Martes, 08 de octubre.
Antonio Morales*
La semana pasada decía en este mismo medio
que, hasta ahora, la reforma energética aprobada por el Gobierno de Mariano
Rajoy sólo nos había aportado un incremento del precio de la luz en un 3,1% y
el aumento del déficit, la deuda contraída con las eléctricas a través de un
sistema tramposo, en 3.000 millones de euros. Esto, y además la certeza de que
se pretende dar un hachazo mortal a las renovables para impedir la
democratización energética y la desaparición del oligopolio que controla, desde
UNESA, la energía del país.
Pero la cosa no se queda aquí. En la
propuesta de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año,
presentada el lunes 30 de octubre en el Parlamento, se prevé un incremento de
recaudación de un 7% a través de la electricidad, frente a un 3,6% reseñado en
2013. Se trata a todas luces de un reconocimiento explícito de que el recibo de
la luz volverá a subir en los próximos meses y de que lo hará en unos
porcentajes mayores a los sufridos en este ejercicio, a pesar de que las
grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural…) han ganado en el primer
semestre de este año casi 4.000 millones de euros (3.621,5 millones) y de que
han subido el sueldo a sus consejeros y vocales (efectivamente, muchos son
expresidentes y exministros) en una media de un 3%, el equivalente a más de 19
millones de euros.
Increíblemente, la factura de la luz en
España ha aumentado, desde el inicio de la crisis, en un 63,5%. No ha
habido incremento de las inversiones ni mejora de los servicios, pero la
factura ha crecido en ese porcentaje sin que haya dejado de engordar el déficit
que se reconoce a la patronal eléctrica que se sitúa al día de hoy en 29.000
millones. La luz en España es la más cara de la Europa continental y
probablemente una de las más caras del mundo. Solo Malta y Chipre, sistemas
insulares más costosos, tienen tarifas más elevadas que las aprobadas por
el Gobierno español y el precio de un KW/h en España es un 40% más alto que en
la media de los países industrializados. Los números son así de duros y de
escalofriantes, pero el trust no ceja y sigue presionando y ejerciendo su poder
sobre los gobiernos de turno, presos de una codicia insaciable.
Están perdiendo la batalla ante la opinión
pública y las instituciones no mediatizadas, a pesar de las costosas campañas
publicitarias con las que se empeñan en atacar a las renovables
culpabilizándolas de la carestía de la luz. Su único objetivo es incrementar la
cuenta de resultados a costa de la ciudadanía y de eliminar las energías
limpias y plurales que ponen en riesgo su monopolio. Pero lo cierto es que cada
vez tienen menos credibilidad. El rechazo unánime a la reforma de la Ley del
Sector Eléctrico nos da buena fe de ello.
Bruselas ha puesto desde el principio el
grito en el cielo. No le gusta las medidas adoptadas por el ministerio de
Industria y piensa incluso acudir al Tribunal de Justicia Europeo para
combatirlas. Es consciente de que se trata de propinar un revés brutal a las
renovables y de atacar directamente al autoconsumo, una de las políticas más
nítidas de la UE en los últimos años, y sabe además que con estas prácticas
España se aleja del cumplimiento del mandato según el cual, para el 2020, el
20% de las energías de los países miembros deben ser limpias; tampoco parecen
muy contentos los industriales que afirman una y otra vez que el alto coste de
la electricidad española ha mermado considerablemente la competitividad de las
empresas al gravar el precio de esta materia prima fundamental entre un 10% y
un 45% y ha contribuido a que la industria española haya pasado en menos
de 20 años de un 20% a un 13%. Denuncian que de mantenerse la situación no
habrá inversor industrial que apueste por el país, el déficit tarifario
permanecerá porque “no habrá industria que pueda financiarlo, la recuperación
de la economía será inviable y se institucionalizará la crisis”; no lo han
visto con buenos ojos los organismos reguladores: la Comisión Nacional de
Competencia (CNC) afirma que la reforma energética no repara “la competencia
claramente insuficiente en el sector energético”, lo que “ha contribuido a la
constitución del déficit de tarifa puesto que compensa de forma excesiva a
algunas infraestructuras de producción tales como centrales nucleares e
