Lunes, 14 de ocubre.
El Grupo Ambiental de la Uidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha identificado y denunciado al presunto autor de un vertido en el cauce de Barranco Seco, donde se había hallado abundante información sensible de numerosas administraciones, por lo que el denunciado se puede enfrentar a sanciones de entre 2.000 y 100.000 euros.
El Concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, se ha congratulado por el trabajo realizado por los agentes de la policía, "que ha permitido identificar al autor de esta acción incívida que rompe con las conductas mínimas exigibles para mantener una buena convivencia".
Asimismo, aseguró que "seguiremos trabajando para ampliar la vigilancia y evitar estos vertidos que en algunos casos ocasionan importantes daños al medio ambiente con productos contaminantes y en otros, como en esta ocasión, dejan al alcance de cualquier personas información personal sensible"
La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando se detecto en los bajos del viaducto de la autovía GC-3 diversa documentación con datos sensibles de numerosas administraciones, entes públicos, empresas y personas que contenía certificados personales, fotocopias de DNI, contratos de trabajo, informes médicos y expedientes, entre otros.
El trabajo policial de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria les llevó a un particular, que había adquirido por subasta una nave en el Polígono Industrial de Arinaga, donde se encontraba la sede de una empresa que había entrado en concurso de acreedores.
El presunto autor, al ser preguntado por los investigadores, por el vertido localizado en Barranco Seco, reconoció la adquisición de la instalación y que recientemente había encargado su rehabilitación, peron o preció la empresa a las que había encomendado las labores de limpieza ni acreditó la destrucción certificada de los documentos con información confidencial que habían localizado bajo el puente.
Ante estos hechos, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria procedió a denunciar a esta persona por una infracción de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuya sanción oscila entre los 2.000 y 100.000 euros.
Asimismo, se ha dado conocimiento de lo ocurrido a la Agencia España de Protección de Datos (AEPD), que puede proponer también otra sanción.
El Concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, se ha congratulado por el trabajo realizado por los agentes de la policía, "que ha permitido identificar al autor de esta acción incívida que rompe con las conductas mínimas exigibles para mantener una buena convivencia".
Asimismo, aseguró que "seguiremos trabajando para ampliar la vigilancia y evitar estos vertidos que en algunos casos ocasionan importantes daños al medio ambiente con productos contaminantes y en otros, como en esta ocasión, dejan al alcance de cualquier personas información personal sensible"
La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando se detecto en los bajos del viaducto de la autovía GC-3 diversa documentación con datos sensibles de numerosas administraciones, entes públicos, empresas y personas que contenía certificados personales, fotocopias de DNI, contratos de trabajo, informes médicos y expedientes, entre otros.
El trabajo policial de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria les llevó a un particular, que había adquirido por subasta una nave en el Polígono Industrial de Arinaga, donde se encontraba la sede de una empresa que había entrado en concurso de acreedores.
El presunto autor, al ser preguntado por los investigadores, por el vertido localizado en Barranco Seco, reconoció la adquisición de la instalación y que recientemente había encargado su rehabilitación, peron o preció la empresa a las que había encomendado las labores de limpieza ni acreditó la destrucción certificada de los documentos con información confidencial que habían localizado bajo el puente.
Ante estos hechos, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria procedió a denunciar a esta persona por una infracción de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuya sanción oscila entre los 2.000 y 100.000 euros.
Asimismo, se ha dado conocimiento de lo ocurrido a la Agencia España de Protección de Datos (AEPD), que puede proponer también otra sanción.
