Martes, 3 de noviembre.
Antonio Morales*
El IGTE (Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas) es un gravamen anterior al ingreso de España en la Unión Europea, que estuvo en vigor desde mitad de los años 60 del pasado siglo hasta 1985. Se incorporó en el IVA, en el caso de Canarias en el IGIC (Impuesto General Indirecto de Canarias) en 1993, merced a un protocolo especial de acceso a las Comunidades Europeas (la actual Unión Europea). El Estado alega en ese momento que el IGTE es de titularidad estatal y, en consecuencia, reclama la parte correspondiente del IGIC que deja de recaudar en las islas y, a través de una fórmula que se pacta, retiene cada año en las transferencias a Canarias una cantidad calculada que luego se revisa en función de los ingresos reales del IGIC. El Gobierno de España se ha quedado, desde el año 1993 hasta 2009, con el total de lo recaudado reteniéndolo de las transferencias que se realizaban a Canarias y reduciendo, por tanto, la financiación que recibía nuestra Comunidad.
En diciembre del año 2009 y reconociendo las insuficiencias de Canarias en la nueva financiación autonómica, la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Canarias acuerda una reducción de la compensación por importe de 50 millones de euros en 2009 y en los años 2010 y 2011 por importe de 100 millones de euros anuales. Acuerda, igualmente, que en esos dos últimos años, 2010 y 2011, se adicionara una cantidad de 70 millones de euros anuales para financiar un Plan Específico de Empleo para Canarias. Además, se señala que a partir de 2012 “esta reducción se cuantificará en el 50% del total de la compensación calculada para el año en cuestión con un mínimo de 100 millones anuales”. Igualmente, se afirma que la liquidación del período 1993-2007 (405 millones de euros que ha de devolver Canarias al Estado) se hará en 12 anualidades (unos 33 millones/año) a partir de 2011.
En 2010 el Gobierno canario aceptó que esos recursos del desaparecido IGTE fueran repartidos como el resto del IGIC, por lo que esos 100 millones anuales, incluidos en los presupuestos de la Comunidad Canaria, se distribuyeron en esos años en función de lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Haciendas Territoriales de Canarias: un 42% para el Gobierno de Canarias y un 58% para cabildos y ayuntamientos, según lo establecido en el artículo 5 de la referida Ley de Haciendas Territoriales de Canarias ( el ochenta y siete y medio por ciento, en forma directamente proporcional a la población; el dos por ciento, según la superficie y el diez y medio por ciento, en atención al hecho insular, distribuyéndose un uno y medio por ciento a cada isla). Del año 2010 al 2015 se han repartido y transferido los fondos a las corporaciones locales en esos términos.
De forma claramente electoralista, para maquillar su maltrato a Canarias y para establecer acercamientos para un posible futuro Gobierno CC-PP, se llega a un acuerdo entre Canarias y el Gobierno central para la cesión del 50% restante a esta Comunidad, pero, sorprendentemente, los 192,9 millones de euros (de los que 33 corresponden a atrasos que Canarias paga anualmente) figuran incluidos como ingresos en los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado, mientras que el Gobierno de Zapatero, en 2010, no incluyó el 50% y permitió así que la Comunidad Canaria lo pudiera utilizar de manera inmediata desde el mes de enero.
