Antonio Morales*
Una marea naranja anega estos días
las calles y plazas españolas pretendiendo llamar la atención sobre el ataque
frontal del Gobierno central y muchas autonomías a los servicios sociales. Son
los trabajadores y trabajadoras sociales, y hombres y mujeres que se han sumado
que, vestidos con una camiseta de ese color, convocan manifestaciones,
asambleas y debates para informar sobre esta ofensiva al Estado de bienestar.
Se trata de una campaña promovida por el Consejo General del Trabajo Social
para denunciar la vulneración de los derechos de la ciudadanía, la desaparición
progresiva de los servicios sociales básicos y de integración, la importante
reducción de las partidas presupuestarias dedicadas a estos fines y la intención
de separarlos de la realidad más cercana quitándoles las competencias a los
ayuntamientos. Pretenden luchar por unos servicios sociales públicos y
universales, cercanos y descentralizados que garanticen unas prestaciones básicas
a la ciudadanía empobrecida y contribuyan a la equidad, garantizando derechos
humanos, económicos y sociales esenciales; reivindican una financiación
suficiente y sin recortes y que se les dote de los medios necesarios para
acabar con las listas de espera y los retrasos en las respuestas.
La socialización de la crisis
financiera no deja de producir cada día más paro, pobreza y exclusión en el
conjunto del Estado. El informe FOESSA de este año insiste en que estamos ante
un proceso de empobrecimiento: “se está dando una especie de invisibilización
de la pobreza y de la exclusión severa por saturación y extensión de la pobreza
que eclipsa a los más pobres”. Los indicadores de desigualdad en España son los
más altos de la UE, junto a los de Portugal, Bulgaria y Letonia. El desempleo,
la precariedad laboral, los recortes salariales, la pérdida de poder
adquisitivo y las reducciones de prestaciones y servicios públicos ha
potenciado la desigualdad hasta extremos inconcebibles. Mientras las rentas
bajas se hunden en un pozo sin fondo y las clases medias se ven abocadas poco a
poco a la misma situación, las grandes fortunas no dejan de aumentar. Para la
Fundación Alternativas la desigualdad ha tocado su punto más alto desde que
comenzó la democracia y se ha producido la mayor distancia histórica entre
quienes más tienen y quienes más necesitan, según los datos de la OCDE.
Según el Informe, en la época de
bonanza económica, el gasto social en España (el 25% del PIB) nunca llegó a
alcanzar la media europea (el 30%) por lo que la recesión se instaló en este país
ya con un déficit importante en las redes de protección necesarias para hacer
frente al creciente aumento de las necesidades básicas; a las demandas de más
de ocho millones de usuarios, un 39% más desde que se inició la crisis. Pero
lejos de tenerse en cuenta esta realidad, los recortes en sanidad, educación y
servicios sociales no han dejado de aumentar. Desde 2011 a estos días, los
presupuestos destinados a sanidad han sufrido un recorte de 27.132 millones de
euros, los de educación 7.526, los de igualdad 20.375, los de servicios
sociales 374, los de dependencia 327 y los de empleo 7.035. Más de 60.000
millones de euros de recortes que muestran una enorme insensibilidad, pero
también una profunda carga ideológica neoliberal que pretende acabar con el
Estado de bienestar.
Pero no solo sucede con los PGE.
Desgraciadamente, en la mayoría de las comunidades autónomas el escenario es el
mismo. Según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales, cuatro comunidades (Madrid, Valencia, Baleares y Canarias)
soportan unos servicios sociales “lamentables” y los sitúa a la cola de Europa.
Tras la Comunidad Valenciana, Canarias es la segunda autonomía peor valorada en
el documento de la Asociación, con una puntuación de 2,1 frente a un 4,72 de la
media del Estado. Desde 2009 a 2012 diez comunidades autónomas han reducido su
gasto en servicios sociales, frente a siete que lo han aumentado. Canarias es
la cuarta Comunidad que más lo reduce, con un recorte de un 18,51% (61 millones
de euros). Y estos son datos de hasta 2012: en 2013 se han vuelto a disminuir
en el archipiélago las partidas en 16,6 millones (un 6,3%), lo que afecta
especialmente a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y a las transferencias
a los ayuntamientos para su tramitación, que disminuyen en un 56,2%. Y para “tranquilizar”
a los ciudadanos primero rechazan un Plan contra la Pobreza, que demandaba NC
en el Parlamento, para más tarde anunciar un Plan propio sin concreción alguna
y con una ficha financiera cuestionable. O se inventan un Plan de Empleo con el
dinero de los ayuntamientos. O improvisan una apertura de comedores escolares
en verano de dudosa efectividad..
Mientras aumenta la fragilidad y
la desigualdad social, el Gobierno de Mariano Rajoy pisa el acelerador y se
dispone a rematar la jugada con un Anteproyecto de Ley para la Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local que no solo elimina de manera
indirecta a más del 90% de los ayuntamientos españoles, sino que quita todas
las competencias en servicios sociales a los municipios para trasladarlas a las
autonomías, incapaces hasta ahora de gestionar estos recursos a los que tendrán,
además, que financiar en su totalidad. Se reduce el papel de los municipios a
la “valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y
la atención a personas en situación de riesgo de exclusión social”. Es decir, a
la caridad y la beneficencia. Se resquebraja un modelo de prevención de riesgos
y de atención a los más desprotegidos y se eliminarán muchísimos proyectos que
no podrán costear por si solas las autonomías, ya que hasta ahora contaban con
una participación de los municipios en su financiación cercana al 50% de media.
Se pone fin a los programas que hoy se ejecutan y que están dirigidos a
mayores, enfermos mentales, personas con deterioro cognitivo, dependientes,
drogodependientes, discapacitados, inmigrantes, violencia de género, integración,
intervención comunitaria, respiro familiar, acompañamiento hacia la autonomía,
la inclusión, intervención comunitaria, hogares infantiles, juveniles, de
mayores…
Se hace desaparecer también el
futuro de una propuesta económica sostenible. De un empleo social que genera
miles de puestos de trabajo y de una actividad paralela que contribuye a la
creación de una economía plural y diversificada. Se somete a los ciudadanos a
la desprotección más absoluta y se quiebra el valor de la cercanía como
elemento clave para la respuesta inmediata y la complicidad más humana. Se
ataca a la proximidad, a la cohesión social y a los valores que no son
puramente economicistas; a la equidad y a la igualdad que garantizan el no
sometimiento y la libertad; a la solidaridad; al derecho a tener una vida
digna; a la democracia, que debe garantizar los derechos sociales de los más
vulnerables; a la cercanía de los elegidos con sus electores; a la autonomía de
los municipios frente a la recentralización del Estado; a la política, incapaz
de defender el interés general, y a las instituciones a las que se pretende
desnudar para hacerlas inservibles frente a los ciudadanos y se abre la puerta,
finalmente, a la privatización de estos servicios como se redacta textualmente
en el preámbulo de la propuesta que reconoce que pretende “favorecer una
regulación favorable a la iniciativa económica privada”.
Y es que el Estado de bienestar, para
el neoliberalismo, es un obstáculo que resta alicientes a los ricos para la
generación de riqueza y vuelve perezosos a las clases medias y a los más
empobrecidos. Es un ataque a la libertad por la intromisión del Estado. No es más
que una excusa para la ociosidad y el gandulismo. Ya está bien de seguir
cumpliendo con el pacto que se alcanzó tras la Segunda Guerra Mundial para
garantizar la convivencia, la libertad y la paz social. Van a por el Estado de
bienestar, lo están consiguiendo y se lo estamos permitiendo.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
