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| Imagen de archivo del Puerto de Arinaga |
El Tribunal de Cuentas de la Unión
Europea (ECA por sus siglas en inglés) ha cuestionado la rentabilidad y
viabilidad de inversiones en siete proyectos de infraestructura portuaria
examinados en España en un informe en el que fiscaliza las ayudas al sector del
transporte marítimo en la UE. Los proyectos españoles han contado en total con
465,5 millones de euros de financiación europea, de los cuáles 394,2 millones
han ido a parar a infraestructuras no utilizadas o infrautilizadas.
En total, los auditores han examinado
37 nuevos proyectos en España, Alemania, Polonia, Italia y Suecia, incluidos 12
españoles en Cartagena, Algeciras, Vigo y Santa Cruz de Tenerife y otro cinco
proyectos que ya evaluó en 2010 que afectan a los puertos españoles de
Campamento, Punta Langosteira, Ferrol y Arinaga y el italiano de Augusta,
proyectos que en total han recibido 1.400 millones de euros de financiación
europea.
De los 37 nuevos proyectos auditados,
el Tribunal de Cuentas europeo ha constatado que 12 proyectos permanecían
vacíos o infrautilizados, arrojando una inversión europea "ineficaz"
de 194 millones, otros siete (que recibieron 524 millones de la UE) estaban
incompletos y solo 18, que recibieron 359 millones, funcionaban según lo
previsto. En el caso de los cinco proyectos reexaminados hay un riesgo
"elevado" de "perder" las inversiones europeas de 329
millones de la que se beneficiaron en puertos que siguen prácticamente sin
actividad.
El autor del informe, Oskar Henrics,
ha explicado que "uno de cada tres euros" invertidos en los nuevos
proyectos examinados se ha gastado de forma ineficaz y ha cifrado en 97
millones la inversión en infraestructuras portuarias que llevan más de tres años
sin utilizarse o infrautilizadas, incluido en Cartagena y Santa Cruz de
Tenerife, y en "casi 400 millones" la inversión en riesgo
"elevado" de perderse.
España es el primer país beneficiario
de ayudas europeas (recibió 2.610 millones entre 2000 y 2013, el 38,5% del
total) y los auditores han criticado la falta de visión estratégica de los gobiernos sobre los puertos que necesitan financiación y para qué y señalan la
financiación de infraestructuras similares en puertos vecinos, especialmente en
el sur de España, como uno de los motivos que han llevado a inversiones
"ineficaces e insostenibles". También denuncian retrasos en los
proyectos (más de un año de media) y sobrecostes de 139 millones, o la falta de
acción de la Comisión Europea en el control de las ayudas públicas y los
procedimientos aduaneros para que los puertos compitan en igualdad de
condiciones.
En el caso de los proyectos
españoles, los auditores han cuestionado la tercera fase del proyecto en el Puerto de Algeciras para ganar 125 hectáreas de tierra al mar, con un coste
total de 511,5 millones y que recibió más de 127 millones de ayudas europeas,
de los cuáles 73,8 millones son fuertemente cuestionados (el 58%) por su falta
de utilización o infrautilización.
El proyecto tuvo un sobrecoste de 67
millones teniendo en cuenta también las obras del nuevo muelle y explanada
exterior al dique, con un coste de 168,6 millones y cuya inversión de 52,2
millones en fondos europeos sí han avalado los auditores en cambio.
También cuestionan el proyecto de
relleno y urbanización de la Terminal Polivalente de Cartagena, con un coste
total de 28,3 millones, y en el que cuestiona el 100% de la inversión europea
(10,4 millones), dado que parte de sus instalaciones siguen sin utilizarse y
otras apenas se usan para almacenar productos de una refinería próxima.
Sí han avalado el proyecto de
ampliación de la dársena de escombreras en Cartagena, con un coste de 116,5
millones y que recibió 46 millones de la UE, así como la terminal polivalente
en Cartagena, que costó 34,5 millones y obtuvo casi 19,3 millones de la UE. Eso
sí, los auditores han denunciado un sobrecoste de 22,5 millones en los tres
proyectos de Cartagena.
Los auditores también han señalado
como ineficaz el proyecto de rellenos y de alineación del espigón del muelle de
Santa Cruz de Tenerife, donde también cuestiona la totalidad de la inversión
europea de 2,8 millones. El proyecto costó 5,7 millones y ha tenido un
sobrecoste de 562.000 euros.
Especialmente críticos se han mostrado
con las inversiones realizadas en los cuatro puertos españoles que ya examinó
en 2010 y ha vuelto a reexaminar. Se trata de la construcción de un puerto
exterior en Punta Langosteira (Coruña), donde cuestiona el 95% de la inversión
europea (257,5 millones) para un proyecto que costó 590 millones y apenas se
usa el 10% de su capacidad.
También han criticado la inversión en
la rehabilitación del muelle y ampliación de las instalaciones de Campamento
(San Roque), utilizado para reparar barcos y cuyas zonas para almacenar
contenedores siguen sin usarse en su mayoría. El proyecto costó 37,7 millones y
los auditores cuestionan el 100% de la inversión europea (16,6 millones).
Las obras de ampliación del puerto en
Ferrol para construir un puerto exterior, cuya capacidad alcanza apenas el 25%
de la prevista también denuncian como un proyecto ineficaz. Tuvo un coste de
110,9 millones y contó con una subvención europea de 39 millones, el 90% de la
cual (35 millones) está fuertemente cuestiona por falta de uso o infrautilización.
Los auditores europeos también
cuestionan la construcción del Puerto de Arinaga para descongestionar Las
Palmas, con un coste de 23,5 millones y una inversión europea de 11,8 millones,
el 90% de ella cuestionada (10,7 millones).
En cambio, avalan el proyecto de
ampliación de los muelles en Vigo, que costó 48 millones y contó con casi 28
millones de la UE aunque tuvo un sobrecoste de más de cinco millones, así como
el de almacenamiento de coches en la terminal de transbordadores de Vigo, que
contó con 15 millones de la UE y costó 20. También avalan el de ampliación del
puesto de inspección fronteriza de mercancías en el puerto gallego, que costó
dos millones, de los cuales 750.884 euros los financió la UE.
Los auditores europeos tampoco han
cuestionado la construcción de la nueva base de contenedores en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que costó 17,8 millones de los que la UE
aportó 7,9 millones, así como otros 6,4 millones para la segunda fase de la
obra, con un coste total de 15,6 millones. Ambos proyectos tuvieron un
sobrecoste de más de cinco millones.
También han concluido que los
proyectos de ampliación de una dársena de escombreras en el Puerto de
Cartagena, con un coste de 116,5 millones y que recibió más de 46 millones de
ayudas europeas, así como las obras de la terminal polivalente de Graneles que
recibió 10 millones de la UE y costó 34,5 millones "se utilizan según lo
previsto".
Tampoco han cuestionado viabilidad de
una inversión de 22,2 millones del presupuesto comunitario para ocho grúas para
la terminal pública de contenedores en Algeciras, con un coste total de 169
millones de euros, aunque defienden excluir este tipo de inversiones en el
futuro porque en este caso benefició a un operador privado determinado, junto
con los proyectos de almacenamiento.
De cara a mejorar el control de las
inversiones, plantea reducir el número de 104 puertos de la red central, un
plan de desarrollo europeo y priorizar las conexiones necesarias por mar y
tierra, aplicar correcciones financieras para proyectos inviables y directrices
para las ayudas públicas en el sector..
