Jueves, 8 de octubre.
Canarias7
El magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, especializada en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, ha acordado incoar sumario contra los 12 investigados de la Operación Íncubo, la presunta trama de explotación sexual de menores, captación y prostitución infantil destapada en Gran Canaria.
En un auto fechado el 22 de septiembre, el instructor aprecia indicios racionales de criminalidad contra todos ellos y encauza la causa por el procedimiento ordinario, el reservado a delitos cuya pena abstracta supera los nueve años de prisión y, en los más graves, hasta 12 años por cada uno.
La causa nace de los atestados instruidos por la Policía Nacional y la Policía Canaria, que pusieron al descubierto una presunta red con ramificaciones en Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes y otras localidades de la isla.
La investigación arrancó en marzo de 2024 y la operación policial se hizo visible en enero de 2025 con las primeras detenciones.
Los hechos que recoge ahora el auto se remontan hasta 2016 y se concentran sobre todo entre 2022 y 2024.
Las presuntas víctimas son chicas de entre 13 y 17 años, con algún caso de una menor de 14 años o incluso menos en el momento de los hechos.
Agustín A.B., alias Yino y vecino de Agüimes, el principal investigado y que también es el cabecilla de la trama llamada 18 Lovas habló en una declaración espontánea tras su detención, que el auto reproduce, de menores de entre 12 y 17 años.
El instructor hace hincapié en la situación de desamparo de varias de ellas, u aparecen menores residentes en centros de menores o en un hogar de protección y en abril de 2024, varias internas de uno de esos centros, informaron a la policía de que una compañera subía a un coche que acudía a recogerla allí.
El auto añade que uno de los investigados sabía que otra de las chicas estaba en un centro de menores porque así constaba en las conversaciones de su teléfono, mientras que una perjudicada, de menor de edad, declaró que se decía que Yino prostituía a "niñas de centros".
Entre las denunciantes figura la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, a cuyos expedientes remite el auto para valorar la vulnerabilidad de una de las víctimas.
El modus operandi varía según el investigado, pero el auto describe un patrón que era el de ganarse la confianza de la menor y, a partir de ahí, ofrecerle dinero, regalos o drogas a cambio de sexo.
A Agustín A.B., al que sitúa como pieza central de la captación y podría afrontar una petición de condena de hasta 73 años de prisión, le atribuye el presunto uso de contactos personales, redes sociales y locales de ocio nocturno de Playa del Inglés para ofrecer a chicas jóvenes la entrada gratuita a varias discotecas con copas, shisha y transporte incluidos, bajo la fórmula de chica imagen o invitada.
Solo tenían que presentarse en la puerta, preguntar por el responsable y decir que iban de parte de Yino, que era quien las llevaba en coche y, ya con sus contactos y su confianza, les ofrecía después otros servicios de naturaleza sexual, para sí mismo o para terceros.
El 8 de junio de 2024 la Policía le siguió la pista por la sospecha de que trasladaba a jóvenes a las discotecas: no obtuvo resultado porque adoptó medidas de contravigilancia, aparcando en lugares estratégicos y dando vueltas a un mismo parque.
De forma fortuita, una confidente de la Policía recibió un mensaje de Instagram suyo en el que le decía que había dejado a cuatro chicas en el CC Plaza y que iba a Las Palmas de Gran Canaria a recoger a más jóvenes, y le proponía unirse.
El contacto digital ocupa un lugar central, y el auto menciona Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok y Telegram como canales, y vincula al presunto cabecilla de la trama con dos cuentas desde las que abordaba a las menores.
Según los volcados de los teléfonos, dos de los investigados recurrían a aplicaciones y perfiles de "sugar daddy", con promesas de dinero, teléfonos móviles, bolsos o viajes.
José Luis S.P., alias Ayose y el segundo investigado de más calado de la trama, usaba Telegram para ofrecer drogas y dinero.
Un agente encubierto contactó con él el 6 de octubre de 2024 haciéndose pasar por una menor de 15 años y, según el auto, él le propuso relaciones a cambio de una contraprestación económica y material, además del envío de material pornográfico.
Las menores relataron también videollamadas o vídeos de contenido sexual pagados, a veces por 10 o 20 euros cada uno.
Uno de los rasgos que más destaca el auto es la cadena de contactos, ya que según lo que declararon las menores y reflejan los volcados, Agustín A.B. remitía supuestamente fotografías y teléfonos de chicas a posibles clientes: a uno de los investigados le pasó el contacto de una de ellas y a otro los números de dos primas, que, según contaron, terminaron acostándose con él.
A otro lo puso en contacto con una chica de 16 años a cambio de dinero y a una de las menores le pidió que le presentara a otras niñas.
Recoge además que algunas de las chicas pasaron los datos de amigas, y varios investigados coincidían con las mismas víctimas: una de ellas aparece en las imputaciones de 7 de los 12.
