Antonio Morales*
Hace veinte años, Vázquez Montalbán
escribía en Interviú que “mientras el país ha dedicado mucha atención a la
corrupción política-económica, no ha puesto el mismo empeño en enterarse de lo
que se cocía en las calderas de Pedro Botero de las cloacas (…). Si el Estado
puede convertirse en un delincuente a cuenta de sus supuestos secretos
necesarios, ¿qué ética se le puede pedir a la sociedad civil y a los individuos
bien llamados súbditos?” Se trata de un texto de 1994, pero si no nos
faltara el gran escritor desde hace once años, bien podríamos decir que lo
había escrito en estos días. No se ha avanzado mucho en sustentar los valores
democráticos desde aquel entonces, desde luego.
Muy pocos ciudadanos dudan en estos
momentos de que las corruptelas económicas de Jordi Pujol y su familia eran
perfectamente conocidas, aceptadas y silenciadas desde hace muchos años por los
gobiernos de turno amparándose en razones de Estado. Era el precio a pagar por
mantener hibernadas las ansias independentistas de un sector de la burguesía
catalana, representado por CiU y controlado por el presidente de la
Generalitat, que aceptaba encantado que se hiciera la vista gorda ante el canje
tácito de comisiones a cambio de la unidad de la Patria española. Y de la misma
manera que les interesó dejar dormir la situación, en plena escalada de la
propuesta soberanista catalana de Artur Mas, los mismos que mantenían en
secreto el turbio cobro de porcentajes por el Molt Honorable Senyor rescatan la
documentación aparcada en los sótanos del Estado y la avientan públicamente
para dañar políticamente a los nacionalistas catalanes. Surge así el caso
Pujol, que se entremezcla, por alcance, con la familia del presidente Mas y con
la financiación de su partido.
Pero en este tipo de prácticas, a
veces, o casi siempre, se les va la mano a los operarios cualificados que
transitan por las cloacas del Estado. En un afán de seguir dañando por
capítulos a los separatistas catalanes, una buena mañana el periódico El Mundo
se hace eco de un supuesto informe de la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal de la Policía (UDEF) en el que se nos da cuenta de que el alcalde de
Barcelona, el convergente Xavier Trias, tenía una cuenta en Andorra,
transferida desde Suiza, de casi 13 millones de euros. El periódico entraba en
detalles y metía por medio a Javier de la Rosa y a la Unión de Bancos Suizos.
A partir de ahí se desata el
temporal. Mientras el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se apresura
a llamar a los medios para insistirles en que la información es veraz, el
primer edil de la Ciudad Condal defiende con vehemencia que se trata de una
operación político-mediática y muestra un certificado de UBS en el que consta
que nunca ha tenido una cuenta en esa entidad. Se conoce más tarde que el ABC
también dispuso de esa noticia, pero no se atrevió a darla por no considerarla “fidedigna”.
El periodista de este medio, Javier Chicote, afirmó, además, que la propia UDEF
le advirtió de que no estaban investigando esos movimientos bancarios y de que
tuviera cuidado con los “documentos fabricados”. En los días siguientes
CiU y PNV acusan directamente a Interior de haber filtrado la información “con
la intención de perjudicar gravemente la honorabilidad del alcalde de
Barcelona” y Xavier Trias presenta una querella que es admitida a trámite
por el juez. También el Sindic de Greuges, el defensor del pueblo catalán,
demanda que se investiguen las filtraciones en periodos de investigación sin
estar suficientemente contrastadas dañando la honorabilidad de las personas.
Resulta obvio afirmar que esto no es
la primera vez que sucede, que lo que acabo de señalar son solo dos ejemplos de
cómo se pueden utilizar de manera partidista y sucia los medios con que nos
hemos dotado para garantizar las seguridades colectivas. Que por las
alcantarillas del Estado la podredumbre más sórdida no deja de correr sin que
las bacterias democráticas que debieran depurarla actúen eficazmente para
impedir que se pueda atacar impunemente a personas o a entidades inocentes. Y
es que hay quien entiende, ya sea para frenar el terrorismo con el GAL o para
atajar el separatismo con informes fraudulentos, que disponen de autoridad
moral y de ética democrática para erigirse en juez y parte al margen del Estado
de Derecho. Y los fiscales, en este caso, calladitos.
