29 de abril de 2020

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil interviene tres nasas en Arinaga

Miércoles, 29 de abril.

Traslado de las nasas intervenidas en Arinaga a bordo de la Patrullera
Río Guadalquivir al Puerto de Las Palmas (Foto: Guardia Civil)
Redacción
Dentro de las misiones encomendadas al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la vigilancia del mar territorial, durante la tarde del pasado día 24 los agentes observaron un cabo a la deriva sin boya de señalización, por lo que procedieron tras izarlo observaron que en el extremo del mismo se encontraba un tren formado por tres nasas, de 1,5 metros de diámetro con malla hexagonal, habitual en este arte de pesca, y unidas por cabos.
De esta manera, la tripulación de la Patrullera Río Guadalquivir perteneciente al Servicio Marítimo Provincial de Las Palmas, tras la localización de las tres nasas, fondeadas a una profundidad de unos 8 metros, procedieron a sacarlas del agua, comprobando que carecían de placa identificativa, y que se encontraban en fondo prohibido y dentro de la dársena del Puerto de Arinaga y que en el interior de las mismas había una escasa cantidad de peces que fueron devueltos al mar.
Las nasas intervenidas fueron trasladadas y depositadas en el Muelle Wilson del Puerto de Las Palmas, donde han quedado a disposición de la Viceconsejería de Pesca y Agricultura del Gobierno de Canarias para su destrucción.
Actualmente, la utilización de nasas viene regulada por una serie de disposiciones como la obligatoriedad de placas identificativas y la profundidad mínima a la que deben estar situadas, así como el balizamiento de las mismas y las boyas permitidas.
En aguas interiores, las mismas deben poseer en su extremo de la superficie una boya reflectante de color rojo o naranja con una dimensión mínima de 20 centímetros de diámetro  deberá llevar impreso el folio de la embarcación a que pertenece y el nombre de la misma, mientras que en el cuerpo de la nasa debe encontrarse también la correspondiente placa identificativa.
El uso furtivo de nasas en el litoral marítimo, como el caso que nos ocupa, puede conllevar sanciones administrativas de hasta 60.000 euros.