De entrada, por tanto, los 160 millones de euros prometidos no podrán formar parte de los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2016. Y, en el mejor de los casos, si se solventan los problemas técnicos y jurídicos existentes y se busca una fórmula adecuada, no podrán ser utilizados hasta bien avanzado el próximo año. Es seguro, además, que tendrá que ser el próximo Gobierno que salga de las elecciones generales del 20 de diciembre el que tenga que deshacer este entuerto, aunque la Comisión Mixta se reuniera en estos días. Queda igualmente pendiente cómo transferir esos recursos y cómo garantizar que puedan gastarse en inversión o servicios públicos (y, por tanto, sortear la regla de gasto que obliga a destinarlo al pago de deuda e intereses). Y, a partir de ese momento, aplicar el mecanismo de reparto, que debe ser el de la Ley de Haciendas Territoriales con el que se ha distribuido todos estos años (2010-2015) el primer tramo, el 50%, del IGTE. No entendemos otra fórmula. No cabe otra fórmula. Así lo defendió la FECAI en 2006 y 2014 cuando pidió que el Estatuto blindara los criterios de distribución del IGTE por los “recursos del REF”. En ningún caso, el mecanismo puede ser el de la triple paridad, una maquinada ocurrencia que castiga gravemente a los territorios más poblados y con más problemas de paro y de pobreza y que, intencionadamente, olvida a la población, un elemento clave, determinante, de cualquier modelo de financiación que tenga un mínimo de equidad. Es lo que Canarias siempre reclama a España y a la UE: el mismo gasto per cápita para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para los planes de garantía juveniles, etc…
Pero todo tiene su historia. El pasado 10 de octubre se celebró una asamblea de la FECAI en la sede de la presidencia del Gobierno canario con la asistencia de Fernando Clavijo, Patricia Hernández , José Miguel Barragán, y los presidentes de los siete cabildos insulares. No habíamos quedado para hablar del IGTE específicamente. Sabíamos que tendríamos que hablar en algún momento de la reunión de las negociaciones que Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife había iniciado por su cuenta y al margen de la comisión bilateral Canarias-Estado para intentar colar una nueva obra de Tenerife (la última fase del anillo insular) adelantando por la derecha (nunca mejor dicho) al resto de las islas y a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Muchos presidentes del resto de los cabildos habíamos mostrado nuestro rechazo a esa manera de actuar porque pretendía obviar que en la actualidad Canarias ha dejado de percibir 755 millones del Estado para el plan de carreteras lo que ha provocado enormes retrasos en obras del Anexo II ya adjudicadas o impedido que se ejecuten obras que figuran en el acuerdo y que son fundamentales para las distintas islas. Pero eso nos llevó muy poco tiempo. Los presidentes de los cabildos allí presentes, salvo el de Gran Canaria, suavizaron bastante sus críticas (se me intentó convencer de que lo que Carlos Alonso demandaba no era obra nueva sino obras ya previstas en el Anexo II, algo absolutamente incierto, y que Gran Canaria también había hecho lo mismo en otros momentos, algo absolutamente falso) y prefirieron centrarse en una propuesta nueva que traía bajo el brazo el presidente de Canarias.
Se trataba sin duda de una encerrona ya previamente pactada entre Tenerife y el resto de las islas al margen de Gran Canaria. Fernando Clavijo nos planteó que contaba con 160 millones del IGTE que dicen sus servicios jurídicos que son de titularidad autonómica (frente a lo que siempre hemos sostenido los ayuntamientos y los cabildos de que la titularidad es compartida: en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico fiscal de canarias (BOE de 8 de junio de 1991, se afirma en su exposición de motivos (apartado III. F, segundo párrafo) que “la Comunidad Autónoma de Canarias y las Corporaciones Locales canarias son cotitulares en las proporciones que se determinan, de los rendimientos obtenidos por la aplicación del nuevo Impuesto General Indirecto, sustitutivo del IGTE y del Arbitrio Insular sobre el Lujo…”), pero que al margen del fondo del asunto considera que se deben destinar a un plan de inversiones con obras pactadas entre los cabildos y el Gobierno para crear empleo y generar obra pública. Por supuesto todos estuvimos de acuerdo en un plan de estas características. Entonces tomó la palabra Casimiro Curbelo y planteó que el reparto se debía hacer según la triple paridad que confirma la representación del Parlamento de Canarias. Todo el mundo, menos yo, claro, aplaudió con las orejas. Y empezaron a hacer números como de nuevas. Y me garantizaban que Gran Canaria saldría ganando. No lo acepté. Digo que esa fórmula no es justa. Que no le iba a dar el visto bueno y que recabaría los informes económicos y jurídicos necesarios para formalizar la posición del Cabildo grancanario. Obviamente habían diseñado una jugada perfecta: acallaban las críticas a la financiación de las obras del anillo insular al margen de los acuerdos entre todas las islas, potenciaban la figura de Carlos Alonso como futuro candidato de CC al Parlamento español, dejaban aislada a Gran Canaria y se garantizaban el apoyo en el Parlamento canario de Casimiro Curbelo ante futuros movimientos tectónicos.
