Carlos Quesada y Bernardino Ruiz*
En 2014, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley Canaria de Educación no Universitaria que constituye el marco normativo indispensable que requiere nuestro sistema educativo para dar un salto adelante y garantizar el derecho de los canarios y las canarias a una educación digna. Para ello, además de fijar los planes y la agenda de acciones, se estableció la senda de financiación necesaria.
Además de incumplirse la Ley en su financiación y en su calendario de implantación, los cuatro últimos años, es decir, esta legislatura, han sido los peores de nuestra historia autonómica en cuanto a la inversión educativa en relación al PIB. Son datos objetivos irrefutables, a pesar del interés del gobierno y sus medios afines por vender como gran avance social los incrementos presupuestarios de esta etapa.
En estos años de bonanza y mejora económica, el PIB y los ingresos de la comunidad autónoma se han incrementado notablemente. El Gobierno de Canarias disponía de recursos suficientes para realizar los “incrementos progresivos” que dicta la Ley y hacer posible el objetivo del 5% en 2022. Sin embargo, no ha habido interés ni voluntad política. Lo grave de los incumplimientos producidos es que, además de dificultar la senda de financiación necesaria, siguen sin afrontarse los graves problemas que comprometen el futuro de la educación canaria.
Hay datos que abundan en esta dirección. En la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años seguimos a la cola del Estado; nuestras plantillas siguen siendo de las más deficitarias (2.400 docentes menos que la media estatal) y el abandono escolar, algo en lo que habíamos mejorado notablemente, vuelve a repuntar de forma muy negativa.
Queda acreditado que la educación no ha sido una prioridad para el gobierno ni para sus apoyos parlamentarios. Las rebajas fiscales sí lo han sido: 270 millones de euros en los dos últimos presupuestos que se han detraído de la inversión en los servicios públicos de Canarias.
Pero hay otro dato preocupante que merece una reflexión más detenida: la privatización del sistema educativo.
No nos vamos a detener en el desarrollo creciente de la oferta universitaria privada, mientras permanecen muchos recortes y tasas elevadas en la universidad pública. Vamos a subrayar la involución que está suponiendo el aumento de la concertación de plazas a centros privados en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Canarias, durante muchos años, ha tenido una tasa de alumnado en centros privados estable, en torno al 22%, cuando la media europea para Primaria es de apenas un 10%. Curiosamente, a lo largo de esta legislatura se ha producido un crecimiento acelerado hasta superar el 24%. En definitiva, la enseñanza privada crece mientras la enseñanza pública soporta todo tipo de lastres y carencias, disimuladas o intencionadamente acalladas mediante una subida salarial al profesorado a través de los sexenios. Una subida salarial necesaria que no justifica el abandono y olvido de otras mejoras urgentes de las plantillas y condiciones de los centros públicos.
¿A dónde nos conduce esta planificación política? ¿Pueden las leyes del mercado, la educación como negocio, corregir y compensar la creciente desigualdad de la sociedad canaria y el dramático avance de la pobreza y la exclusión social
Como diría Ana Pastor, presentadora de El Objetivo: estos son los datos, suyas las conclusiones.
*Carlos Quesada y Bernardino Ruiz son miembros de la Plataforma por el 5% del PIB para la Educación.
