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| Imagen de un ejemplar de conejo enfermo en Gran Canaria (Foto: ACEC) |
Redacción
La Asociación Canaria de Entidades de Caza (ACEC) ha remitido un informe al Gobierno de Canarias solicitando un programa de vigilancia epidemiológica de la fauna silvestre de Canarias.
Las enfermedades de la fauna silvestre, en particular para el mundo de la cinegética, son importantes por cuatro motivos: por ser zoonosis o una fuente potencial de desarrollo de las mismas, pudiendo trasmitirse al hombre; por poder afectar al estado sanitario de especies ganaderas, con afecciones transferibles a la ganadería; por tener efectos sobre la gestión y conservación de la fauna silvestre, con lo que disminuyen las densidades de las especies objetivo, afectando de forma directa a las especies predadoras protegidas que se alimentan de ellas; y porque comprometen la producción cinegética que influye sustancialmente en las capturas en el ejercicio de la caza.
Entiende la ACEC, presidida por Juan Miguel Sánchez Roig, que las consejerías del Gobierno de Canarias competentes en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza y de agricultura, deberían adoptar, de forma coordinada y conjuntamente con los cabildos correspondientes, las medidas necesarias para evitar la difusión de enfermedades que puedan padecer las especies cazables en Canarias, y que todos los años se ven afectadas, en especial el conejo.
La asociación entiende que estas consejerías debieran dotarse de herramientas que permitan conocer el estado de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, así como las causas que determinan sus cambios, para diseñar las medidas que proceda adoptar. Con estas medidas se pretende fomentar el aumento de los conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida.
Para finalizar, la ACEC pide a las administraciones autonómicas aportar algún dato al plan nacional de vigilancia sanitaria en fauna silvestre, al tiempo que solicita para Canarias lo que ya se ha realizado en otras comunidades autónomas sobre este mismo asunto.
