Domingo, 29 de octubre.
La Provincia
La Mancomunidad del Sureste trabaja en un proyecto para la creación de un Centro de Estancia Temporal de Animales (CETA) de carácter comarcal después de considerar que la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal supone "todo un descalabro", tanto para las arcas municipales como para las personas propietarias de mascotas.
"Es, expresa el Alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, excesivamente exigente", y avisa que desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 29 de septiembre, "se ha ocasionado un efecto rebote y el abandono de animales se ha incrementado un cien por cien".
El primer edil agüimense, que se reunirá esta semana para trasladar el proyecto a las altas instancias cabildicias, considera que "la ley es demasiado exigente para los ayuntamientos", y añade que "no han entrado a evaluar las repercusiones económicas o de infraestructuras".
Asimismo, piensa que esta ley "está hecha por puristas que se encajan en velar por los animales sin saber el alcance que puede tener", y apunta que "me gustaría que leyes para seres humanos fueran tan contundentes como la que se ha desarrollado ahora para los animales".
Abanderando el respeto por los animales, y sin entrar en evaluar las buenas pretensiones que busca la ley en vigor, Hernández cree que "es un gesto a los animalistas" y requiere que no vaya en detrimento de la atención a las personas necesitadas de los municipios.
Se refiere a que ahora el gasto para la atención animal municipal oscila entre los 40.000 y 60.000 euros, pero aplicando las exigencias de la nueva ley se eleva a 300.000 euros, por lo que, señala, "o desviamos dinero de la población o subimos los impuestos".
El regidor agüimense asegura que "no estoy en contra, ni mucho menos, de los derechos de los animales, siempre que no vaya en detrimento de la atención familiar con necesidades, pero si se aplican las nuevas medidas no tendremos dinero para atender a las familias necesitadas".
A su entender, esta ley ha ocasionado "un efecto rebote" entre las personas propietarias de mascotas, pues estamos en un punto "nunca visto antes en cuanto al abandono de animales".
Para dar algunos datos, indica que antes era la época de verano cuando se producían más abandono de animales, "pero desde la entrada en vigor de la ley el número de recogidas ha pasado de seis a cuarenta animales".
Según algunas estimaciones, el gasto económico de una persona con mascota sería ahora de unos 1.200 euros, pero podría duplicarse y muchas de las economías familiares no lo podrán soportar, pues al desembolso de veterinario y alimentación se une el seguro obligatorio o el pasar un test para poder tenerlo en familia, además de no dejarlo solo en casa las 24 horas del días o considera que el animal está abandonado si se deja unos minutos cuando se va a hacer la compra, unos matices que por su incumplimiento conllevarían multas de hasta 600.000 euros.
Óscar Hernández elevará también su propuesta de mancomunar los servicios al resto de municipios porque, a su juicio, hay que buscar formulas para que el gasto que conlleva ahora mismo acogerse a toda la normativa en vigor sea más llevadero.
El primer paso de la Mancomunidad del Sureste, integrada por los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, es aprovechar una parcela de unos 17.000 metros cuadrados en las inmediaciones de la carretera GC-104, entre el Cruce de Arinaga y Los Corralillos, propiedad de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga, cuya titularidad es del Cabildo de Gran Canaria.
