Antonio Morales*
La situación social y económica que padecemos las grancanarias y grancanarios y los hombres y mujeres de Canarias en general es muy grave. Todos los recursos de los que disponemos parecen insuficientes para proteger las situaciones familiares de extrema necesidad, mantener los servicios esenciales y reactivar la economía generando iniciativas que arrastren una cadena de efectos inversores y la demanda y el consumo internos. El Cabildo de Gran Canaria considera que debe incrementar la inversión para producir el efecto multiplicador en el resto de sectores económicos de la isla, aún cuando en estos momentos estemos gestionando alrededor de 500 millones de euros de inversión en nuestro territorio.
Sabemos que la pandemia del coronavirus está teniendo consecuencias muy graves sobre las economías de las familias y las empresas, pero también sobre los ingresos de las administraciones públicas que van a ver seriamente mermada su recaudación al tiempo que aumentan drásticamente los gastos tanto en medidas de atención y protección social y sanitaria, como de reactivación de la economía. Esta reducción va a ser especialmente significativa en Canarias debido al parón brusco del turismo, la actividad económica responsable del 35% de PIB insular y del 40% del empleo. Triplicamos estos porcentajes por encima de la media estatal.
Es el momento de activar todos los recursos disponibles y hemos vuelto a centrar la mirada, esta vez con más razón si cabe, en la utilización del superávit y los remanentes de los que las administraciones locales disponemos en los bancos y que la legislación del PP nos ha impedido utilizar durante estos últimos años. Los cabildos y los ayuntamientos canarios hemos aprobado resoluciones urgentes exigiendo que el Gobierno central autorice el uso de estos fondos que son resultado del ahorro de todos los canarios y canarias. En nuestro archipiélago se han multiplicado las peticiones para que el Ministerio de Hacienda nos autorice a utilizar el superávit y los remanentes para hacer frente a la crisis. Una cuestión que en ocasiones puede parecer muy técnica pero que en momentos como estos resulta vital porque, si no podemos usar esa financiación en la peor crisis de nuestra historia, para qué nos servirá guardada en las entidades bancarias. Y pagando además por ello.
Canarias es una comunidad en la que los recursos fiscales propios tienen una importancia significativamente superior que en la mayoría de comunidades autónomas denominadas de régimen común (es decir, todas menos País Vasco y Navarra que tienen un régimen foral particular). En 2019, la recaudación propia supuso en Canarias un 18,8% del total de ingresos presupuestados, frente al 7,7% en el resto de comunidades, a través de diversos impuestos como el IGIC, el AIEM y los impuestos propios sobre los combustibles derivados del petróleo, etc.
Esos ingresos de recaudación propia, que forman parte del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, se calcula que se reducirán en un 54,6%, unos 1.022 millones de euros, de los cuales 429,5 millones de euros corresponderían a la financiación del Gobierno de Canarias y 593,2 a las administraciones locales. Esto supone más de un 40% de los recursos corrientes de los cabildos insulares.
Para hacernos una idea, el Cabildo de Gran Canaria va a pasar de recibir los 33 millones mensuales que percibe en la actualidad a ingresar solo 2 millones mensuales (790 mil euros para los ayuntamientos y 1,3 millones para el Cabildo). Tan solo en 2020 nuestros ingresos se van a reducir en unos 150 millones de euros. La situación de los ayuntamientos puede ser dramática: si detraemos de la Carta Municipal lo que tienen que pagar por distintos conceptos los ayuntamientos al Cabildo de Gran Canaria -servicios prestados como el tratamiento de residuos- los municipios perderían más del 90% de sus recursos.
Los cabildos insulares también nos vamos a ver más dañados que el Gobierno de Canarias por esta situación ya que los anteriormente citados recursos del REF representan un 40% de los ingresos corrientes de cabildos y ayuntamientos frente a solo un 10% para la Comunidad Autónoma. Además, el Gobierno de Canarias tiene más capacidad de endeudamiento que los cabildos y los ayuntamientos, así como la competencia de subir o aprobar nuevos impuestos para aumentar sus ingresos mientras que los cabildos no tenemos capacidad fiscal ya que apenas cobramos impuestos y no podemos recurrir a figuras extraordinarias para cuadrar nuestros presupuestos.
