Martes, 23 de julio.
Antonio Morales*
La ruta migratoria canaria se encuentra en un punto crítico, un momento en el que la pérdida de vidas humanas se ha convertido en una tragedia constante. Los naufragios son cada vez más frecuentes y, lamentablemente, las previsiones para 2024 indican que será uno de los años más mortíferos. Todas las previsiones apuntan que antes de final de año llegarán más de 70.000 personas a nuestras costas. Este escenario desolador exige medidas inmediatas y efectivas por parte de las autoridades competentes para evitar que se pierdan más vidas en nuestro mar.
Y Europa y España tienen que asumir de una vez por todas que la única solución pasa por abrir vías legales y seguras para que estas personas puedan migrar, sin jugarse la vida en el mar o depender de redes mafiosas. Según estudios de algunas de las instituciones más prestigiosas en materia de demografía, Europa necesitará de aquí a 2050 varias decenas de millones de inmigrantes para su mercado laboral y compensar así una estructura demográfica muy envejecida.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es el número creciente de menores no acompañados que llegan a nuestras costas. Este año y hasta la fecha, cerca de 20.000 personas han arribado a las Islas Canarias, entre ellos, una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a un futuro incierto lejos de sus familias y su tierra natal. La acogida y protección de estos menores es una responsabilidad que no podemos eludir, y es de ellos, de ellas y de su situación de quienes quiero hablar hoy.
El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han trabajado conjuntamente en una reforma legislativa crucial para la reubicación de estos menores en territorio peninsular, buscando una distribución equitativa. Esta medida es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de estos jóvenes, proporcionándoles un entorno más adecuado para rehacer sus vidas.
De hecho, la aceptación por parte del Partido Popular del reparto de un número ínfimo de estos menores (apenas 347 de los 6.000), es la excusa que ha utilizado VOX para romper sus pactos autonómicos con el PP. Evidentemente no es más que una excusa, pero que la extrema derecha haya decidido utilizar el odio contra niños extranjeros es un motivo más para gestionar esta cuestión con responsabilidad y humanidad.
Sin embargo, la distribución de menores debe ser equitativa no solo a nivel estatal, sino también dentro de nuestras propias islas. Actualmente, Gran Canaria es la isla hogar de unos 3.500 de los cerca de 6.000 menores no acompañados que han llegado a Canarias, lo que representa aproximadamente el 60% del total. De estos, 130 están siendo atendidos directamente por el Cabildo de Gran Canaria. Esta situación es insostenible y requiere una solución urgente y justa.
La falta de transparencia en los criterios de distribución de estos menores entre las islas es un problema grave. No solo desconocemos los criterios que se están aplicando, sino también cuántos han sido acogidos en cada isla. La transparencia y la buena gestión son esenciales para que la ciudadanía comprenda y apoye las decisiones que se toman en materia de gestión migratoria.
Proponemos que se utilicen criterios objetivos y claros para la distribución de menores entre las islas, similares a los que aplica el Ministerio de Juventud e Infancia. Estos criterios podrían basarse en la población, la renta per cápita, la tasa de paro y la dispersión de la población. En particular, apoyamos la Propuesta Share, surgida del Gobierno Vasco, que pondera un 30% la población, un 50% el PIB per cápita y un 20% el paro. Este enfoque ofrecería un marco previsible y justo para la distribución de los menores y permitiría una mejor planificación y gestión.
No comprendemos por qué se ha acordado un límite de 2.000 menores para Canarias, que puede aumentar a 3.000 en caso de emergencia, mientras que otras comunidades autónomas asumirán cantidades significativamente menores. Si Canarias debe acoger a 3.000 menores, la distribución equilibrada es la única manera de evitar disfunciones, vulneraciones de derechos, improvisaciones, alarmas sociales y manipulaciones de la realidad por parte de organizaciones racistas y xenófobas.
