Domingo, 29 de noviembre.
Redacción
La Audiencia de Cuentas ha puesto de manifiesto la falta de prioridad que, en general, tiene para los ayuntamientos de las islas la gestión medioambiental, así como la escasa relevancia que dan a esta área en sus planes de desarrollo y en los recursos financieros.
Esta situación figura en un informe que el Presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, presentó este lunes en comisión parlamentaria y que constata "una débil visión de conjunto de la problemática ambiental" que los municipios abordan de forma sectorializada.
El documento está circunscrito a los cuarenta y dos ayuntamientos canarios con más de 10.000 habitantes desde enero de 2017 a mayo de 2018, lo que dio pie a algunos representantes parlamentarios a apuntar que la concienciación medioambiental ha avanzado desde entonces en la sociedad y las instituciones canarias.
La limitación de recursos humanos y económicos destinados por las corporaciones locales a la gestión medioambiental y la falta de cultura para incorporar la participación pública en la toda de decisiones son algunas de las deficiencias detectadas.
De los cuarenta y dos ayuntamientos analizados, diecisiete no disponían de unidades específicas dedicadas exclusivamente a la gestión del medioambiente, mientras que diez de ellas ni siquiera tenían personal con competencias en la materia.
Entre los veinticinco ayuntamientos que sí disponían de unidades o departamentos específicos, no había técnicos especialistas suficientes en medio ambiente, y en diez de los casos, de hecho, no había siquiera personal.
Por otra parte, el informe apunta que quince de las corporaciones analizadas no estaban integrados en agrupaciones con objetivos medioambientales como la Red Española de Ciudades por el Clima, la Red Española de Ciudades Saludables, la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad o el Pacto de los Alcaldes.
Diecisiete de los cuarenta y dos están inscritos en la Agenda 21 Local, si bien diez de ellos lo hacen solo como una simple declaración de intenciones, porque ni siquiera realizaron un diagnóstico de su situación ambiental, y los diez restantes no culminaron el procedimiento previsto.
Tan solo cinco ayuntamientos (Las Palmas de Gran Canaria, Arona, Puerto del Rosario, Ingenio y Pájara) tenían implantados sistemas de gestión mediambientales y solo seis (Las Palmas de Gran Canaria, Arona, Agüimes, Teguise, Pájara y San Miguel de Abona) contaban con una política medioambiental implantada.
De las entidades fiscalizadas, veintisiete no realizaron ninguna actuación de inspección y control medioambiental sobre posibles infracciones de la normativa.
