30 de julio de 2013

Opinión: "Desconfiados e incrédulos"

Martes, 30 de julio.

Antonio Morales*
Según los datos publicados por el Banco de España el pasado 17 de julio, la deuda pública española ha ido avanzando a un ritmo vertiginoso hasta situarse en el 89, 6% del PIB, el porcentaje más alto de los últimos cien años. Durante el gobierno del PP, en apenas dieciocho meses, el endeudamiento público en España se ha incrementado en 200.000 millones de euros, unos 20 puntos. Al inicio de la crisis, la deuda pública apenas llegaba al 36% del PIB, frente al 66% de la media de los países del euro, pero de ahí para acá se ha incrementado en 50 puntos. La socialización de las consecuencias de la crisis al asumir el Estado el pago del fondo de rescate europeo a la banca, el déficit de la tarifa eléctrica, el fondo para el pago a proveedores, la continuidad de una política suicida de austeridad sin fin, la venta de los bonos públicos al sistema financiero a unos intereses de hasta el 7% y el pago de unos rendimientos usureros a la banca alemana (entre otras), ha incrementado el déficit hasta un límite insoportable.
En esta situación el paro ha alcanzado a más de seis millones de españoles y la pobreza y la exclusión social rondan a más de una docena de millones de ciudadanos; el Estado de bienestar se tambalea desde sus cimientos (sanidad, educación, pensiones, servicios sociales, etc.); cuatro hogares de cada 10 sobreviven con prestaciones y ayudas públicas cada vez más precarias, según acaba de publicar el INE; los jubilados dedican un 33% más de sus pensiones a atender a sus parientes, según un estudio presentado por la ONG Acción Familiar y son las pensiones la principal fuente de ingresos del 32,2% de las familias españolas, según la Fundación 1º de Mayo de CCOO… Y podríamos seguir aportando cifras interminables de desarraigo, empobrecimiento y hundimiento de la economía real…
Pero no todo el mundo lo vive de la misma manera. A pesar de lo señalado y lo que se queda en el tintero, la banca sigue restringiendo los créditos hasta alcanzar los niveles de 2006 mientras aumenta sus beneficios en un 660% en los últimos cuatro meses. Los que nos metieron en una burbuja de crecimiento alocado, de dinero fácil y sin control, de pufos financieros que ahora pagamos todos, resulta que en el ejercicio del 2011, un año antes de que el Gobierno pidiera el rescate para salvarlos, que también pagamos todos, eran los españoles mejor remunerados, siendo el sueldo medio de los directivos de 2,4 millones de euros, aunque ahora sus salarios estén limitados a 500.000 euros. Mientras los banqueros alemanes se bajaban un 6,7% sus emolumentos, los “nuestros” se los aumentaban en un 8% mondo y lirondo.
Al tiempo que nos damos de bruces con toda esta información, los medios de comunicación no dejan de trasladarnos un día sí y otro también un caudal de noticias que no hacen sino profundizar en el desafecto de la ciudadanía hacia la democracia y sus instituciones. A los casos de corrupción que se asoman por todas las esquinas, en los últimos días hemos visto como el Tribunal Constitucional se tambalea y se cuestiona la legitimidad de muchas de sus actuaciones, al conocerse que su presidente fue elegido siendo militante del PP, sembrando una sospecha de parcialidad difícilmente soslayable. Hemos comprobado cómo de nuevo un juez que se atreve a meter a un poderoso en la cárcel es hostigado por el ministerio público acusándolo de delitos continuados de prevaricación y doble detención ilegal, lo que puede llevarlo a su expulsión de la carrera judicial: sería el primero en ser condenado por el caso Bankia, como lo ha sido Garzón por la trama Gürtel. Vemos como la infanta Cristina sigue siendo exonerada de casi todo: después de que un fiscal de manera no habitual, para decirlo finamente, pidiera su desimputación y de como no se termina de aclarársenos lo que sucedió con el “error” de Hacienda y la inscripción anómala de un montón de propiedades, ahora aparece un documento que prueba que participó personalmente en operaciones de Aizon, y todo su entramado de fraude fiscal, sin que pase nada. Conocemos como Jaume Matas es liberado por el Tribunal Supremo de entrar en prisión al rebajarle, a apenas seis meses, la condena de seis años que le había impuesto la Audiencia Provincial de Palma…


Y podríamos seguir detallando hechos que se encadenan escandalosamente en una demostración brutal de la inestabilidad y degeneración de la democracia española. Se legisla para vaciar de contenido a las instituciones y para quebrar los estados de derecho y de bienestar; se maniata a los órganos de control; se criminaliza a los movimientos sociales y se banaliza su capacidad de rebelión desde el convencimiento de que se trata de algo meramente coyuntural al socaire de la crisis económica, que pasará y devolverá las cosas a sus sitio… La pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en la democracia no tiene parangón: destruye el pluralismo político y la participación social en la política; quiebra el pacto y la cohesión social; corroe la legitimidad de las instituciones y la garantía de la defensa de los derechos de la mayoría… Y es sumamente peligroso. Gerald Caiden afirma que “nada destruye tanto la credibilidad de las instituciones públicas como la corrupción en los círculos oficiales o la mínima sospecha de que las manos de los gobernantes están sucias. La corrupción mina la confianza de la gente en sus instituciones; ensombrece profundamente las políticas y las acciones oficiales; destruye la confianza en el sistema tributario y en el pago de impuestos destinados a proyectos públicos que parecen obedecer únicamente a intereses privados y llenar los bolsillos de otras personas; desvía los recursos públicos de donde realmente se necesitan hacia empresas riesgosas sobrevaluadas y subaprovechadas; burla la aplicación justa de las leyes y la veracidad de los presupuestos y las cuentas públicos. En resumen, la corrupción contribuye a perforar la gobernanza como hacen las termitas con la madera”. Y encima, al presidente hay que llevarlo a rastras al Parlamento a dar explicaciones. Y los partidos mayoritarios se enrocan, temen perder sus privilegios y huyen de la regeneración profunda y necesaria.
Los últimos sondeos acerca de la intención de voto de los españoles siguen arrojando datos alarmantes: el alejamiento de los ciudadanos de las urnas aumenta cada vez de una manera más contundente y el porcentaje de los que aceptan las cosas como están, de los que no exigen el ejercicio de la ética y la ejemplaridad pública, es aún muy alto. Se produce también un incremento de los ciudadanos que se interesan por la política pero que consideran que no los representan las organizaciones existentes y pueden optar por imponer otra alternativa desde fuera de las instituciones… No podemos permitir que la lucha contra esta degeneración de la democracia se convierta en una batalla contra la propia democracia. Corremos el riesgo de caer en ello. Realmente, la democracia está en peligro.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)