Los pagos que menciona el instructor, siempre según las declaraciones de víctimas e investigados, van de 10 o 20 euros por un vídeo o una videollamada y 30 euros por un encuentro a 50, 100 o 150 euros por una relación sexual completa.
A una de las víctimas, un investigado le entregó 150 euros por una primera relación y cannabis por la segunda; a otra, uno de los investigados le pagó 600 euros, y hay episodios en los que el pago fue directamente en droga: hachís, cannabis y cocaína.
Las menores eran trasladadas, siempre según lo que relataron, en coches de los propios investigados a una finca de Agüimes, viviendas con jacuzzi o piscina, una gasolinera, un hotel y trasteros alquilados.
A José Luis S.P. se le atribuye el uso de dos de ellos y en ambos la Policía halló un colchón; en el primero, el que según las menores se usaba para mantener relaciones sexuales.
En los registros se le intervinieron unos 10.000 euros, droga y numerosos dispositivos, además de líquido de frenos que, según el auto, se puede utilizar para cortar cocaína.
El consumo de drogas atraviesa buena parte de los hechos, y el auto recoge fotografías y un vídeo de una de las menores consumiendo cocaína y atribuye a José Luis S.P. un delito de tráfico de drogas agravado por la droga que habría entregado a todas las menores, no solo a una, mientras que algunas víctimas declararon también haber vendido droga por encargo suyo.
Para sostener los indicios, el magistrado se apoya en las declaraciones de las víctimas, en sede policial y judicial, con pruebas preconstituidas de varias de ellas; el volcado y análisis forense de los teléfonos de los investigados; seguimientos policiales; reconocimientos fotográficos y ruedas de reconocimiento; el análisis de redes sociales; informes periciales y médicos; y las declaraciones espontáneas de algunos de los investigados.
Entre los 12 investigados, cuatro responden únicamente por prostitución de menores, otros cinco también por agresión sexual a menores de 16 años y uno solo por esta última.
Los dos restantes, Agustín A.B. y José Luis S.P., acumulan la mayor parte de los delitos, y el resto son Ahmad Hussain A.A., Andrés D.; Domingo H.T., vecino de Agüimes que permaneció en prisión de marzo a septiembre, hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas decretara su libertad sin fianza al descartar riesgo de fuga, la carencia de antecedentes penales y vínculos familiares y profesionales; Eduardo P.I.; Eugenio L.; Francisco Javier G.G.; Luis M.S.; Manuel Jesús S.T.; Salvador Joel C.S.; y Zeus D.P.
En un auto fechado el 22 de septiembre, el instructor aprecia indicios racionales de criminalidad contra todos ellos y encauza la causa por el procedimiento ordinario, el reservado a delitos cuya pena abstracta supera los nueve años de prisión y, en los más graves, hasta 12 años por cada uno.
La causa nace de los atestados instruidos por la Policía Nacional y la Policía Canaria, que pusieron al descubierto una presunta red con ramificaciones en Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes y otras localidades de la isla.
La investigación arrancó en marzo de 2024 y la operación policial se hizo visible en enero de 2025 con las primeras detenciones.
Los hechos que recoge ahora el auto se remontan hasta 2016 y se concentran sobre todo entre 2022 y 2024.
Las presuntas víctimas son chicas de entre 13 y 17 años, con algún caso de una menor de 14 años o incluso menos en el momento de los hechos.
Agustín A.B., alias Yino y vecino de Agüimes, el principal investigado y que también es el cabecilla de la trama llamada 18 Lovas habló en una declaración espontánea tras su detención, que el auto reproduce, de menores de entre 12 y 17 años.
El instructor hace hincapié en la situación de desamparo de varias de ellas, u aparecen menores residentes en centros de menores o en un hogar de protección y en abril de 2024, varias internas de uno de esos centros, informaron a la policía de que una compañera subía a un coche que acudía a recogerla allí.
El auto añade que uno de los investigados sabía que otra de las chicas estaba en un centro de menores porque así constaba en las conversaciones de su teléfono, mientras que una perjudicada, de menor de edad, declaró que se decía que Yino prostituía a "niñas de centros".
Entre las denunciantes figura la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, a cuyos expedientes remite el auto para valorar la vulnerabilidad de una de las víctimas.
El modus operandi varía según el investigado, pero el auto describe un patrón que era el de ganarse la confianza de la menor y, a partir de ahí, ofrecerle dinero, regalos o drogas a cambio de sexo.
A Agustín A.B., al que sitúa como pieza central de la captación y podría afrontar una petición de condena de hasta 73 años de prisión, le atribuye el presunto uso de contactos personales, redes sociales y locales de ocio nocturno de Playa del Inglés para ofrecer a chicas jóvenes la entrada gratuita a varias discotecas con copas, shisha y transporte incluidos, bajo la fórmula de chica imagen o invitada.
