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| Vista de una de las tiendas de campaña que Cruz Roja instala en el campamento de inmigrantes en la zona industrial de Arinaga |
Canarias7
El trámite para decidir si el campamento de inmigrantes que proyecta Cruz Roja en el Polígono Industrial de Arinaga obtiene licencia municipal tardará aún varios meses y depende exclusivamente de criterios técnicos, no de la voluntad del Ayuntamiento de Agüimes, tal y como señala el primer edil agüimense, Óscar Hernández, que insiste en que el expediente está sujeto al cumplimiento de unos requisitos "absolutamente reglados".
En este sentido, apunta que, pese a la posición en contra del consistorio porque considera que la parcela cedida por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a Cruz Roja no es la más adecuada para la acogida de personas, "no queremos conflictos con la ONG ni con la Delegación del Gobierno en Canarias", y reitera que no se opone a la concesión de la licencia, pero al igual que cualquier otro expediente, debe cumplir la normativa.
Aunque el uso residencial y habitacional en el suelo de la zona industrial de Arinaga donde está proyectado el campamento está "expresamente prohibido" en la Ley de Puertos y en el Plan General de Agüimes, existe una excepción presentada por la Delegación del Gobierno en Canarias que hace referencia a la ubicación de instalaciones provisionales cuando tengan un uso sanitario o social.
En cualquier caso, Hernández agrega que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ya ha requerido a Cruz Roja la subsanación de algunos aspectos del expediente, igual que lo ha hecho el Ayuntamiento de Agüimes, que en lo que compete al ámbito municipal se trata de requisitos precisos cuando se trata de actividades que concentre un número importante de personas en lo que a evacuación, seguridad y riesgo se refiere y, asimismo, debe contar también con un informe de la Consejería de Sanidad "dada la circunstancia de que en estas instalaciones habrá personas en cuarentena o con coronavirus".
La duración del trámite dependerá del tiempo que Cruz Roja tarde en presentar la documentación que requiere la normativa y que posteriormente deberá ser sometida a información pública, aunque no será antes de septiembre u octubre.
