Martes, 21 de febrero.
La Diputación del Común ha logrado recuperar casi 100.000 euros en favor de los ciudadanos-as de la isla, en concreto 99.848,16 euros, por tratarse de cobros indebidos de las administraciones por diferentes conceptos o beneficios económicos, aún cuando no se especificó por las personas reclamantes la cantidad que generaría la resolución favorable de la que a corto, medio o largo plazo.
Así lo recoge el Informe Anual de la institución, correspondiente a 2022, y que ha sido entregado al Parlamento de Canarias para su debate.
A través del área de Dependencia del Gobierno de Canarias se lograron recuperar 52.345,36 euros; del área de Vivienda, 27.053,34 euros, entre los que se encuentran 16.080 euros en concepto de ayudas al alquiler, 9.236,42 euros por subvenciones para accesibilidad o 1.423 euros que se había cobrado de forma indebida en Arrecife.
Asimismo, se obtuvieron otros 20.438,46 euros, a través de la Consejería de Economía y Hacienda del ejecutivo regional, entre los que destacan algo más de 6.500 euros de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Agüimes, La Orotava, Mazo, Santiago del Teide e Ingenio, además de otros 1.013 euros del Cabildo de Fuerteventura.
En el mismo informe, según señala el Diputado del Común, Rafael Yanes, se recogen algunos datos que preocupan a la institución y que han sido queja continua durante el año de estudio, y refleja la vuelta a la normalidad después de superar la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.
Durante el pasado año se registraron 2.925 quejas, que consolidan el crecimiento de los últimos cinco años en un 63%, pero supone una disminución del 20% con respecto a 2021, siendo el área que más reclamaciones recibió el de Dependienta, aunque con una disminución del 36% con respecto al año anterior.
El informe revela informaciones destacables en relación a las 29 áreas de gestión con las que trabaja la Diputación del Común y, según Yanet, a rasgos generales, "el mayor crecimiento se registra en Vivienda, con un 64%, lo que demuestra que es una preocupación importante en Canarias".
En esta misma línea, señaló que "el área de mayor disminución es Tecnología de la Información y la Comunicación, con un 89%, debido a que gran parte de las quejas del año anterior fueron presentadas individualmente".
Por último, quiso destacar como dato negativo la respuesta de la administración pública a las peticiones de información, pues "la Ley del Diputado del Común recoge que se debe contestar en 15 días, algo que sistemáticamente se incumple".
Yanes, que hizo especial hincapié en que "la cita previa obligatoria es un abuso inaceptable de la administración pública", añadió que "es aconsejable, porque así el ciudadano es atendido con puntualidad", si bien matizó que "puede ser de atención preferente, pero nunca una condición indispensable".
Asimismo, agregó que "la administración tiene que humanizar la atención al público y exigir la cita previa limita los derechos de las personas, y la administración pública debe garantizar el mejor servicio a la ciudadanía".