Domingo, 19 de noviembre.
Gran parte de los centros de educación Secundaria de Canarias ha regulado en los últimos años la presencia de dispositivos electrónicos vetando su uso en las aulas, saldo cuando el profesorado autorice su utilización con fines didácticos.
El asunto está sobre la mesa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canaria, que estudia fijar una norma común, pero los institutos ya han creado reglas para evitar que los móviles interfieran en las aulas y la convivencia en la comunidad educativa.
A este respecto, cientos de familias canarias se han organizado en grupos de WhatsAp y Telegrama para compartir información sobre los efectos perniciosos de los dispositivos en niños-as y proponer medidas para retrasar el uso de los smartphones hasta los 16 años al resto de las familias, a los centros educativos y a las instituciones públicas.
El Director del IES Joaquín Artiles de Agüimes, Maximino Hernández, señala que "en nuestro centro está totalmente prohibido usar el móvil, incluso en el recreo, y hemos dejado claro que únicamente se puede usar con supervisión del personal docente".
Así y todo, lograr que la norma se cumpla no es fácil, pues "a veces, en los recreos, paso por el baño del alumnado y me encuentro a dos o tres sentados en el suelo con el móvil en la mano, y saben, añade Hernández, que no pueden ir a los servicios con el teléfono".
Los dispositivos siguen dando problemas cuando el alumnado sale del centro, pero "nosotros, indica, no somos responsables de lo que ocurre fuera del horario escolar en relación a los conflictos que surgen con la difusión de imágenes y mensajes".
Hace unos días, el equipo directivo del IES Joaquín Artiles de Agüimes ha pedido a la comunidad educativa que no banalicen estos actos y recuerda que, según la Agencia Española de Protección de Datos, "acosar a otra personas, expresar una burla o publicar contenidos sensibles a través de las redes sociales y otros servicios de Internet puede vulnerar sus derechos e ir contra la ley", y los padres, las madres y los tutores-as deben responder económicamente por las infracciones de sus hijos.
Finalmente, Maximino Hernández opina que no es necesario que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias establezca en los centros una regulación común porque cada instituto la modula en función de su propia realidad y necesidades.
