Jueves, 12 de marzo.
La Provincia
Los dos jóvenes detenidos en Arinaga en julio de 2025, Y.O. y C.S., que presuntamente filtraron y vendieron datos personales de diversas personalidades, podrían ver cómo su caso pasa a la jurisdicción de los tribunales de Gran Canaria por una rebajan en la magnitud del caso por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pasa de una acusación inicial de ciberterrorismo a un supuesto delito de descubrimiento y revelación de datos personales.
El caso, que de momento continúa siendo investigado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, está siendo tramitado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y, según la información adelantada por ABC, la Fiscalía ha realizado la petición de que pase a un juzgado ordinario, ya que considera que el órgano judicial actual carece de competencias porque no se trata de un asunto de terrorismo.
Bajo los seudónimos de Pakito y Akkaspace (Y.O. y C.S., respectivamente, fueron detenidos en julio en sus domicilios de Arinaga y trasladados a Madrid para comparecer ante la Audiencia Nacional después de poner en jaque durante casi dos semanas los sistemas de seguridad del Estado, tras la divulgación de los DNI, direcciones de domicilio, números de teléfono y correos electrónicos de dirigentes políticos.
Entre los datos, los jóvenes manejaban los de Pedro Sánchez, Francina Armengol, María Jesús Montero, y Óscar Puente, entre otros, que comercializaban presuntamente con el acceso a bases de datos con información sensible.
El principal investigado de la causa, Y.O., habría sido el autor de los ciberataques, mientras que C.S. sería el encargado de manejar los ingresos que recibían a través de criptomonedas.
Además de la escena política, los dos vecinos de Arinaga también pusieron el foco en los medios de comunicación y habrían robado datos de periodistas como Juanma Castaño o Marc Giró.
La defensa de Giró es precisamente la principal opositora a la petición realizada por la Fiscalía, si bien desde el Ministerio Público consideran que los hechos delictivos no tenían como objetivo "subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública", ademas de que tampoco atacaron bases de datos comprometidas como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del propio Gobierno de España.
La investigación se remonta a junio, después de que en un canal de Telegram difundiese en varias tanda datos personales de los dirigentes.
Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos, y que no tenían antecedentes vinculados a filtraciones o hackeos, reivindicaban la posesión de los mismos, informó entonces la Policía Nacional, que agrega que los jóvenes alardeaban de su capacidad para venderlos y lanzaban mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones en la misma línea, con el "consiguiente peligro para la seguridad nacional".
La primera filtración se produjo desde un canal con más de 92.000 seguidores y fueron publicados por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario después.
La presunta estructura creada por los detenidos para las actividades delictivas incluía el cobro mediante el uso de criptomonedas, lo que facilita el anonimato y dificulta el rastro de los fondos obtenidos.
La información privada era la base de su negocio ya que, presuntamente, vendían los datos personales de los políticos a cambio de unos 200 euros en monedas virtuales.
"Además, valiéndose de la publicidad y trascendencia de las publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contienen informaciones sensibles», explican fuentes cercanas a la investigación, respecto al papel que entonces le adjudicaban al primero de los jóvenes, mientras que al segundo lo señalan como encargado, presuntamente, de monetizar las actividades y responsable de la gestión del monedero virtual en el que recibían los pagos.
El informe de la Comisaría General de Información sostiene que "los mismos perfiles que publicaban los datos reivindicaban su posesión" y, no contentos con esto, alardeaban de su capacidad para venderlos y «lanzaban mensajes amenazantes» de futuras publicaciones.
La Policía Nacobal tilda su actividad de "grave amenaza para la seguridad nacional" y ocho meses después de su arresto, la causa toma un giro y debe aclarar si se trató de un caso de terrorismo o, simplemente, de revelación de secretos.
El caso, que de momento continúa siendo investigado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, está siendo tramitado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y, según la información adelantada por ABC, la Fiscalía ha realizado la petición de que pase a un juzgado ordinario, ya que considera que el órgano judicial actual carece de competencias porque no se trata de un asunto de terrorismo.
Bajo los seudónimos de Pakito y Akkaspace (Y.O. y C.S., respectivamente, fueron detenidos en julio en sus domicilios de Arinaga y trasladados a Madrid para comparecer ante la Audiencia Nacional después de poner en jaque durante casi dos semanas los sistemas de seguridad del Estado, tras la divulgación de los DNI, direcciones de domicilio, números de teléfono y correos electrónicos de dirigentes políticos.
Entre los datos, los jóvenes manejaban los de Pedro Sánchez, Francina Armengol, María Jesús Montero, y Óscar Puente, entre otros, que comercializaban presuntamente con el acceso a bases de datos con información sensible.
El principal investigado de la causa, Y.O., habría sido el autor de los ciberataques, mientras que C.S. sería el encargado de manejar los ingresos que recibían a través de criptomonedas.
Además de la escena política, los dos vecinos de Arinaga también pusieron el foco en los medios de comunicación y habrían robado datos de periodistas como Juanma Castaño o Marc Giró.
La defensa de Giró es precisamente la principal opositora a la petición realizada por la Fiscalía, si bien desde el Ministerio Público consideran que los hechos delictivos no tenían como objetivo "subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública", ademas de que tampoco atacaron bases de datos comprometidas como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del propio Gobierno de España.
La investigación se remonta a junio, después de que en un canal de Telegram difundiese en varias tanda datos personales de los dirigentes.
Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos, y que no tenían antecedentes vinculados a filtraciones o hackeos, reivindicaban la posesión de los mismos, informó entonces la Policía Nacional, que agrega que los jóvenes alardeaban de su capacidad para venderlos y lanzaban mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones en la misma línea, con el "consiguiente peligro para la seguridad nacional".
La primera filtración se produjo desde un canal con más de 92.000 seguidores y fueron publicados por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario después.
La presunta estructura creada por los detenidos para las actividades delictivas incluía el cobro mediante el uso de criptomonedas, lo que facilita el anonimato y dificulta el rastro de los fondos obtenidos.
La información privada era la base de su negocio ya que, presuntamente, vendían los datos personales de los políticos a cambio de unos 200 euros en monedas virtuales.
"Además, valiéndose de la publicidad y trascendencia de las publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contienen informaciones sensibles», explican fuentes cercanas a la investigación, respecto al papel que entonces le adjudicaban al primero de los jóvenes, mientras que al segundo lo señalan como encargado, presuntamente, de monetizar las actividades y responsable de la gestión del monedero virtual en el que recibían los pagos.
El informe de la Comisaría General de Información sostiene que "los mismos perfiles que publicaban los datos reivindicaban su posesión" y, no contentos con esto, alardeaban de su capacidad para venderlos y «lanzaban mensajes amenazantes» de futuras publicaciones.
La Policía Nacobal tilda su actividad de "grave amenaza para la seguridad nacional" y ocho meses después de su arresto, la causa toma un giro y debe aclarar si se trató de un caso de terrorismo o, simplemente, de revelación de secretos.