Domingo, 19 de febrero.
La Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), presidida por Tomás Caballero, presentó este jueves en Madrid, ante una veintena de representantes de los colectivos, asociaciones y fundaciones a las que agrupa, entre las que se encuentra la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, que preside la agüimense Lucía Jiménez, el documento Marco de Referencia Común para las Víctimas del Terrorismo y sus Representantes, un borrador que pretende ser una actuación del Documento de la Justicia de las Víctimas elaborado en 2021 que se centraba en "los principios rectores para un. modelo de fin de ETA sin impunidad".
Tras la llegada de Caballero a la presidencia de la FVT, los colectivos y asociaciones pidieron una actualización del mismo para que englobara a todos los terrorismos y, como resultado de más de un año de trabajo, se puso sobre la mesa un borrador abierto a las aportaciones y sugerencias para enriquecer el texto y dar forma a un documento consensuado que redefine el concepto de víctima, sus derechos y obligaciones.
La FVT, que sitúa como destinatarios de esta iniciativa a la totalidad de la víctimas del yihadismo, Grapo, ETA, la extrema derecha, la violencia parapolicial "y un indeterminado otros, por orden decreciente de víctimas mortales causadas", busca la unidad en torno al documento y que todas las víctimas se sientan representadas en un marco común.
El texto propone que el derecho a la justicia "no puede entenderse como una carta blanca", que "tanta verdad como sea alcanzable es una exigencia para las víctimas y una obligación y necesidad pedagógica para la sociedad" y que "la crítica estrictamente política se puede ejercer desde los partidos u otras organizaciones, sin implicar a las asociaciones de víctimas, y cuidando de evitar la identificación de las personas que practiquen esa doble militancia con el conjunto de las víctimas".
En el capítulo de la reclamación de justicia para las víctimas se refiere "a la aplicación de la legalidad y a la evitación de la impunidad", así como a la necesidad de investigar los casos sin resolver y "no establecer discriminación" a la hora de la reparación entre las víctimas con casos juzgados y las que forman parte del bloque de los pendientes de resolver.
Asimismo, propone que justicia es también que "el tratamiento de los perpetradores, en particular la progresión de grados, se atenga a los criterios establecidos por la legislación pertinente, pues ningún fin supuestamente deseable o superior puede ser invocado en condiciones de institucionalidad democrática para justificar la subordinación de la justicia".
El texto añade que "tal proceder, que no puede en ningún caso ser identificado con los procedimientos de reinserción, acercamiento u otras medidas penales legales, equivaldría a lo que se ha denominado un compromiso podrido".
Por otra parte, la asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo en España solicitaron con urgencia a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que paren de inmediato la pretensión de votar a favor de una moción parlamentaria en fase inicial para otorgar a los dirigentes del Frente Polisario y descendientes de saharauis para otorgarles pensiones vitalicias con cargo a los presupuestos y erario público de los españoles, así como la nacionalidad española, que beneficiaría a los miles de nacidos, supuestamente, antes de España abandonara el Sáhara, y a todos sus descendientes.
La petición está argumentada en las consecuencias irreversibles de toda índole que acarrearía, además de "la humillación y menosprecio a las víctimas canarias del terrorismo, tipificadas como delitos en la actual normativa".
Muchos de los saharauis que se beneficiarían de la medida, añade la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), "que son dirigentes del Frente Polisario, tienen interpuesta una denuncia en la Audiencia Nacional por los casi trescientos atentados contra trabajadores civiles españoles, mayoritariamente de Canarias, que trabajan en la empresa minera Foss Bucraá y pescadores, y que fueron asesinados, heridos y desaparecidos por el Frente Polisario y el MPAIAC desde 1974 a 1987".
Se da la circunstancia inexplicable, señala la nota, "que aún muchas de las viudas y huérfanos-as canarios de estos atentados no tienen concedida pensiones extraordinarias de víctimas del terrorismo por parte del Gobierno de España".