Ya casi no queda más que eso:
gestionar la desconfianza de un país hacia sus partidos mayoritarios y muchas
de sus instituciones más representativas. Zygmunt Bauman en su libro “Esto no
es un diario”, editado por Paidós, habla del retroceso de la confianza y el
florecimiento de la arrogancia y señala que Dominique Schnapper planteó como
axioma que ni las prácticas de la vida económica ni la legitimidad de la política,
“ni por consiguiente el orden social, por así llamarlo, pueden mantenerse sin
un mínimo de confianza entre las personas y sin la confianza en las
instituciones”. Desgraciadamente todas las encuestas y los barómetros que
indagan en el grado de credibilidad que despiertan los políticos y los partidos
políticos en España son rotundos a la hora de significar su cuestionamiento por
parte de la ciudadanía. El recelo se ha apoderado de la sociedad civil, que se
abraza desesperada a la búsqueda de alternativas. Quizás porque como manifiesta
el sociólogo Carlos Guzmán Böckler, “la desconfianza es el último sentido de
racionalidad que nos queda”.
El descreimiento se ha
enraizado en la gente, abonado por décadas de gobierno de un bipartidismo que
no ha sido capaz de administrar democráticamente todo el poder que acumuló
después de la transición. Se acomodó en la alternancia, destruyó todos los
elementos que garantizaban el control y la separación de poderes, fue incapaz
de mantener los servicios universales garantistas de la equidad y la igualdad,
permitió que la corrupción se enquistara en las entrañas del sistema, aceptó
que las élites económicas sustituyeran al Estado y hoy improvisa medidas a la
desesperada en un intento, de resultado impredecible, de buscar su salvación.
Vivimos un momento que
despierta grandes dudas sobre el futuro de la democracia. Los partidos
mayoritarios, lejos de plantearse una profunda catarsis regeneracionista, se
apostan en un reformismo inane que no provoca sino más rabia y más desencanto.
La prueba más reciente de ello está en el último debate parlamentario sobre la
corrupción. En vez de asumir las culpas, de aventar las alfombras con
dimisiones y propuestas rotundas y valientes, de reconocer que la corrupción no
se debe a actuaciones aisladas, Mariano Rajoy volvió a poner apenas unos
ligeros apósitos a unas heridas que sangran a borbotones. Ni el PP ni el PSOE
aportaron alternativas reales a un problema que amenaza con dar una sacudida al
sistema imperante. Ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias plantearon
que para acabar con la corrupción estructural se hace necesaria la
independencia de la Justicia y la soberanía de los órganos de control de
las instituciones. Han tenido toda la mayoría absoluta que se precisa para
democratizar la democracia, pero es ahora, a última hora, y deprisa y
corriendo, cuando se aventuran a parchear el problema. Como señala Bauman, “poco
puede hacerse para reparar esa situación mientras la idea de la responsabilidad
de los gobernantes electos ante sus electores no pase del ámbito de la responsabilidad
política al de las conductas penalmente punibles”. Pero el bipartidismo va más
allá y dado que la ciudadanía ha decidido acabar con la alternancia que nos ha
llevado a la frustración, ya empieza a anunciar, de manera más o menos velada,
con desmentidos incluidos, sin que parezca darse cuenta del momento que vive la
democracia, que no les va a quedar más remedio que unirse la próxima
legislatura y propiciar un gran pacto, al estilo alemán. Como afirma Adela
Cortina ("Para que sirve realmente la ética". Ed, Paidós), “el hecho de que los
partidos en el gobierno dispongan de cuatro años para desarrollar sus programas
y de que en realidad no persigan durante ese tiempo sino ganar de nuevo
las elecciones, desplaza 'ad calendas graecas' las reformas estructurales”.
Instalados en la rutina y
en la comodidad que les confiere creerse seguros y protegidos por la estructura
que han ido construyendo en los últimos años, los partidos políticos
mayoritarios nos siguen vendiendo consignas electoralistas en vez de propuestas
serias y rigurosas que nos lleven a un cambio de modelo. No parecen percibir
que una gran parte de la ciudadanía ya no se conforma con seguir
aceptando la supervivencia en precario a la que nos aboga este naufragio
colectivo. Que ya no acepta el mismo cuento de siempre y que, como apunta el último
barómetro del CIS, ya no los considera capaces de resolver las crisis que
estamos padeciendo. No parecen darse cuenta de que, desde el año 2006 hasta
ahora, la caída de la confianza en la política convencional es abismal. Según
Adela Cortina, la crisis ha dejado en los ciudadanos una sensación de
desconfianza, de que han fallado en la vida pública valores como la
transparencia, la responsabilidad, la sana costumbre de rendir cuentas, los
mecanismos de control de la economía y la política, la buena administración de
los recursos públicos, la preocupación por los peor situados... La sociedad ya
no cree en la mayoría de los partidos políticos, ni en los sindicatos, ni en
las instituciones, ni en los medios de comunicación... The Economist afirma que
si bien la crisis es un factor determinante para la inestabilidad política y
social, el descenso de los salarios y el aumento del paro no siempre crean
conflictividad social, salvo cuando vienen acompañados de otros elementos
como la desigualdad de ingresos, malos gobiernos y, fundamentalmente, “la erosión
de la confianza en los gobiernos y en las instituciones”.
Para las profesoras de la
Universidad Complutense de Madrid, Canel y García Molero (Comunicar gobiernos
fiables. Análisis de la confianza como valor intangible del Gobierno de España),
“la desconfianza y escepticismo hacia el gobierno tiene importantes
implicaciones: cuando el ciudadano cree que el gobierno no le ayuda y que además
usa el poder en su contra, se siente ignorado e incomprendido y, en
consecuencia, se decepciona de la vida pública y deja de implicarse en ella. La
desconfianza, en suma, reduce el 'capital social', las relaciones de apoyo
mutuo que necesitan los miembros de una comunidad para afrontar comunes
objetivos económicos, sociales y políticos”. En cambio, cuando existe confianza
es más fácil tomar decisiones, comprometer recursos públicos, alcanzar
objetivos sociales y asegurar el cumplimiento de los ciudadanos sin coerción.
Lo que si dejan claro es que cada vez más a los ciudadanos les importan menos
los partidos con los que se comprometieron y más los hechos reales de su gestión.
Se fían más de los proyectos que de las siglas.
Pero no todo es negativo.
La doctora en Ciencia Política, Noemí Bergantiños, apunta que la desconfianza
política puede ser creativa y entonces no debilita la democracia sino que la
fortalece ya que activa las potencialidades “para resistir y desafiar a
aquellos hechos que generan la desconfianza desde posiciones de responsabilidad
proactiva”. Como apunta Bauman, todo pasa porque no nos rindamos y que nos
dejemos “abrazar por el universo de las obligaciones morales” para plantar cara
a los que nos roban la democracia.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
