Jueves, 9 de mayo.
Redacción
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado penas de hasta 16 años a los integrantes de una organización criminal, con un total de 31 miembros, dedicada a importar y distribuir hachís y cocaína en la isla y que era investigada desde 2016 por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas.
La distribución de la droga se realizaba a través de una empresa de guaguas turísticas que operaba tanto en Gran Canaria como en el resto de las islas y en las que uno de los condenados transportaba cocaída y hachís.
Además, contaban con una nave en la zona industrial de Arinaga, en la que aparcaban los vehículos, y que usaban como centro logístico para la distribución.
La organización tenía completamente controladas sus operaciones, tanto a la hora de efectuar la salida de la droga desde la península, donde uno de los condenados organizaba el transporte, como a la hora de recibir la mercancía en la isla.
Cada uno de los condenados tenía un rol específico en el grupo criminal, desde personas de confianza para realizar la recogida de dinero en efectivo, hasta reclutadores para realizar el transporte de la mercancía.
Las investigaciones de la UDYCO durante el año 2016 dieron luz verde para que los agentes entraran el 25 de diciembre de ese mismo año en un hotel del sur de Gran Canaria donde se hospedaban dos de los integrantes de la organización y donde fueron incautados casi 500.000 euros en efectivo procedente del tráfico de estupefacientes.
Los siguientes meses continuaron los registros y las detenciones, en las que se intervino diversos vehículos, dinero en efectivo y teléfonos móviles.
En enero de 2018, los agentes detuvieron a seis integrantes de la banda mientras desembarcaban 46 fardos en una playa cercana al Barranco de Martorell, en Gáldar.
Las penas de los 31 condenados van desde los 16 años y medio de prisión y multas de 15 millones de euros por delitos contra la salud pública para uno de los principales cabecillas de la organización, hasta la menor de ellas, de 6 años de prisión y multa de 40.000 euros, para otros de los condenados por el mismo delito.
