Antonio Morales*
En la década de los ochenta, el
neoliberalismo se va adueñando de la economía y de la política para romper con
el modelo de capitalismo que había cedido demasiadas posiciones al Estado de
Bienestar y a los derechos de los trabajadores, rémoras para la competitividad.
La eficiencia y la competencia solo se pueden alcanzar, según sus tesis,
dejando vía libre al mercado, que se regula solo, y disminuyendo el Estado a su
mínima expresión. Las privatizaciones son el eje fundamental de este cambio de
paradigma y se extienden por el mundo como una epidemia sin control.
La experiencia pronto pone de
relieve que la privatización no siempre facilita la liberalización de la economía
y se potencian entonces, como un mal menor, organismos reguladores de la
competencia para evitar los oligopolios. En realidad los cárteles, en un
mercado libre, sostiene el neoliberalismo, no necesitan controles porque se
ajustan solos ya que siempre existirán empresas dispuestas a competir. Pero eso
nunca es así. En la práctica, los oligopolios se adueñan de los mercados,
cautivan a los consumidores, chantajean al Gobierno y se convierten en un poder
incontrolable. El ejemplo más sangrante lo tenemos en el trust de las eléctricas
en España. Sin embargo, para mantener este status de dinero y poder sobran los
organismos reguladores, sobran los mecanismos garantistas de la competencia…
Esa y no otra, con la colaboración
de las presiones públicas y notorias de Telefónica y las eléctricas, debe ser
la razón por la que Mariano Rajoy ha decidido acabar de un plumazo con los órganos
reguladores independientes españoles, creando a cambio un único superregulador
ligado directa y estrechamente al Gobierno. Frente a la existencia de la Comisión
Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la
Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la
Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión Nacional del Juego y la de
Regulación Económica Aeroportuaria, el Ejecutivo del PP ha optado por hacer
tabla rasa sustituyéndolas por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia con escasa autonomía financiera y capacidad organizativa. Y se ha
desatado la caja de los truenos.
La CNE, especialmente beligerante
en los últimos meses contra la Ley de la Reforma Eléctrica, ha puesto el grito
en el cielo denunciando que las funciones de inspección del sector eléctrico y
gasista, la protección de los consumidores y el control de las operaciones
empresariales se trasladan ahora al Gobierno. Se quiebra, por tanto la “imparcialidad
y la transparencia”, la existencia de una naturaleza jurídica distinta y la
independencia del regulador. Es lo mismo que manifiestan la Comisión Nacional
de la Competencia (dinamitada ahora, 50 años después de su creación), la de
Telecomunicaciones, muchos colegios profesionales, partidos políticos,
organizaciones sociales… Incluso Bruselas amenazó, en los primeros momentos,
con bloquear la fusión.
La medida se ha cocido no sin
ciertas y abruptas diferencias dentro del propio Partido Popular, y pronto se
hacen visibles las discrepancias abiertas entre Luís de Guindos y el tándem
Nadal-Soria que termina llevándose el gato al agua. Se trata, en definitiva, de
hacerse con el control de un apetitoso poder que aúna los intereses políticos
con los de los cárteles para fijar regulaciones y precios al margen de la
competencia. Y desde los primeros momentos se les ve el plumero: nombran
presidente a José María Marín Quemada, docente, miembro del centro de pensamiento
Real Instituto Elcano, consejero del Banco de España y antiguo director de
relaciones institucionales de Cepsa, a otros miembros del PP, además de PNV y
CiU e intentan colar a la sobrina de De Guindos y a la hija de Arias Cañete,
entre otras gracias.
Este nuevo zarpazo a la
independencia de los organismos reguladores se une a que la Comisión Nacional
del Mercado de Valores está presidida, no sin un gran escándalo, por la
exministra de Aznar, Elvira Rodríguez, y a que el Tribunal Constitucional lo está
por otro militante del PP, Francisco Pérez de los Cobos. Pura soberanía de órganos
independientes y fundamentales del Estado.
Se pone en marcha un cambio que
no tiene ningún precedente en Europa y se propicia un cuestionamiento sin
parangón de la imparcialidad y credibilidad de los órganos reguladores. Se abre
paso a la arbitrariedad, como denunciaron Jesús Fernández-Villaverde y Luís
Garicano en El País a finales de septiembre cuestionando la capacidad de los
nombres propuestos para la nueva comisión y sus conocimientos técnicos e
independencia del poder. Se logra así, afirman, una CNMC dócil y que el
gobierno disfrute de manos libres “para conseguir sus objetivos de corto plazo,
sin importarle excesivamente las reglas y, en consecuencia, el bienestar de
España a largo plazo”.
Si hasta ahora los oligopolios eléctricos
y de telecomunicaciones han campado a sus anchas a pesar de la existencia de
organismos reguladores independientes que han funcionado con ciertas garantías ¿qué
será a partir de ahora de los consumidores, de la libre competencia, de las
renovables, de las garantías jurídicas…?
Les importa poco. Había que tomar
medidas. Según el índice de Libertad Económica, avalado en España por FAES y
elaborado por The Wall Street Journal y The Heritage Foundation (uno de los
centros de pensamiento neoliberales con más peso), este país ha descendido en
los tres últimos años más de diez puestos en el ranking mundial de países económicamente
libres, debido a que se ha recortado más la libertad financiera, fiscal y
monetaria que el gasto público y los derechos laborales. Según este informe
solo existen cinco economías libres: Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva
Zelanda y Suiza (¿no les suenan las voces que nos dicen que Canarias debe ser
la Singapur o el Hong Kong de este lado del Atlántico?) y las libertades
esenciales para avanzar en este índice deben ser las que garanticen la
propiedad privada, pocos impuestos y exiguo gasto público, máxima facilidad
(sin límites) para crear y mantener una empresa, libre despido y supresión del
salario mínimo, estabilidad de precios con nulo control del Estado, supresión
de aranceles y barreras a la importación y la exportación, libre movimiento de
capitales dentro y a través de las fronteras y mínima intervención estatal en las
instituciones financieras y bancos.
Se están dando prisa. Tienen que
escalar puestos en el índice. En esas están, mientras no dejan de aumentar la
pobreza y la desigualdad.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
