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| María Suárez y Agustín Santana, a la izquierda de la imagen, en la reunión del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos de la isla (Foto: Acfi Press) |
El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el Consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, Juan Domínguez, mantuvieron ayer un encuentro con los alcaldes y responsables de Empleo de los 21 municipios de Gran Canaria, entre los que se encontraban los concejales de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Agüimes, María Suárez y Agustín Santana, respectivamente, para analizar las necesidades de la isla y concretar una postura común ante el anuncio del Gobierno de Canarias de reeditar un Plan de Empleo Social.
En este sentido, Domínguez apuntó la
necesidad de que la partida para este plan sea una cantidad
"suficiente" dentro de las posibilidades presupuestarias del Gobierno
de Canarias "para paliar, de alguna manera" el tema social, así como
que dicha cantidad se aplique de una manera ecuánime a los ciudadanos que se
encuentra con necesidades.
Domínguez aseguró,
en declaraciones a Europa Press, que actualmente en Canarias "hay casi
50.000 hogares" sin ingreso, por lo que criticó que "en función de
donde residan los ciudadanos han tenido la posibilidad de acogerse o no al
plan".
Por otro lado,
indicó que también han realizado un análisis del Plan de Empleo Social de
2013-2014, sobre el que recordó que el Gobierno de Canarias dijo en un
principio que destinaría 30 millones de euros, y que, finalmente, este plan
tuvo una partida de 15 millones de euros.
Sin embargo,
aseguró que de esos 15 millones de euros, 10 millones de euros lo pusieron
los ayuntamientos "detrayéndolos de sus fondos", mientras que el
Ejecutivo regional "aportó sólo 5 millones de euros", de los que incidió en
que casi 2,5 millones fueron para la isla de Tenerife, por lo que consideró que
"no ha sido equitativo".
Otra de las críticas que
realizan a dicho plan, es que en el caso de Gran Canaria "hasta cinco
municipios no se pudieron adherir" al programa porque no tenían dinero para aportar.
Asimismo, también se debatió el creciente esfuerzo que realizan las corporaciones locales de Canarias (cabildos y ayuntamientos) en políticas de empleo, a pesar de que no son las administraciones competentes, y la nueva legislación estatal que tiene como objetivo evitar las duplicidades en financiación de competencias impropias.
