Antonio Morales*
Perdonen el tono escatológico.
Pero es que la mierda no deja de brotar por las tapas de las alcantarillas. La
fetidez inunda el ambiente. Y no son solo metáforas. Los detritus que circulan
por la cloacas de los poderes políticos y empresariales no dejan de aflorar.
En apenas un par de semanas la
podredumbre se ha precipitado y nos muestra a plena luz las desvergüenzas de
unas élites que cada vez actúan con más desparpajo. Día tras día nos tropezamos
con los Pujol, Rato, Blesa, Acebes, Molina, Matas, Urdangarin, Gürtel, Bárcenas,
Camps, Fabra, ERE… Y las prácticas de los oligopolios… Lamentablemente, podría
escribir mucho sobre esto, pero voy a seleccionar apenas unos pocos temas de
los que no salen especialmente destacados en los medios de comunicación y
que ponen los pelos de punta.
De todos es conocido el proceso por
el que la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), de titularidad pública
española, pasó a ser propiedad del estado italiano. A finales de los años
ochenta, Felipe González puso en el mercado una cuarta parte de la empresa. A
finales de los noventa, José María Aznar la vendió en su totalidad y situó al
frente de ella a su amigo Manuel Pizarro, más tarde importante figura del
PP. En 2006, la alemana E.ON planteó una OPA a la compañía y entró en liza Gas
Natural para controlarla. Era imposible aceptar que una empresa catalana
tuviera tanto poder y entonces se propició, entre 2007 y 2008, que Acciona
y la estatal italiana Enel se hicieran con ella. Finalmente, tras
desencuentros con la familia Entrecanales, debilitada por la incapacidad de
Zapatero de reconducir la situación, es Enel quién se queda con la compañía.
Una empresa pública española que controla un sector estratégico pasa en muy
poco tiempo a ser privada primero y de nuevo pública después, pero propiedad de
un país extranjero. En medio de todo esto su consejo de administración se va
poblando de expresidentes de gobierno y exministros españoles, como José María
Aznar, su privatizador, Martín Villa, Miguel Roca, Luis de Guindos, Joan Majó,
Elena Salgado…
Un espectáculo bochornoso que se
remata estos días con una propuesta de reparto de dividendos de Endesa de
más de 15.000 millones de euros y de la venta de un 10% de sus acciones,
lo que le reportará un ingreso de más de 32.000 millones de euros a la eléctrica
pública italiana (porque así se lo exigió Matteo Renzi) que dejará a su
filial ibérica descapitalizada y endeudada. De un plumazo recupera lo invertido
en comprar Endesa en 2007, sanea a la empresa matriz italiana, que se queda
además con todo el negocio de Latinoamérica, y deja a los pies de los
caballos a la filial española que nos bombardeará diciendo que soporta un déficit
brutal por parte del Estado, que necesita de más ayudas públicas, que España no
puede seguir apostando por las renovables...
Pero hay más. Esta semana Vozpópuli
ha desvelado las conexiones que se mantienen en torno al ministro Montoro y Red
Eléctrica Española. Según este digital, Equipo Económico, la consultora que
fundó Montoro, en la que siguió su hermano hasta no hace mucho, y en la que
estuvo también de Guindos, realiza informes fiscales, asesoramientos diversos e
intermediación en operaciones para esta empresa. La consultora está presidida
por Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda del ministro y
pertenecen a ella además otros miembros como Francisco de Asís Piedras, que fue
su director de gabinete. El presidente de REE, controlada por la Sepi,
(ministerio de Hacienda) es José Folgado, militante del PP, secretario de
Estado de Presupuestos en 1996, secretario de Economía y Energía en 2000 y
secretario de Estado de Energía y Desarrollo Industrial en 2002. En 2012, Cristóbal
Montoro lo propone como presidente de REE, con un salario que supera los
700.000 euros anuales (unos 60.000 euros de nada al mes) y pasa a dirigir
a la operadora del sistema eléctrico español cuyo consejo de administración está
constituido por alguna exministra, como María de los Ángeles Amador, y otros “independientes”
como el economista Juan Iranzo que se estalló más de 46.000 euros con cargo a
la tarjeta black de Caja Madrid y Bankia en zapatos y lencería femenina, entre
otras cosas. Ejemplarizante.