Hablando entonces de democracia pura
y dura, se me abren las carnes cuando en estos momentos se impone la moda
populista de exigir la dimisión inmediata de cualquier político imputado. Y soy
consciente que de que me pueden llover críticas porque puede parecer que
defiendo a los políticos en general por mi condición. Pero no es así. Escucho a
muy pocas voces clamando por una auténtica independencia de la Justicia, por impedir
que los altos tribunales puedan estar presididos por militantes de partidos
políticos; porque los partidos políticos no se repartan a destajo el control de
los órganos judiciales; porque se dote de más medios humanos y mejores medios
materiales al poder judicial; porque se agilicen los procesos judiciales para
garantizar un juicio justo… Ésta debe ser la fórmula más eficaz y efectiva para
luchar contra la corrupción que lo carcome todo y no la de los linchamientos
que se producen cuando los ciudadanos no se sienten protegidos y defendidos por
el Estado y sus instituciones. No puede ser que la salida sea la máxima de
Pancho Villa: “Primero, fusilen y después 'verigüen'”.
En estos días, una encuesta de El
Periódico de Cataluña nos mostraba que un 97% de los ciudadanos opinaban que sí
ante la pregunta de si deberían dimitir los políticos imputados por casos de
corrupción. UPyD aducía que rompía el pacto con Ciudadanos porque esta
organización sigue contando con colaboradores imputados. La presidenta de Andalucía
proclamaba abiertamente que Chaves y Griñán deberían dimitir si resultaran
imputados… Y así suma y sigue. Se ha abierto la veda y ya no se reclama la
presunción de inocencia, ni juicios justos y ágiles… Y vuelvo entonces al
principio. La decisión soberana de la ciudadanía de elegir a sus representantes
de manera democrática se puede ver truncada a la sazón porque un adversario
político te arme una querella que el juez de turno admita a trámite para no
complicarse la vida y pases a ser imputado de inmediato o porque los
gobernantes de turno utilicen los aparatos del Estado para construir una
historia que haga dudar a jueces y fiscales… O porque existan indicios que no
terminen siendo delitos. O porque se te pueda condenar en la plaza pública sin
ser juzgado. Los derechos fundamentales no pueden quedar al albur de la
inseguridad jurídica. Y lo afirma categóricamente el artículo 24 de la
Constitución española. La presunción de inocencia no puede ser abatida por el
cabreo colectivo, por la incapacidad política del bipartidismo de hacer frente
a la corrupción, por los déficits democráticos o por impulsos circunstanciales.
Que se le pregunte si no a Demetrio Madrid, Carmelo Padrón, Ildefonso Jiménez y
tantos otros… Otra cosa son los planteamientos éticos personales, colectivos o
de partidos que obliguen a asumir responsabilidades ( más en la política) ante
hechos claros e insoslayables y que deben estar presentes en la vida política
como una exigencia fundamental. Otra cosa son que se tomen todas las medidas necesarias
y no las tiritas que acaba de poner Rajoy en el Parlamento a una herida que
sangra abundantemente y sin reconocer (por ejemplo) la financiación irregular
de su partido y su complicidad con el “caso Bárcenas”: “Tranquilo Luis,
aguanta”. Otra cosa es que se armen más controles independientes. Y, sobre
todo, que nos dotemos de más democracia.
Y es que la seguridad jurídica de la
ciudadanía (sean políticos o no) se está quebrando a pasos agigantados. Y no es
verdad que existan las suficientes garantías ni que se arbitren fórmulas para
preservar los derechos constitucionales. Otra prueba de ello son los juicios
paralelos, con la complicidad de los medios de comunicación, y la quiebra de
los secretos de sumario que se producen cada día dejando al ciudadano en la
mayor de las indefensiones. Y es que España es uno de los países donde más se
vulnera el derecho a un juicio justo, según el Catedrático Perea Unceta. Como
apunta el profesor Jesús María Zarzalejos, en El Confidencial, las porosidades
en los juzgados son enormes y las filtraciones son incontrolables : “El día
que un tribunal anule un juicio y absuelva a un acusado por vulnerarse su
derecho a un juicio justo se acabarán las filtraciones”. Sin apenas
instrucción, ya los medios de comunicación se encargan de poner en marcha
juicios sumarísimos…
Las dilaciones sin fin, las
filtraciones interesadas o la utilización de los aparatos del Estado de manera
fraudulenta no garantizan precisamente los derechos fundamentes ni una justicia
firme y recta. Ni podemos permitir que se constituyan como norma, porque si la
desconfianza se adueña del sentir colectivo se quiebra la democracia. Y termino
también con Vázquez Montalbán: “Y es que el Estado, como depositario de la
eticidad colectiva, si tiene sucios los bajos, acaba teniendo sucio el cerebro”.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
