Viernes, 3 de abril.
Redacción
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a la Mancomunidad del Sureste al desestimar íntegramente la reclamación de casi ocho millones de euros presentada por Acciona Agua, SAU.
La empresa concesionaria de la planta desaladora de la comarca solicitaba una compensación por el incremento extraordinario del coste de la electricidad en la explotación durante los años 2021 y 2022.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma así la sentencia dictada en primera instancia el 8 de mayo de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, cerrando un largo proceso judicial en favor de la administración pública.
Tanto el juzgado como ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en un fallo notificado este mes de marzo, concluyen que los sobrecostes no generan automáticamente el derecho a indemnización al estar sujetos al principio de riesgo y ventura propio de los contratos públicos.
Acciona Agua reclamaba 7.823.926,89 euros (metodología 1) o subsidiariamente 7.942.736,52 euros (metodología 2) por sobrecostes en dos periodos: de julio a diciembre de 2021 y de enero a agosto de 2022.
El tribunal basó su decisión en la valoración de la prueba practicada, que indicaba que los sobrecostes ya habían sido compensados por la Mancomunidad del Sureste, aunque aplicando una metodología diferente a la propuesta por Acciona.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma así la sentencia dictada en primera instancia el 8 de mayo de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, cerrando un largo proceso judicial en favor de la administración pública.
Tanto el juzgado como ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en un fallo notificado este mes de marzo, concluyen que los sobrecostes no generan automáticamente el derecho a indemnización al estar sujetos al principio de riesgo y ventura propio de los contratos públicos.
Acciona Agua reclamaba 7.823.926,89 euros (metodología 1) o subsidiariamente 7.942.736,52 euros (metodología 2) por sobrecostes en dos periodos: de julio a diciembre de 2021 y de enero a agosto de 2022.
El tribunal basó su decisión en la valoración de la prueba practicada, que indicaba que los sobrecostes ya habían sido compensados por la Mancomunidad del Sureste, aunque aplicando una metodología diferente a la propuesta por Acciona.
Así, destacó que había abonado 6.734.933,86 euros por los servicios prestados en esos periodos, lo que daría lugar a una doble indemnización y, en consecuencia, desestima el recurso de apelación interpuesto por la empresa y le impone el pago de las costas procesales en ambas instancias.
La defensa jurídica, dirigida por el despacho especializado Acosta & Navarro, bajo la dirección letrada de Javier Navarro, ha sido clave en el desarrollo del procedimiento, logrando proteger los intereses públicos y consolidar un criterio relevante en materia de contratación administrativa, destacan desde el ente supramunicipal que integra a los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
El fallo refuerza la seguridad jurídica en la gestión de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, al tiempo que delimita los supuestos en los que la administración debe asumir sobrecostes en contratos concesionados.
La defensa jurídica, dirigida por el despacho especializado Acosta & Navarro, bajo la dirección letrada de Javier Navarro, ha sido clave en el desarrollo del procedimiento, logrando proteger los intereses públicos y consolidar un criterio relevante en materia de contratación administrativa, destacan desde el ente supramunicipal que integra a los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
El fallo refuerza la seguridad jurídica en la gestión de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, al tiempo que delimita los supuestos en los que la administración debe asumir sobrecostes en contratos concesionados.
No obstante, la sentencia no es firme, ya que la empresa aún puede interponer recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo.