Un instante de la reunión de trabajo entre el Cabildo de Gran Canaria y los 21 ayuntamientos de la isla, celebrada en Mogán (Foto: Acfi Press) |
El Presidente del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Bravo de Laguna, y los 21 alcaldes de la isla acordaron unánimemente
durante la reunión de trabajo celebrada durante toda la mañana del jueves en Mogán, exigir al Gobierno de Canarias que cumpla
con sus compromisos en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria en la forma
y cuantías reflejadas en los estatutos de constitución de dicha entidad.
Como se recordará, el Gobierno de Canarias
viene manteniendo una postura errática a propósito de su financiación de los
Consorcios de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.
El 28 de diciembre de 2012, el Ejecutivo autonómico anunció su voluntad de separarse de estos entes consorciados, lo que
confirmó a través de un escrito el 11 de junio de 2013. Finalmente, el pasado
17 de julio, anunció, tras una reunión entre el Director General de Seguridad y
Emergencias y los responsables del Consorcio de Gran Canaria, su intención de
permanecer en la entidad, pero reduciendo su aportación en dos tercios, o, lo
que es lo mismo, en un 66%, pasando de los 2,5 millones actuales a
los 800.000 euros, amparándose en criterios arbitrarios de financiación como
serían la población o la superficie atendida.
Puesto que en Gran Canaria el consorcio no
opera en Las Palmas de Gran Canaria ni en San Bartolomé de Tirajana, que cuentan
con cuerpos y parques de bomberos propios, la isla se convertiría en la gran
perjudicada por esas nuevas medidas, que, además, no afectarían a Tenerife o
Lanzarote, donde la cobertura de los respectivos consorcios alcanza al cien por
cien del territorio insular y por tanto a toda la población de ambas islas.
Desde el Cabildo de Gran Canaria y el Consorcio de
Emergencias de Gran Canaria se viene reiterando que el Gobierno de Canarias
parecía empeñado en ningunear a la isla y en quitarle los recursos que
garantizan no ya su desarrollo, sino su seguridad. “Nos parece algo gravísimo
el anuncio hecho por el Gobierno de Canarias y vamos a hacer cuanto esté en nuestra mano
para impedir que llegue a término”, manifestó en su día la Consejera de
Medio Ambiente y Emergencias, María del Mar Arévalo, cuya postura, al igual que
la del presidente, José Miguel Bravo de Laguna, se ha visto respaldada por el
apoyo unánime manifestado por los 21 alcaldes grancanarios. No en vano, si
el Gobierno de Canarias no asumiese sus compromisos con el consorcio, el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos serían los grandes perjudicados, al tener que afrontar ellos los
recortes del Gobierno canario.
En 2013, la Consejería de Medio Ambiente y
Emergencias del Cabildo de Gran Canaria destina 5,2 millones de euros al Consorcio
de Emergencias, por lo que mantiene así intacta su aportación al
citado ente, a diferencia del Gobierno de Canarias, que la recortó en un 19 por
ciento.