Miércoles, 24 de julio.
La Provincia
La abogacía del sureste de Gran Canaria ha abierto de debate sobre los retos que implican los desahucios y la okupación de viviendas junto a un panel de magistrados, letrados de la administración de justicia, técnicos y concejales-as de distintos ayuntamientos de la isla.
El objetivo de la tertulia, celebrada el pasado jueves en Agüimes, era dar los primeros pasos para unificar criterios en la emisión de certificados de vulnerabilidad porque, como señalaron las personas invitadas a las ponencias, no existe un estándar de este informe técnico que resulta clave para autorizar o frenar un desalojo.
La charla partió de la iniciativa de un grupo de abogados-as de San Bartolomé de Tirajana y Telde que buscaban entablar un diálogo con todos los profesionales que participan en estos procesos para entender de un modo más práctico el sistema y encontrar los medios de defensa más adecuados para sus clientes.
Una de las impulsoras de la propuesta, Sabina Balser, señala que el siguiente paso será intentar establecer una nueva reunión entre los servicios sociales y la administracón de Justicia para unificar unos criterios en común sobre el modo de proceder en estos casos.
Las personas ponentes expusieron las dificultades que enfrentan a técnicos de servicios sociales porque no pueden hacer averiguaciones patrimoniales y sólo pueden basar la emisión del certificado de vulnerabilidad en lo que manifiestan quienes lo solicitan y en lo que refleja su cuenta bancaria.
Se puede dar la situación, señalan algunos participantes, que una persona que cobre 700 euros mensuales aspiran a este reconocimiento aunque conviva en la misma vivienda que otra persona que cobre 3.000 euros.
Además, "se ocasiona un colapso en los juzgados porque los funcionarios de los ayuntamientos, por su carga de trabajo y la falta de medios, no pueden cumplir con los plazos de 10 días que se les requiere", añade Balser.
Esta situación conlleva prórrogas que se van acumulando y pueden llevar a que un desahucio tarde hasta dos años en resolverse.
Los policías que intervinieron pusieron el ejemplo de una familia de Ingenio que supuestamente finge una separación para solicitar certificados de vulnerabilidad y okupan cuatro viviendas entre el matrimonio y los dos hijos en común.
Un problema que genera esto, señalaron los letrados, es que quienes terminan en una situación de vulnerabilidad son los propios arrendatarios, como una señora mayor que cobraba 700 euros de pensión y necesitaba el dinero del alquiler para pagar a una persona que la atendiera.
Apuntaron que una posible solución sería que las administraciones se hagan cargo de, al menos, la mitad de la renta y no sea la persona particular la que deba responder.
En las ponencias, moderadas por Sabrina Balser, Carlos Bethencourt y María del Mar Arévalo, participaron el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pedro Herrera; el magistrado del Juzgado de lo Penal número 4, Mariano López; la letrada de la administración de Justicia, Paula Mayer; el Concejal de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Saúl Goyes; la Concejala de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Agüimes, Eva López; la Concejala de Accesibilidad, Educación y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Ingenio, Alejandra Rodríguez; el Jefe de Servicios de la Alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Juan José López; la Concejala de Servicios Sociales de Mogán, Tania del Pino Alonso; el Jefe de la Policía Local de Ingenio, Justo José Santana; el agente de la Policía Local de Ingenio, Rayco Sarmiento; la técnica de Urbanismo de Ingenio, Eva Araña; y el Alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.
El objetivo de la tertulia, celebrada el pasado jueves en Agüimes, era dar los primeros pasos para unificar criterios en la emisión de certificados de vulnerabilidad porque, como señalaron las personas invitadas a las ponencias, no existe un estándar de este informe técnico que resulta clave para autorizar o frenar un desalojo.
La charla partió de la iniciativa de un grupo de abogados-as de San Bartolomé de Tirajana y Telde que buscaban entablar un diálogo con todos los profesionales que participan en estos procesos para entender de un modo más práctico el sistema y encontrar los medios de defensa más adecuados para sus clientes.
Una de las impulsoras de la propuesta, Sabina Balser, señala que el siguiente paso será intentar establecer una nueva reunión entre los servicios sociales y la administracón de Justicia para unificar unos criterios en común sobre el modo de proceder en estos casos.
Las personas ponentes expusieron las dificultades que enfrentan a técnicos de servicios sociales porque no pueden hacer averiguaciones patrimoniales y sólo pueden basar la emisión del certificado de vulnerabilidad en lo que manifiestan quienes lo solicitan y en lo que refleja su cuenta bancaria.
Se puede dar la situación, señalan algunos participantes, que una persona que cobre 700 euros mensuales aspiran a este reconocimiento aunque conviva en la misma vivienda que otra persona que cobre 3.000 euros.
Además, "se ocasiona un colapso en los juzgados porque los funcionarios de los ayuntamientos, por su carga de trabajo y la falta de medios, no pueden cumplir con los plazos de 10 días que se les requiere", añade Balser.
Esta situación conlleva prórrogas que se van acumulando y pueden llevar a que un desahucio tarde hasta dos años en resolverse.
Los policías que intervinieron pusieron el ejemplo de una familia de Ingenio que supuestamente finge una separación para solicitar certificados de vulnerabilidad y okupan cuatro viviendas entre el matrimonio y los dos hijos en común.
Un problema que genera esto, señalaron los letrados, es que quienes terminan en una situación de vulnerabilidad son los propios arrendatarios, como una señora mayor que cobraba 700 euros de pensión y necesitaba el dinero del alquiler para pagar a una persona que la atendiera.
Apuntaron que una posible solución sería que las administraciones se hagan cargo de, al menos, la mitad de la renta y no sea la persona particular la que deba responder.
En las ponencias, moderadas por Sabrina Balser, Carlos Bethencourt y María del Mar Arévalo, participaron el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pedro Herrera; el magistrado del Juzgado de lo Penal número 4, Mariano López; la letrada de la administración de Justicia, Paula Mayer; el Concejal de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Saúl Goyes; la Concejala de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Agüimes, Eva López; la Concejala de Accesibilidad, Educación y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Ingenio, Alejandra Rodríguez; el Jefe de Servicios de la Alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Juan José López; la Concejala de Servicios Sociales de Mogán, Tania del Pino Alonso; el Jefe de la Policía Local de Ingenio, Justo José Santana; el agente de la Policía Local de Ingenio, Rayco Sarmiento; la técnica de Urbanismo de Ingenio, Eva Araña; y el Alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.