A esto habría que sumar que las competencias que el Gobierno de Canarias ha ido transfiriendo a los cabildos (por ejemplo, las políticas sociales, la atención a personas mayores o menores, las relacionadas con protección del medio ambiente, la gestión y conservación de espacios naturales protegidos o la conservación de carreteras…) están infradotadas. Una primera aproximación establece que se necesitarían 21 millones de euros más para equilibrar las cuentas, pero todos los datos apuntan que esta cantidad no sería suficiente. Por ese motivo, los cabildos y ayuntamientos canarios exigimos al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias un trato diferenciado en la negociación que se está llevando a cabo con el Estado. De no atenderse las necesidades de las administraciones locales canarias no podríamos mantener las transferencias y nos veríamos obligados a devolverlas al Gobierno de Canarias.
Pero lo cierto es que a pesar de la gravedad de esta situación hay una solución para este escenario que solo requiere de voluntad política por parte del Gobierno de España. El Cabildo de Gran Canaria cuenta con un remanente de tesorería que, descontando gastos pendientes de pagos, es de 350 millones de euros. A esta cantidad se le llama técnicamente remanente de tesorería, pero la palabra que mejor la define es ahorro. Porque es un ahorro que ha salido de la aportación de los grancanarios y grancanarias, que, con su esfuerzo de estos años, en momentos muy difíciles ha permitido que el Cabildo disponga en la actualidad de una importante cantidad de dinero para ser puesta a disposición de quien verdaderamente lo va a necesitar. Sin embargo, el Gobierno de España no nos deja utilizar ese dinero a pesar de que está en los bancos y que las entidades bancarias están empezando a cobrar comisiones a las administraciones públicas por mantener estos ahorros en las cuentas corrientes.
Este mismo mes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció la necesidad de que Canarias utilizara el superávit para compensar la pérdida de ingresos, pero recurriendo al dicho popular, podríamos decir que el superávit es el “chocolate del loro” ya que para el Cabildo supone apenas 80 millones de euros y 300 para el Gobierno de Canarias, algo muy alejado de las necesidades de ambas instituciones y de su capacidad de inversión para revertir una situación económica inédita en nuestra historia.
Lo importante es que nos permitan utilizar los remanentes. Es aquí donde está el quid de la cuestión. Deberíamos poder utilizarlos libremente sin acudir a un Plan Económico Financiero como se exige hasta ahora, lo que supondría que se quiebre nuestra autonomía de funcionamiento y nuestra capacidad de autogobierno ya que tendríamos que pedir autorización para endeudarnos, para crear órganos independientes, etc. Por lo tanto, hay que flexibilizar las reglas fiscales y modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2/2012), aprobada por el PP. De esta manera el Cabildo podría utilizar casi 300 millones para reactivar la economía insular y paliar las consecuencias sociales de la pandemia.
Asimismo, se nos debería permitir endeudarnos sin tener que realizar el citado plan económico financiero, fruto del incumplimiento de las reglas de estabilidad financiera, ya que el Cabildo de Gran Canaria tiene capacidad para hacerlo en una cuantía de alrededor de 470 millones de euros sin sobrepasar los porcentajes de endeudamiento sin autorización (en estos momentos el Cabildo grancanario soporta un nivel de endeudamiento de solo un 3,5% y podemos llegar al 75% sin autorización y al 120% con autorización). Y que además este endeudamiento no sea solo para inversiones como está establecido sino que lo podamos dedicar a garantizar los servicios esenciales y a atender a los sectores sociales más vulnerables. Creo que es el momento también para que se modifiquen todas las leyes que limitaron gravemente la capacidad de acción de las administraciones públicas flexibilizando la Ley de Contratos Públicos con el objetivo de permitir una mayor agilización de los procedimientos para realizar inversiones y contratar obra pública. También se debe modificar el techo de gasto en lo referido a la contratación de más personal para atender las necesidades sociales provocadas por la crisis y para afrontar las inversiones que reactiven la economía, así como contribuir a aliviar el problema estructural del paro en Canarias a través del empleo público.
Estamos ante una situación sin precedentes que está agravando los problemas de pobreza, precariedad y desigualdad que son estructurales en nuestra tierra. Pero contamos con administraciones públicas saneadas y progresistas que tienen intención y capacidad de poder llevar a cabo planes de inversión que nos permitirían avanzar en la diversificación de nuestro modelo económico e iniciar una transición ecológica socialmente justa en Canarias. Por ello no tendría justificación que por falta de voluntad política del Gobierno de España se pusieran impedimentos al ejercicio de nuestro autogobierno, al progreso de nuestra tierra y al bienestar de nuestra gente. Si se puede hacer con el País Vasco y Navarra, con todos los indicadores sociales y económicos muy por encima de los que soportamos en este archipiélago atlántico, ¿por qué no permitirlo entonces en Canarias?
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
