Antonio Morales*
En la última década, la luz ha
subido en España en más de un 80%. Desde que comenzó la crisis hasta ahora, el
incremento ha sido de casi un 40%. Solo durante el año pasado el recibo de la
luz soportó cuatro subidas. Desde 2007 hasta ahora el aumento ha sido de 404
euros al año. Tras Malta y Chipre (sistemas insulares más costosos) tenemos la
electricidad más cara de Europa (en realidad, es una de las más onerosas del
mundo). En los presupuestos de 2014 el Gobierno ha incluido la previsión de un
aumento del 4% a lo largo del ejercicio.
Aún así, el Estado tiene contraída
una deuda con las eléctricas españolas de más de 26 mil millones de euros. Se
trata del famoso déficit tarifario que se inventaron Rodrigo Rato, Aznar (hoy
empleado de Enel-Endesa, con un salario de alrededor de 200.000 euros anuales)
y José Folgado (secretario de Estado en aquel momento y hoy presidente de Red
Eléctrica con unos emolumentos de 55.000 euros al mes). Concibieron un sistema
perverso de subasta para establecer el precio de la electricidad que deja todo
en manos de las patronales de la energía. Ellas se lo guisan y ellas se lo
comen. Hacen de subastadores y subasteros. Especulan con los precios. Cierran
el paso a la competencia. Y fijan el 50% del importe de la factura atendiendo
al valor de la producción más cara en el momento de la puja, obviando los
costes infinitamente más bajos de las centrales nucleares amortizadas o las
hidroeléctricas en la misma situación. Y se hace además, como denunció tantas
veces la Comisión Nacional de la Energía, con prácticas contrarias a la
competencia, ocultando información sobre los participantes que pujan o se
retiran o de cómo se recalculan los precios. Y además, se niegan a pagar los
Costes de la Transición a la Competencia, que adelantó el Estado en su día para
hacer frente al proceso de integración en la Unión Europea, y que superan los
3.000 millones de euros. Por cierto, alegan que ni el Gobierno de Aznar ni el
de Zapatero se lo reclamaron en tiempo y forma. Lo dejaron pasar y se vencieron
los plazos. Y además cobran suculentas primas por tener disponibles, por si se
pudieran necesitar, las plantas de ciclos combinados paradas.
Para hacer frente a este “compromiso”
del Estado con Unesa, la patronal de las eléctricas, el ministro de Industria,
Turismo y Energía, siguiendo los postulados de FAES, que le colocó a Nadal como
centrocampista, puso en marcha una reforma eléctrica (cuestionada por la UE)
que atacaba frontalmente a las renovables, impedía el autoconsumo y el balance
neto y establecía una partida para los presupuestos del próximo año de 3.600
millones de euros para “subvencionar” el precio de la luz e impedir el aumento
del déficit tarifario. Exactamente 2.200 para el desfase tarifario, 900 para
cubrir la mitad de los sobrecostes de producción en los territorios
extrapeninsulares y 500 derivados de impuestos de hidrocarburos. Pero llegó
Montoro (que ha tenido intereses profesionales ligados a las renovables, que no
le cae nada simpático el ministro canario y que alega que el déficit general
del Estado es más importante que el eléctrico) y mando parar. De un plumazo se
carga la estrategia de Soria y nos devuelve los demonios de una nueva y brutal
subida de la factura de la luz y la duda de si los extracostes insulares se
pueden ver cuestionados y repercutidos sobre los consumidores isleños. Se trata
de una desautorización en toda regla que recibimos los consumidores como un
cachetón en nuestra propia cara.
Por supuesto, ya la patronal
comienza a vendernos la idea de que la subida de la luz en el próximo ejercicio
rondará un 14%. De hecho las empresas ya han tenido serias dificultades en la
Bolsa y el MWh se ha disparado a 88 euros. Según Vozpópuli, el sector lo
atribuye al recorte, a la fuerte demanda de estos días, la menor producción eólica
–miren por donde- y la parada de dos grupos nucleares, que ha obligado a
recurrir al carbón y al gas natural, “las tecnologías más caras”. ¿Pero acaso
no nos decían que el gas era más barato? Nadal les sale al paso diciéndoles que
no se hará así y que se pagará “despacito”, lo que significa que seremos los
usuarios los que pagaremos los intereses y que repercutirá en los recibos de la
luz. Por lo pronto, agarrémonos los machos: en enero tendremos una nueva
subida.
Y nos hablan ya sin tapujos de un
déficit tarifario superior a los 30.000 millones de euros que se irá agrandando
en función de los intereses y que nos describe con total claridad el enorme
poder que ejerce el cártel energético, aglutinado en torno a Unesa, sobre los
partidos políticos y los gobiernos de turno. Resulta difícil de entender que
unos y otros mantengan un sistema tan poco transparente, que genera al Estado y
sus ciudadanos una deuda multimillonaria, al tiempo que pagamos los recibos de
la luz más caros de Europa. Es igualmente sorprendente, que aumente la deuda
con las eléctricas que operan en España cuando estas duplican sus ganancias con
respecto a sus homólogas europeas. Mientras los dividendos de las hispanas en
los últimos años se sitúan en torno a un 6-7%, los de las energéticas del Viejo
Continente no llegan a un 4%. Curioso. En España las principales compañía eléctricas
registraron el año pasado un beneficio conjunto de 6.316 millones de euros y
las ganancias en el primer semestre de este año ya van por 4.225 millones de
euros. Pero es más, Borja Prado, presidente de Enel-Endesa percibió el año
pasado un salario de 2,24 millones de euros, además de aportaciones a sus
fondos de pensiones de un total de 212.218 euros y primas de seguros de vida de
112.513 euros. Los miembros del consejo de administración de esta compañía
percibieron un total de 5,7 millones de euros. Lo de Ignacio Sánchez Galán,
presidente y consejero delegado de Iberdrola tampoco es moco de pavo. Sus
honorarios totales en el último ejercicio ascendieron a 9,5 millones de euros
(6,3 millones en metálico y medio millón de acciones por un valor de 3,5
millones de euros). Según Roberto Centeno estas retribuciones son 30 veces
mayores que las de sus homólogos japoneses y 5 veces más que en Alemania. Su
consejo de administración percibe una cantidad similar a la de Endesa, de
alrededor de los 5 millones de euros.
La energía más cara de Europa, las
mayores ganancias de las empresas, los más altos salarios de sus directivos y
les seguimos debiendo 30.000 millones de euros. Y encima en 2012 cortaron la
luz de 1,4 millones de hogares españoles. Y lo peor no es esto. La Asociación
de Ciencias Ambientales (ACA) ha elaborado un estudio sobre la Pobreza Energética
en España que pone los pelos de punta. Este colectivo afirma que uno de cada
tres hogares cuyos miembros están en paro y un 10% de los hogares españoles –unos
cuatro millones de personas- se encuentran en situación de pobreza energética:
no son capaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes
para la satisfacción de sus necesidades domesticas y/o se ven obligados a
destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su
vivienda. Según el Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja, cerca del 58%
de las personas atendidas por esta institución tenía problemas para mantener su
casa a una temperatura óptima y la afección de los problemas económicos en la
salud ha crecido del 55% en 2011 al 84% en 2013. También el último informe del
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) nos dice que la pobreza energética
puede ser la causa de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en este país cada
año, con especial incidencia entre ancianos en invierno. Cáritas acaba de
informar que solo en Cataluña las ayudas para paliar la pobreza energética se
han disparado en un 326%. Se trata, sin duda, de una terrible injusticia social
para la que se dan la mano un oligopolio insaciable y un gobierno insensible
que pervierte la democracia.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)