Manifestación en Madrid de afectados por hepatitis C (Foto: A. Sánchez) |
El Ayuntamiento de Agüimes aprobó por unanimidad en el pleno ordinario celebrado el pasado lunes una moción del grupo Roque Aguayro en la que se solicita a los gobiernos de España y Canarias que habiliten partidas presupuestarias para costear los nuevos fármacos para el tratamiento de la hepatitis C.
El objetivo final de esta propuesta es que ninguna persona enferma de hepatitis C, principal causante de la cirrosis, el cáncer de hígado y el trasplante hepático, y uno de los mayores problemas de salud a los que hace frente el sistema sanitario en todo el país, se quede sin el nuevo tratamiento de última generación para la lucha contra esta enfermedad, pues el elevado coste está retrasando su aplicación en las personas afectadas.
La moción indica que en España "se contabilizan más de 800.000 enfermos de hepatitis C, de las que casi el 50% desconoce padecerla", y que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus últimos datos, alerta que "entre el 55% y el 85% de los pacientes desarrollarán la infección de forma crónica, corriendo riesgos de cirrosis hepática entre el 15% y el 30% de las mismas".
Actualmente, los colectivos de profesionales y de pacientes reivindican el acceso a estos tratamientos de última generación aparecidos en los últimos años, basados en una combinación de dos o más antivirales autorizados, y que presentan una tasa de curación de la enfermedad del 90%. Sin embargo, su elevado coste (sobre los 50.000 euros por un tratamiento de doce semanas) está retrasando su aplicación en las personas enfermas.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Agüimes instará a los gobiernos de España y de Canarias a que pongan en marcha estrategias conjuntas para establecer medidas preventivas y de detección precoz de la enfermedad, así como protocolos para el acceso a los nuevos tratamientos basados en la evidencia científica para la erradicación y control de la hepatitis C, y a que se habiliten partidas presupuestarias para hacer frente al coste de los nuevos fármacos, de tal manera que nadie quede fuera del tratamiento por razones económicas.
Asimismo, se pide al Gobierno de España que mantenga una estrategia firme en la negociación con los laboratorios para evitar los abusos en el precio de los nuevos tratamientos.