Solo tenían que presentarse en la puerta, preguntar por el responsable y decir que iban de parte de Yino, que era quien las llevaba en coche y, ya con sus contactos y su confianza, les ofrecía después otros servicios de naturaleza sexual, para sí mismo o para terceros.
El 8 de junio de 2024 la Policía le siguió la pista por la sospecha de que trasladaba a jóvenes a las discotecas: no obtuvo resultado porque adoptó medidas de contravigilancia, aparcando en lugares estratégicos y dando vueltas a un mismo parque.
De forma fortuita, una confidente de la Policía recibió un mensaje de Instagram suyo en el que le decía que había dejado a cuatro chicas en el CC Plaza y que iba a Las Palmas de Gran Canaria a recoger a más jóvenes, y le proponía unirse.
El contacto digital ocupa un lugar central, y el auto menciona Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok y Telegram como canales, y vincula al presunto cabecilla de la trama con dos cuentas desde las que abordaba a las menores.
Según los volcados de los teléfonos, dos de los investigados recurrían a aplicaciones y perfiles de "sugar daddy", con promesas de dinero, teléfonos móviles, bolsos o viajes.
José Luis S.P., alias Ayose y el segundo investigado de más calado de la trama, usaba Telegram para ofrecer drogas y dinero.
Un agente encubierto contactó con él el 6 de octubre de 2024 haciéndose pasar por una menor de 15 años y, según el auto, él le propuso relaciones a cambio de una contraprestación económica y material, además del envío de material pornográfico.
Las menores relataron también videollamadas o vídeos de contenido sexual pagados, a veces por 10 o 20 euros cada uno.
Uno de los rasgos que más destaca el auto es la cadena de contactos, ya que según lo que declararon las menores y reflejan los volcados, Agustín A.B. remitía supuestamente fotografías y teléfonos de chicas a posibles clientes: a uno de los investigados le pasó el contacto de una de ellas y a otro los números de dos primas, que, según contaron, terminaron acostándose con él.
A otro lo puso en contacto con una chica de 16 años a cambio de dinero y a una de las menores le pidió que le presentara a otras niñas.
Recoge además que algunas de las chicas pasaron los datos de amigas, y varios investigados coincidían con las mismas víctimas: una de ellas aparece en las imputaciones de 7 de los 12.
Los pagos que menciona el instructor, siempre según las declaraciones de víctimas e investigados, van de 10 o 20 euros por un vídeo o una videollamada y 30 euros por un encuentro a 50, 100 o 150 euros por una relación sexual completa.
A una de las víctimas, un investigado le entregó 150 euros por una primera relación y cannabis por la segunda; a otra, uno de los investigados le pagó 600 euros, y hay episodios en los que el pago fue directamente en droga: hachís, cannabis y cocaína.
Las menores eran trasladadas, siempre según lo que relataron, en coches de los propios investigados a una finca de Agüimes, viviendas con jacuzzi o piscina, una gasolinera, un hotel y trasteros alquilados.
A José Luis S.P. se le atribuye el uso de dos de ellos y en ambos la Policía halló un colchón; en el primero, el que según las menores se usaba para mantener relaciones sexuales.
En los registros se le intervinieron unos 10.000 euros, droga y numerosos dispositivos, además de líquido de frenos que, según el auto, se puede utilizar para cortar cocaína.
El consumo de drogas atraviesa buena parte de los hechos, y el auto recoge fotografías y un vídeo de una de las menores consumiendo cocaína y atribuye a José Luis S.P. un delito de tráfico de drogas agravado por la droga que habría entregado a todas las menores, no solo a una, mientras que algunas víctimas declararon también haber vendido droga por encargo suyo.
Para sostener los indicios, el magistrado se apoya en las declaraciones de las víctimas, en sede policial y judicial, con pruebas preconstituidas de varias de ellas; el volcado y análisis forense de los teléfonos de los investigados; seguimientos policiales; reconocimientos fotográficos y ruedas de reconocimiento; el análisis de redes sociales; informes periciales y médicos; y las declaraciones espontáneas de algunos de los investigados.
Entre los 12 investigados, cuatro responden únicamente por prostitución de menores, otros cinco también por agresión sexual a menores de 16 años y uno solo por esta última.
Los dos restantes, Agustín A.B. y José Luis S.P., acumulan la mayor parte de los delitos, y el resto son Ahmad Hussain A.A., Andrés D.; Domingo H.T., vecino de Agüimes que permaneció en prisión de marzo a septiembre, hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas decretara su libertad sin fianza al descartar riesgo de fuga, la carencia de antecedentes penales y vínculos familiares y profesionales; Eduardo P.I.; Eugenio L.; Francisco Javier G.G.; Luis M.S.; Manuel Jesús S.T.; Salvador Joel C.S.; y Zeus D.P.