Martes, 02 de octubre.
Antonio Morales*
La semana pasada publiqué un artículo, titulado “Un nuevo calambrazo”, en el
que narraba el proceso seguido hasta que el Ministerio de Industria
culminó y presentó una propuesta de reforma energética. Contaba como, al
final, quienes han terminado llevándose el gato al agua son las grandes
eléctricas que operan en este país (el lobby Iberdrola, Endesa y Gas Natural,
fundamentalmente), que salen reforzadas ante las renovables y los consumidores
que terminarán pagando los platos rotos en forma de recortes, asfixia económica
y zancadillas las primeras y con una disminución de la calidad del
servicio y aumento de las tarifas los segundos.
Lamentablemente, en apenas unos días estas aseveraciones se han ido confirmando.
Una semana después de su aprobación, el propio gobierno reconocía un aumento del
precio del gas en un 8%. El Presidente de la Comisión Nacional
de la Energía,
que aseguraba que la cuota de mercado del lobby es de un 93% y que el 90% de
los consumidores contrata la electricidad con los monopolios regionales que
disfrutan cuotas de mercado del orden de un 90%, confirmaba que “el precio de la electricidad va aumentar un
16% en los mercados mayoristas el próximo año, lo que va a significar un impacto
del 8% sobre el recibo doméstico y aún mayor sobre lo que paga la industria”.
La patronal de la gran industria española Aege denunciaba que el nuevo
aumento previsto para el 2013 en el recibo de la luz será la puntilla para el
sector, que ve como el precio del megavatio sigue aumentando en España frente a
bajadas considerables en países como Alemania, lo que les hace perder
competitividad. El Presidente de Unesa (la patronal de las eléctricas que
engloba a las tres citadas anteriormente además de HC Energía y E. On) nos
remachaba en La Gaceta
lo que ya algunos de sus socios aventuraron en un primer momento: “el mercado es libre y funciona. El Gobierno
puede estar vigilante, pero el mercado es como es y es quién decidirá si los
impuestos a las eléctricas se trasladará a los recibos de sus clientes”.
Por supuesto que no se cortó un pelo para volver a pedir más reducciones
de primas a las renovables y “profundizar
en la liberalización del mercado”. Es lo mismo que pedía El Mundo el pasado
día 24 y lo que acaba de anunciar José Manuel Soria en el Congreso: la
liberación total del sistema eléctrico que incluye la eliminación de la TUR, la revisión del bono
social y más ajustes a las renovables.
Es la dura realidad de un país en manos de un auténtico grupo de poder
energético que posibilitó José María Aznar a finales de los años noventa
con la privatización de las eléctricas públicas españolas, a precio de saldo,
como denunciaron algunos órganos de control. Casualmente, el expresidente
después pasaría a ser empleado de una de las empresas resultantes de la
privatización (Endesa). La escenificación más palmaria del poder de un trust
sobre el Gobierno.
Pero nada de esto es casualidad. Y no sucede solo en España. Se trata de un
proceso perfectamente diseñado por el neoliberalismo económico y político para
minimizar el papel del Estado en la economía, someter el gobierno de lo público
y controlar la energía mundial, una pieza fundamental y estratégica de
poder. Pero si quieren saber más de esto y por qué está ocurriendo lo que ésta
ocurriendo con la energía en este país y en el planeta, les recomiendo la
lectura de un libro (“Energía y poder. La lucha por el control de la
electricidad en el mundo”. Fondo de Cultura Económica) de la profesora e
investigadora australiana Sharon Beder.
Les resumo su análisis. Frente a la firme decisión de los estados en el
siglo XIX de planificar y controlar las infraestructuras desde un servicio
eléctrico público estratégico o al empecinamiento posterior de Roosevelt por
hacer frente al poder de las emergentes grandes empresas eléctricas que
peleaban por hacerse con el control de la energía, a partir de las últimas
décadas del siglo XX la estrategia ha sido otra. Tras un primer embate en la
década de los ochenta, en los años noventa, con el neoliberalismo en pleno auge
y con una estrategia consensuada entre el FMI, el Banco Mundial y la UE, la electricidad se
liberalizó, se privatizó y se desreguló en todo el mundo, doblegándose a las
fuerzas del mercado y provocando una transferencia masiva de propiedad y
control de los activos de la electricidad desde las empresas públicas hacia las
privadas.
Se adujeron razones de productividad, eficiencia y beneficios para los
usuarios. Sin embargo, para Sharon Beder ningún país en el que se haya
privatizado el sector eléctrico ha tenido los beneficios esperados. Por el
contrario, se ha experimentado falta de inversión, incremento de tarifas y un
servicio cada vez más ineficiente. “La
privatización puede ser considerada una estafa perpetrada para despojar a la
sociedad de su legítimo control sobre un servicio público esencial. Es un truco
concebido y ejecutado por grupos de poder que buscan beneficiarse del control
privado. En todos los países donde la electricidad se ha privatizado los
precios se incrementan, se producen apagones, hay menos inversión en
infraestructura de generación y se pierden miles de empleos”. Todo lo
contrario que los argumentos que se emplean para justificarla. No existen datos
empíricos que demuestren que la iniciativa privada sea más eficiente y sí que
su objetivo es conseguir el mismo servicio por menos dinero.
Es más, en la mayoría de los casos disminuyen las reservas de capacidad de
generación y reducen los mantenimientos con el consiguiente aumento de los
apagones; se despide a un importante número de trabajadores; se desmotiva a sus
empleados, antes servidores públicos; se empeora el servicio y se sacrifica la
confiabilidad; los términos del suministro, la fiabilidad del abastecimiento,
la accesibilidad y el precio quedan en manos de un cártel que solo busca
dinero, poder social y político sobre gobiernos nacionales y locales; los
compradores se convierten en cautivos de los vendedores; promueven la idea de
que la competencia entre ellos mantendría bajos los precios, pero después
actúan conjuntamente para elevarlos; se fuerzan interrupciones artificiales
para obligar a que el precio ascienda incluso en momentos de menor demanda y se
crea escasez artificial de suministro para imponer los precios; en vez de
dinamizar la economía local, las empresas extranjeras se llevan sus ganancias
al país de origen; pueden suspender su capacidad generadora produciendo un
enorme quebranto al sistema económico y político; libres de obligaciones
sociales hacen recaer los “riesgos morales” sobre los estados que siempre
tienen que estar prestos a rescates apresurados en caso de pérdidas económicas
de las empresas o malas gestiones que pongan en riesgo el suministro; compran
aliados políticos y portavoces con credibilidad, a instituciones educativas,
medios de comunicación, iglesias, clubes, etc.; destinan frecuentes y generosas
aportaciones financieras para los partidos políticos, así como ofertas de
futuras oportunidades laborales para políticos y burócratas retirados; apuestan
por el entramado seguro de los fósiles (en los últimos años en mayor medida por
el gas) y atacan y desprecian a las renovables,… En fin, ¿no les suena esto de
algo?
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