hidroeléctricas ya amortizadas”, hace dejación sobre el control del precio de
la energía y resulta arbitraria y desproporcionalmente restrictiva para el
autoconsumo, “una fuente importante de presión competitiva en el sistema y para
el resto de suministros convencionales” y la Comisión Nacional de Energía (CNE)
opina otro tanto de lo mismo: critica la urgencia del procedimiento para
aprobar la reforma, “lo que no garantiza la participación efectiva de los
distintos agentes involucrados”, se muestra especialmente dura con el ataque a
las renovables y a los autoconsumos y afirma que se improvisa un modelo
retributivo que no existe “en ninguna jurisdicción de la UE, así como tampoco
en otros países de cuyos sistemas se tiene conocimiento a través de
asociaciones internacionales de organismos reguladores”; por supuesto que no lo
entienden las asociaciones eólicas y fotovoltaicas, que amenazan con acudir a
los tribunales, ni la mayoría de las comunidades autónomas que denuncian vulneraciones
de principios de seguridad jurídica y que ven como, según nos cuenta Bloomberg,
una empresa como IKEA está comercializando en todos sus centros de Inglaterra
un kit solar para generar energía de autoconsumo en las viviendas; no lo ve la
responsable de la Secretaría ejecutiva sobre Cambio Climático de la ONU que
advierte que la “Agencia Internacional de la Energía dice que el 75% de la
generación solar del mundo ya no va a necesitar incentivos”. Y que “no se
puede pasar de la ayuda al castigo”, como ha sucedido en España…
Y no lo entienden los ciudadanos que se están
rearmando y poniendo en marcha distintas acciones de reivindicación y denuncias
valientes e imprescindibles: así ha nacido un movimiento ciudadano en torno a
una Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (en la que participan
organizaciones sociales, políticas, sindicales, etc, que ya tiene presencia en
Tenerife y se está constituyendo en Gran Canaria) que ha presentado una demanda
en la Fiscalía Anticorrupción mostrando la connivencia de determinadas
organizaciones políticas con el lobbie energético y que la ha ampliado estos
días para demostrar que se está dejando prescribir un “cobro indebido”, por
parte de las eléctricas, como señala la Abogacía del Estado, de 3.400 millones
de euros y que deben al Estado de un total de casi 9.000 millones de
euros que les “regaló” para ayudarles a hacer frente a los Costes de Transición
a la Competencia y facilitarles el acceso al mercado competitivo; y también ha
salido a la palestra la OCU que ha puesto en marcha una acción ciudadana, que
ha denominado “Quiero pagar menos luz” y que está abierta hasta el 14 de
octubre, que hasta la fecha en que escribo ha conseguido sumar a más de
trescientas mil personas con el objetivo de fomentar la transparencia, la
participación activa de los consumidores y la libre competencia. Se trata de
una idea similar a la que están trabajando en estos momentos la Asociación
Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética. Según una encuesta de Gaylin, el
97,5% de la población española apuesta por las renovables y el 54% estaría
dispuesta a pagar más por ello. El 95% considera que el Gobierno es mucho o
bastante culpable del alto precio de la electricidad.
El único camino que va quedando para hacer
frente a esta situación es el de una ciudadanía organizada que obligue al
Estado a recuperar la soberanía sobre un servicio esencial para la
independencia y el desarrollo económico del país. La solución no pasa por
el Parlamento ni los partidos mayoritarios a tenor de lo que está sucediendo. A
finales de agosto de este año Izquierda Plural presentó en las Cortes españolas
una iniciativa, pasó casi desapercibida, para demandar la realización de una
auditoría energética a las eléctricas que han ejercido un secuestro sobre los gobiernos
y que hoy remunera generosamente a casi todos los expresidentes y exministros
que han tomado decisiones sobre energía: pedían analizar las decisiones
tomadas, qué costes supusieron y a quién han beneficiado… Pues bien, solo
votaron a favor 23 congresistas. De los 323 diputados presentes votaron en
contra 195 y 105 se abstuvieron. Exactamente 300 votaron en contra o se
abstuvieron sin mostrar oposición. No queda otra. Solo la ciudadanía organizada
puede romper este oligopolio incrustado en un sistema servil.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)