Además, es imperativo encontrar soluciones para los menores que, al cumplir los 18 años, se encuentran de repente en una situación de desamparo. Sin documentación ni posibilidades de salir de la isla, conseguir un trabajo o un hogar, estos jóvenes se convierten en personas sin techo, sin futuro, deambulando por nuestras calles. Este problema debe abordarse con urgencia para evitar que caigan en la desesperanza y la exclusión social.
En resumen, desde el Cabildo de Gran Canaria apoyamos la reforma legislativa propuesta por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para la distribución de menores no acompañados en el conjunto de las comunidades autónomas, aunque entendemos que lo más rápido es que se realice mediante el Decreto Ley. Al mismo tiempo, demandamos criterios objetivos para la distribución de estos menores entre las islas y exigimos una solución urgente para aquellos que cumplen 18 años y se enfrentan a una situación de sinhogarismo.
Sinceramente, creo que el Gobierno de España, la mayoría de los partidos políticos españoles o las comunidades del estado, no está calibrando adecuadamente las consecuencias sociales y políticas de seguir insistiendo en una política que por la vía de los hechos convierte a Canarias en un territorio de detención y retención de personas migrantes. Un territorio en el que además estas personas corren el riesgo de quedarse “encerradas” en un limbo legal que ni les permite residir legalmente, ni continuar su viaje ni retornar a sus países. No podemos permitirlo.
Es fundamental que actuemos con justicia, humanidad y transparencia en la gestión de este reto de la sociedad actual. Solo así podremos garantizar un futuro digno para estos menores y mantener la cohesión social en nuestras islas. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber moral.
Las migraciones han existido a lo largo de toda la historia y van a seguir existiendo, por lo que debe haber una gestión adecuada con el objetivo de que sea un factor de desarrollo y bienestar para las personas que migran, así como para los países de acogida y origen. Pero mal gestionadas generan un sinfín de problemas sociales, vulneración de derechos humanos y aumento de la xenofobia, de lo que se aprovechan organizaciones populistas y extremistas, como ha hecho VOX hace unos días y como están haciendo en nuestra isla y en el conjunto del Estado, para no quedarse atrás y perder votos reaccionarios, otras organizaciones de derechas que han acudido a los medios de comunicación a relacionar la migración con la inseguridad, el paro y la pobreza. Fíjense en el PP solicitando la intervención de la Armada.
Y Europa y España tienen que asumir de una vez por todas que la única solución pasa por abrir vías legales y seguras para que estas personas puedan migrar, sin jugarse la vida en el mar o depender de redes mafiosas. Según estudios de algunas de las instituciones más prestigiosas en materia de demografía, Europa necesitará de aquí a 2050 varias decenas de millones de inmigrantes para su mercado laboral y compensar así una estructura demográfica muy envejecida.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es el número creciente de menores no acompañados que llegan a nuestras costas. Este año y hasta la fecha, cerca de 20.000 personas han arribado a las Islas Canarias, entre ellos, una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a un futuro incierto lejos de sus familias y su tierra natal. La acogida y protección de estos menores es una responsabilidad que no podemos eludir, y es de ellos, de ellas y de su situación de quienes quiero hablar hoy.
El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han trabajado conjuntamente en una reforma legislativa crucial para la reubicación de estos menores en territorio peninsular, buscando una distribución equitativa. Esta medida es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de estos jóvenes, proporcionándoles un entorno más adecuado para rehacer sus vidas.
De hecho, la aceptación por parte del Partido Popular del reparto de un número ínfimo de estos menores (apenas 347 de los 6.000), es la excusa que ha utilizado VOX para romper sus pactos autonómicos con el PP. Evidentemente no es más que una excusa, pero que la extrema derecha haya decidido utilizar el odio contra niños extranjeros es un motivo más para gestionar esta cuestión con responsabilidad y humanidad.
