centrales que reduzcan su disponibilidad y que garantizará el suministro en caso de necesidad, incluso mediante la operación directa de las instalaciones.
Con este mismo objetivo, primará la instalación de centrales en zonas con necesidad de generación, aunque la retribución adicional estará sujeta a la autorización previa y no se aplicará, en ningún caso, a operadores con más del 40% del mercado, lo que fundamentalmente afecta a Endesa.
También establece que el precio de los combustibles para generación se fijará de acuerdo a "los principios de concurrencia, transparencia, objetividad y no discriminación", para lo que revisará los contratos de los últimos cuatro años.
