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El Ayuntamiento de Agüimes aprobó en el Pleno Ordinario celebrado en la noche del lunes, y a propuesta del grupo Roque Aguayro, una moción para evitar el corte de suministro eléctrico a las familias canarias en situación de pobreza energética.
La moción dice textualmente:
"La prolongada y dura crisis
económica ha contribuido a que se comience a popularizar un nuevo concepto, el
de la pobreza energética. Con origen en el Reino Unido de los años noventa del
pasado siglo, se definió inicialmente como la incapacidad de una familia para
poder cubrir las necesidades de su hogar en materia energética con el 10% de su
renta.
En la pobreza energética
confluyen tres factores: los ingresos familiares, los costos de la factura y la
mayor o menor eficiencia energética de la vivienda. Según los expertos, en el
mundo afecta a 1.300 millones de personas, fundamentalmente, en países
empobrecidos, pero también a 120 millones de ciudadanos de la desarrollada
Europa.
En España, tal y como
denuncia la asociación de consumidores Facua, las tarifas de un consumidor
medio (4,4 kW de potencia contratada) se han incrementado más de un 75% en los últimos
diez años, con gobiernos del PSOE y del PP, y con los mayores incrementos en la
etapa de Zapatero, entre los años 2008 y 2011, en que pasó de 55,30 euros
mensuales a 78,69. Una circunstancia que también afecta a las empresas,
especialmente a las Pymes, complicando su competitividad y poniendo en peligro
su propia pervivencia.
Las subidas en el precio
del recibo de la luz han sido constantes desde el comienzo de la crisis económica.
Es decir, en un período con más gente que ha visto reducidos sus ingresos, por
encontrarse en desempleo o por sufrir significativas bajadas salariales, un
elemento básico para el normal desarrollo de la vida cotidiana no ha dejado de
encarecerse. Hay que recordar que en 2012 se cortó la luz por falta de pago a
1,4 millones de consumidores.
Se calcula en cuatro
millones las personas que hoy sufren la pobreza energética en el Estado español,
que cuenta con la tercera tarifa eléctrica más cara de la Unión Europea, sólo
por detrás de Chipre y Malta. Con un sistema completamente privatizado, en
manos de multinacionales a las que sólo les preocupa la cuenta de resultados,
cuando otros países, como Francia, el 85% está en manos públicas.
Sin duda, el sistema eléctrico
es uno de los grandes y graves fracasos de los distintos gobiernos españoles de
las últimas décadas, al incrementarse exponencialmente el costo para los
consumidores y, paralelamente, aumentar el déficit tarifario que paga el sector
público, que pagamos también los ciudadanos.
Algo que es más grave aún,
en Canarias, con el 35% de paro, según la EPA, elevada pobreza y los salarios más
bajos del Estado. Como respuesta, el Gobierno canario ha invitado a los
usuarios a que reduzcan la potencia contratada. Una solución nada rigurosa, que
no aborda el problema y que, incluso, puede salir bien cara. Y que ha sido
cuestionada por los técnicos, por la Federación Canaria de Municipios y por el
Ministerio de Industria.
El Ejecutivo canario tiene
también responsabilidades en el ineficiente y costoso sistema eléctrico
canario. Este Gobierno de CC y PSOE acordó con el ministro de industria, José Manuel
Soria, la ley de los sistemas eléctricos insulares, mientras que este mismo
texto era censurado en el Congreso de los Diputados, a través de sendas
enmiendas a la totalidad, por Nueva Canarias, Coalición Canaria y el PSOE.
Asimismo, hay que recordar que, en el mismo Congreso, Izquierda Plural
hizo una propuesta para adoptar medidas contra la pobreza energética, entre
otras, para impedir que se interrumpa el suministro de gas, electricidad o agua
en determinados casos de impago o implantar una tregua invernal que ya se
aplica en otros estados europeos. Una propuesta, apoyada por todos los grupos
políticos salvo el PP, que incluía también la bajada de impuestos en el recibo
de la luz".
Roque Aguayro, y por todo lo expuesto en la moción, solicita que el Ayuntamiento de Agüimes manifieste su preocupación por la situación de pobreza energética que afecta a miles de familias canarias y que se ven amenazadas por el corte del suministro eléctrico a sus viviendas y que solicite al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la adopción de medidas orientadas a bajar o dejar exento de los impuestos en la factura eléctrica a las familias más vulnerables; impedir el corte de luz para los meses de invierno y que se establezcan planes de pago o ayudas públicas para quienes carecen de recursos y se encuentren en situación de exclusión social.