Sin embargo, la distribución de menores debe ser equitativa no solo a nivel estatal, sino también dentro de nuestras propias islas. Actualmente, Gran Canaria es la isla hogar de unos 3.500 de los cerca de 6.000 menores no acompañados que han llegado a Canarias, lo que representa aproximadamente el 60% del total. De estos, 130 están siendo atendidos directamente por el Cabildo de Gran Canaria. Esta situación es insostenible y requiere una solución urgente y justa.
La falta de transparencia en los criterios de distribución de estos menores entre las islas es un problema grave. No solo desconocemos los criterios que se están aplicando, sino también cuántos han sido acogidos en cada isla. La transparencia y la buena gestión son esenciales para que la ciudadanía comprenda y apoye las decisiones que se toman en materia de gestión migratoria.
Proponemos que se utilicen criterios objetivos y claros para la distribución de menores entre las islas, similares a los que aplica el Ministerio de Juventud e Infancia. Estos criterios podrían basarse en la población, la renta per cápita, la tasa de paro y la dispersión de la población. En particular, apoyamos la Propuesta Share, surgida del Gobierno Vasco, que pondera un 30% la población, un 50% el PIB per cápita y un 20% el paro. Este enfoque ofrecería un marco previsible y justo para la distribución de los menores y permitiría una mejor planificación y gestión.
No comprendemos por qué se ha acordado un límite de 2.000 menores para Canarias, que puede aumentar a 3.000 en caso de emergencia, mientras que otras comunidades autónomas asumirán cantidades significativamente menores. Si Canarias debe acoger a 3.000 menores, la distribución equilibrada es la única manera de evitar disfunciones, vulneraciones de derechos, improvisaciones, alarmas sociales y manipulaciones de la realidad por parte de organizaciones racistas y xenófobas.
Además, es imperativo encontrar soluciones para los menores que, al cumplir los 18 años, se encuentran de repente en una situación de desamparo. Sin documentación ni posibilidades de salir de la isla, conseguir un trabajo o un hogar, estos jóvenes se convierten en personas sin techo, sin futuro, deambulando por nuestras calles. Este problema debe abordarse con urgencia para evitar que caigan en la desesperanza y la exclusión social.
En resumen, desde el Cabildo de Gran Canaria apoyamos la reforma legislativa propuesta por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para la distribución de menores no acompañados en el conjunto de las comunidades autónomas, aunque entendemos que lo más rápido es que se realice mediante el Decreto Ley. Al mismo tiempo, demandamos criterios objetivos para la distribución de estos menores entre las islas y exigimos una solución urgente para aquellos que cumplen 18 años y se enfrentan a una situación de sinhogarismo.
Sinceramente, creo que el Gobierno de España, la mayoría de los partidos políticos españoles o las comunidades del estado, no está calibrando adecuadamente las consecuencias sociales y políticas de seguir insistiendo en una política que por la vía de los hechos convierte a Canarias en un territorio de detención y retención de personas migrantes. Un territorio en el que además estas personas corren el riesgo de quedarse “encerradas” en un limbo legal que ni les permite residir legalmente, ni continuar su viaje ni retornar a sus países. No podemos permitirlo.
Es fundamental que actuemos con justicia, humanidad y transparencia en la gestión de este reto de la sociedad actual. Solo así podremos garantizar un futuro digno para estos menores y mantener la cohesión social en nuestras islas. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber moral.
Las migraciones han existido a lo largo de toda la historia y van a seguir existiendo, por lo que debe haber una gestión adecuada con el objetivo de que sea un factor de desarrollo y bienestar para las personas que migran, así como para los países de acogida y origen. Pero mal gestionadas generan un sinfín de problemas sociales, vulneración de derechos humanos y aumento de la xenofobia, de lo que se aprovechan organizaciones populistas y extremistas, como ha hecho VOX hace unos días y como están haciendo en nuestra isla y en el conjunto del Estado, para no quedarse atrás y perder votos reaccionarios, otras organizaciones de derechas que han acudido a los medios de comunicación a relacionar la migración con la inseguridad, el paro y la pobreza. Fíjense en el PP solicitando la intervención de la Armada.
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
