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| Reunión del Comité de Inversiones del Gobierno de Canarias |
Redacción
El Comité de Inversiones del Gobierno de Canarias ha decidido proponer el reconocimiento como proyectos estratégicos para las islas de 19 parques eólicos en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, lo que en la práctica reduciría a la mitad todos sus plazos de tramitación.
En Gran Canaria se propone esa calificación para los parques de Llano de Botija I y II, en Gáldar; Concasur 2 y Montaña de Arinaga, en Agüimes; y Santa Lucía del Mar, en Santa Lucía de Tirajana, según un comunicado del ejecutivo canario.
En Tenerife, son siete los parques que pueden beneficiarse de esa figura: Tagoro Risco Blanco, en La Victoria de Acentejo; y La Manteca, Laja Blanca, Hoya de Lucas, Lomo La Jaca, Bermejo y Vera de Abote, en Arico.
Finalmente, mientras que en el caso de Fuerteventura, los tres parques propuestos se encuentran en Puerto del Rosario y son los de Solana de Tesjuate, Piedra de Sal I y La Sal II, en Lanzarote se recomienda una tramitación abreviada para los parques de Teguise, Arrecife, San Bartolomé y Punta de los Vientos, también en Teguise.
Si esta propuesta del comité de Inversiones es avalada por el Consejo de Gobierno, estos proyectos se beneficiarían de las previsiones que dispone la Ley canaria sobra tramitación preferente de inversiones estratégicas de 2015.
Así, pasarán a ser tramitados en la mitad de tiempo en los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier administración pública canaria, salvo en los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, los procedimientos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal.
La ley también establece que en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico, los plazos también se reducirán a la mitad.
Igualmente, se reducen los plazos para el otorgamiento de cualquier licencia que resulte necesaria para la ejecución, apertura o funcionamiento de dichas obras e instalaciones, salvo en las que la normativa estatal lo impida.
De igual manera ocurrirá con los plazos establecidos para los procedimientos medioambientales, recuerda la nota de prensa del Gobierno de Canarias.
