Antonio Morales*
Y qué bien le sienta el petróleo. Confieso que en estos últimos días he
estado tentado de coger los bártulos, levantar mi casa y trasladarme a vivir
definitivamente al paraíso que, según me han contado, ha propiciado Repsol en
los últimos años en la antigua Tarraco romana. He llegado a la conclusión de
que los problemas de nuestros pescadores, de la escasez y carestía del pescado
en Canarias, se debe a que la falta de un toquito de crudo en nuestras aguas
disuade a los peces a la hora de reproducirse. También me han convencido de que
nuestros camarones soldado de aguas profundas no se atreven a salir a la
superficie, como las gambas de Tarragona, porque necesitan ese puntito de grasa
que la ausencia de perforaciones impide.
Por lo que he leído, visto y oído, probablemente existen muy pocos lugares
en el mundo donde la compatibilidad del turismo con la industria pesada
adquieren una complementación tan extraordinaria. Y, según parece, está
todo el mundo contento. Están contentos los responsables políticos, los
representantes de los pescadores, los trabajadores… Pero ese aire bucólico no
me casa con las noticias que los medios de comunicación más cercanos a la Costa Dorada
mediterránea, y otros no tan cercanos, nos vienen transmitiendo desde hace
algunos años. Desde 2004 hasta la actualidad se han producido en esa zona 18
vertidos de los que 8, algunos de una considerable dimensión, corresponden a
Repsol. El primer derrame repsoliano, de dos kilómetros de largo, lo ocasionó
en febrero de 2004 la plataforma Casablanca, y luego vendrían otros en ese mismo
año, en 2006, 2007 (2), 2009, 2010 (2)…
Durante todos estos años la prensa no ha cesado de informarnos sobre estos
incidentes. En 2007, elEconomista.es anunciaba que las cofradías de pescadores
de Tarragona y Cambrils estudiaban querellarse contra la petrolera por vertidos
de crudo frente a las costas. El mismo representante de los pescadores que hoy
se pasea por los medios hablando de las bondades del petróleo, Esteve
Ortiz, apuntaba cómo le estaban afectando los derrames a la flota
pesquera y a las especies marinas. En 2008, una fuga tóxica provocó la muerte de
toneladas de peces y el corte de parte del suministro de agua a la ciudad. En
2009, el juzgado número 3 de Tarragona, a instancias de la fiscalía, abrió una
investigación por la vía penal contra la petrolera y la empresa Pride of North
America por un presunto delito contra el medio ambiente, al producirse dos fugas
de crudo sin que se informara de ello a las autoridades. En noviembre del
mismo año, El País nos participaba que los pescadores habían conseguido que la
compañía les indemnizara (se hablaba de 1,5 millones de euros) por los daños
causados. En diciembre de 2010, el periódico El Mundo daba cuenta de una
investigación abierta por la
Subdelegación del Gobierno en Tarragona por un vertido de
fuel que alcanzó una extensión de 19 kilómetros cuadrados, "el equivalente a
2.000 campos de fútbol", decía. Más tarde se supo que el Ministerio de Medio
Ambiente había eximido a la empresa del estudio de impacto ambiental (EIA)
correspondiente. En diciembre de 2010, el error de un operario provocó un
vertido ante el Delta del Ebro de entre 120.000 y 180.000 litros que
ocupaba unas 1.900
hectáreas. En enero de 2011, El Periódico de Cataluña
publicaba que los vertidos de petróleo se abrían paso en los juzgados
tarraconenses y nos decía que "la costa de Tarragona no sale indemne de la
intensa actividad petrolera que se desarrolla en sus aguas". Según el Fiscal de
Medio Ambiente de Tarragona, todos los expedientes abiertos siguen su cauce y no
están archivados. Por esas mismas fechas, el periódico de Prisa, afirmaba
que el Gobierno exigía más seguridad a Repsol tras el goteo de vertidos: "La
repetición de fugas nos obliga a revisar los protocolos de seguridad de Repsol
para evitar más vertidos", advertía la Subdelegada del Gobierno. El alcalde,
del PSOE, llamaba a la asunción de más inversiones en seguridad y al
compromiso "de tener riesgos cero en estas fugas", lo que fue contestado
por la compañía con el anuncio de una inversión de 130 millones de euros.
También en esta ocasión el patrón mayor de la Cofradía, Esteve Ortiz,
decía en ABC que se quejaban de la falta de información por parte de la
compañía petrolífera, que "sólo acaban consiguiendo cuando acuden a los
tribunales".
En fin, que no parece que todo sea una balsa de aceite. O sí, según se mire.
Lo cierto es que Ángel Suárez, Presidente de la Coordinadora de
Entidades de las Comarcas de Tarragona, ha pedido la creación de un Tribunal
Internacional de Medio Ambiente que "permita perseguir, juzgar y sancionar a
las multinacionales que están contaminando nuestros mares y océanos con la
máxima tranquilidad y sin ningún control".
Visto lo visto, no me mudo. Y
seguiré confiando en la capacidad de la sociedad canaria para defender un
modelo energético limpio, renovable, autosuficiente, soberano, respetuoso con
la naturaleza, plural, democrático, cercano…
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