Y no se queda ahí la cosa. Días atrás,
el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al pago de una indemnización
de 1.350,7 millones de euros a ACS, la empresa de Florentino Pérez, por el cese
de las actividades del cementerio de gas Castor que causó centenares de
movimientos sísmicos en la costa levantina y que puso en riesgo a cientos de
miles de ciudadanos sin que nadie asumiera responsabilidades. Se trata de un
proyecto aprobado por la administración de José Luis Rodríguez Zapatero,
continuado por el PP y realizado sin las mínimas exigencias técnicas y
medioambientales y con unas condiciones realmente favorecedoras para la empresa
concesionaria que se beneficiaría de indemnizaciones aún en caso de
irregularidades y negligencias propias. Un chollo, vamos. De todo esto, al PSOE
solo le han escandalizado las formas. Considera que se tenía que haber abordado
a través de un proyecto de ley y no de un real decreto. A partir de estos
momentos, los consumidores españoles de gas tendrán que pagar de su bolsillo
esta indemnización multimillonaria durante treinta años lo que hará, según la
OCU, que la cantidad final que paguen los ciudadanos sea la de 4.731 millones
de euros. Es decir, alrededor de 630 euros por consumidor directos al bolsillo
de Florentino Pérez. Por cierto, el presidente del Real Madrid ha puesto a la
venta un paquete de concesiones públicas (hospitalarias y de transporte,
fundamentalmente), que le reportarán unas ganancias de casi 45 millones de
euros. Jugadas de ingeniería financiera con el patrimonio público por bandera.
Genial.
Y por si todo esto fuera poco y
como si no tuviera nada que ver con lo que les he contado hasta ahora, el
Gobierno empieza a anunciar que nos preparemos para una nueva subida de la luz.
A pesar de que el ministro Soria nos dice una y otra vez que el recibo de la
luz no subirá y que habremos pagado menos a final de año, lo cierto es que la
CNMC afirma que ya existe un desajuste de más de 500 millones, que podría
llega a los 1.000, y que la luz subirá si hay más de 350 millones de déficit.
La realidad es que los precios de la electricidad en el mercado mayorista se
elevaron en un 31% de media entre el segundo y el tercer trimestre, lo que
aumentará la factura eléctrica en un 11% con respecto a los meses anteriores
¿Y cómo es posible que el déficit
siga aumentando si están bajando los precios del petróleo y la energía eólica
está abaratando los costes de producción de la electricidad? La CNMC parece
tenerlo claro. Desde el verano para acá este órgano regulador ha abierto varios
expedientes de investigación a las eléctricas por prácticas fraudulentas. Una
vez más se cierne la sospecha sobre el oligopolio eléctrico y sus prácticas.
Además de investigar posibles fraudes en los contadores, la CNMC considera “sorprendente”
la subida de la luz durante los meses de agosto y septiembre, y ahora también
en octubre, e indaga en estos momentos si, como en otras ocasiones, las eléctricas
pararon las instalaciones eólicas e hidráulicas para dar entrada a las tecnologías
más caras del carbón y el gas, lo que hizo elevar el precio del MWh hasta los
70 euros, o fue por una ausencia de viento, lo que deja también meridianamente
claro el papel de esta energía renovable hoy día en España. Y entonces va
Iberdrola, investigada hace unos meses, y amenaza, según El Confidencial, con
vender parte de su negocio en España a fondos árabes, para invertir en países más
“serios”.
No hay depuradoras en este país
para tratar tanta porquería. Pero da la sensación de que nos
acostumbramos a la suciedad. Porque ya nada de esto es noticia. Porque se ha
convertido en prácticas normales de la actividad económica. Porque la corrupción
se ha generalizado de tal manera que algunas de sus operaciones pasan incluso
el tamiz del Parlamento. Y no puede haber nada más grave para la democracia.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)