Domingo, 12 de mayo.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha aceptado algunas de las 33 propuestas presentadas por el Gobierno de Canarias para la instalación de energía adicional que se pondría en marcha si las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura sufren algún apagón.
Las empresas Disa y Sampol son las que han recibido el primer aval para su instalación, cuyos costes correrán a cargo del Estado.
Esta medida surge a raíz del informe de Red Eléctrica de España (REE) sobre la obsolescencia de las centrales eléctricas en las tres islas, que señalaba que para evitar futuros apagones era necesaria la instalación de 120 MW en Gran Canaria, 80 MW en Tenerife y 50 MW en Fuerteventura.
Finalmente, tras la criba del ministerio, se instalarán de forma adicional 50,8 MW en Gran Canaria, 71,6 MW en Tenerife y 32,8 MW en Fuerteventura.
Según ha informado el Consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, las empresas encargadas de estas primeras instalaciones, elegidas por ser las propuestas con mayor viabilidad técnica y ubicación óptima, serán Disa y Sampol, con proyectos que usan como combustible el gas propano y el fueloil.
Aunque no ha dado información sobre cuántos proyectos en concreto se instalarán en cada isla, ha indicado que en Gran Canaria irán ubicados en el Polígono Industrial de Salinetas, en Telde, en el Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria y en el Polígono Industrial de Arinaga.
En Tenerife, se instalarán en el Puerto de Santa Cruz, en el Polígono Industrial de la Gañanía, en Los Realejos, en el municipio de El Rosario y en el Polígono Industrial de Granadilla.
Por su parte, en Fuerteventura estas instalaciones se localizarán en La Hondura y en el Polígono Industrial de La Herradura.
Se trata de la aceptación de la primera propuesta por parte del ministerio, ante lo que el consejero ha señalado que "queda la puerta abierta" para futuras propuestas.
Asimismo, ha asegurado que con esta primera propuesta se va a cubrir "casi un 60%" del déficit detectado por Red Eléctrica, y que las instalaciones estarán en un primer momento durante tres años, aunque se podrán prorrogar año tras año hasta que esté el concurso para la renovación.
Zapata no ha indicado cuál será la financiación concreta que aportará el ministerio, aunque ha indicado que "hablamos de varios cientos de millones de euros solo en esta primera fase".
En este sentido, ha celebrado la orden por la que se "acuerda el reconocimiento de las repercusiones económicas" que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
“Es una excelente noticia para Canarias que nos pone por delante un camino de más trabajo por delante para hacerlas realidad nosotros, una vez tenemos asegurada la financiación por parte del Miteco”, ha celebrado el consejero.
Ahora, tras conocer el respaldo estatal, la consejería deberá trabajar en los permisos y autorizaciones para que se pongan en marcha las instalaciones adicionales, de manera que se respalde la producción eléctrica en las tres islas.
Según recoge la orden ministerial, estas instalaciones "no serán inscritas en el registro administrativo de instalaciones de producción, no se incluirán para calcular la cobertura de la demanda y solo serán despachadas en aquellos momentos en que exista riesgo cierto para la seguridad del suministro, por lo que no requerirán las resoluciones de reconocimiento de datos técnicos o económicos reguladas en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio".
Zapata ha lamentado que se haya llegado a la situación de tener que recurrir a instalaciones adicionales para garantizar el suministro ya que no se ha convocado el concurso para la renovación de las centrales de generación que han caducado en las islas, un concurso para el que Zapata ha indicado que trabajan con el ministerio y del que se espera la publicación del concurso para la concurrencia competitiva de las empresas.
La orden también avala la solicitud de la consejería de habilitar un procedimiento de concurrencia con carácter de urgencia, para posibilitar el otorgamiento de un régimen retributivo adicional a los grupos que se instalen por razones de emergencia en los plazos más cortos posible, y que permitirá que las empresas presenten propuestas que usen como combustible el gas propano.
