3 de octubre de 2013

Agüimes rechaza la modificación del sistema de pensiones que supone un recorte de 33.000 millones de euros en los próximos 9 años

Imagen de archivo
Jueves, 03 de octubre.

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Agüimes correspondiente al mes de septiembre, celebrado el pasado lunes, aprobó una moción presentada por el grupo Roque Aguayro contra el  nuevo modelo de modificación del sistema público de pensiones que pretende poner en marcha el Gobierno de España.
La moción contó con el apoyo de todos los grupos con representación municipal, excepto el del Partido Popular, que votó en contra.
La moción dice textualmente:
“El Gobierno de España ha iniciado el procedimiento de fijación de un nuevo modelo de modificación del sistema público de pensiones que elimina la referencia automática al IPC de cada año, respetando el precepto constitucional del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, e introduce otros criterios que no tienen en cuenta la inflación anual sino los ingresos y gastos del sistema y la esperanza de vida.
Esto supone un recorte brutal de 33.000 millones de euros en 9 años, del 2014 al 2022, con una inflación prevista del 1% anual y una revalorización de las pensiones en un 0,25%. Los cálculos de la gran mayoría de los estudios de prospección económica fijan para España una inflación muy superior al 1% previsto por el Gobierno, con lo cual el recorte será mucho mayor.
En lo referente a Canarias, los pensionistas perderán 22,6 millones en el 2014, lo que contribuirá a incidir en las gravísimas repercusiones que generan el incremento de la pobreza y la exclusión social. En Canarias hay unos 277.000 pensionistas que cobran 222 millones de euros anuales, lo que supone un 2,8% del total de pensiones del país.
Si la nueva fórmula se lleva a cabo, los pensionistas perderán durante los próximos años entre el 20% y el 28% de su poder adquisitivo.
Por ello, Roque Aguayro eleva a la consideración del Pleno la siguiente propuesta:
Manifestar nuestro total rechazo a la propuesta de reforma del sistema público de pensiones que plantea el Gobierno de España, que supone un recorte en los próximos 9 años de 33.000 millones de euros como mínimo, y exige el mantenimiento del criterio actual de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, vinculando su revalorización al IPC anual”.