Pero no contaban que con eso no íbamos a tragar. La propuesta de reparto que proponían para este año y los venideros establece que 80 millones se repartirían entre Gran Canaria y Tenerife (40 millones para cada uno) y los otros 80 para el resto de las islas. La mitad de los recursos para una población de 1.800.000 habitantes y la otra para una de 300.000. La mitad para distribuir entre unas islas con 300.000 parados y la otra mitad para una población con menos de 50.000 demandantes de empleo. Casi unos 300 euros para un parado de Gran Canaria por ejemplo y más de 5.000 euros para un parado de La Gomera o de El Hierro y más de 1.000 por cada desempleado del resto de las islas mal llamadas menores. Me reafirmo en los días siguientes en que no debemos aceptar otra fórmula de reparto que no sea la de los criterios del REF que siempre hemos utilizado. Que se ha consensuado entre todas las partes. Que ha sido la fórmula elegida hasta ahora para distribuir los fondos y que es muy solidaria con las islas no capitalinas dado que con las cantidad que estamos barajando les correspondería per cápita, y según los criterios del REF, a un ciudadano de La Gomera 514,78 euros, a uno de el Hierro 749,41, a uno de La Palma 255, 62, a uno de Fuerteventura 174,57, a uno de Lanzarote 174,57, a uno de Tenerife 44,95 y a uno grancanario 46,9. Ya es una propuesta tremendamente solidaria. Gran Canaria con esta fórmula aceptada por todos percibe menos que todas las islas y es la que más aporta. Ya es injusto y si embargo lo hemos aceptado siempre solidariamente. Pero no les basta. Quieren más.
Y siguen diciendo que el reparto nuevo de la triple paridad que proponen beneficia a Gran Canaria y que si no lo aceptamos el Gobierno canario se queda con el 42% de los 160 millones. Una fullería. Afortunadamente el 80% de los partidos presentes en el Parlamento canario (PP,PSOE,NC y Podemos) se pronuncian en contra de la triple paridad. Lo hace también la patronal empresarial y el presidente del Consejo Económico y Social. Y los sindicatos. Y los ayuntamientos de Gran Canaria por unanimidad. La UGT plantea que se dedique una parte del plan para atender a los parados (en teoría todo el plan es para crear empleo) y el presidente Clavijo les contesta que lo tendrá en cuenta. La FECAM, también empieza a hacer movimientos y entonces la FECAI plantea una reunión urgente, aunque no pueda hacerlo según sus estatutos. Convoca entonces Marcial Morales una reunión de los cabildos al margen de la FECAI y plantean que el sustento de la propuesta debe centrarse en la triple paridad y que un 10% se debe destinar al desempleo. Me niego. Es lo mismo, 16 millones apenas para un plan especifico de empleo (“bastante pobre” y propuesto “por quienes no piensan en las personas”, según el responsable de la UGT) y el resto según la fórmula de la triple paridad, con lo que Gran Canaria perdería casi 17 millones de euros solo en el reparto de esta anualidad de 160 millones (percibiríamos 43 millones (frente a los 59,7 que nos corresponderían), Tenerife 42,6, Fuerteventura 17,4, Lanzarote 20, La Gomera 9,7, El Hierro 7,2 y La Palma 19,8). Ahora parece que el presidente Fernando Clavijo esboza una nueva propuesta: que se distribuya para proyectos estratégicos concretos “que se pongan sobre la mesa” en las distintas islas durante varios años. Otra novedad incierta.
Desgraciadamente, por lo pronto se trata de dinero virtual. El cuento de la lechera. Montoro le puso a Clavijo delante una zanahoria y todos detrás. El PP incumpliendo con las carreteras, marginando a Canarias en las inversiones y en los equilibrios territoriales y nosotros peleándonos por unas migajas inciertas.
Pero si al final esos fondos vinieran para Canarias, nunca vamos a aceptar su distribución según la triple paridad. Se trata de una propuesta electoralista y profundamente discriminatoria con Gran Canaria que nunca aceptaremos. Hay unas reglas del juego de las que nos hemos dotado y que tenemos que respetar. Y vamos a defenderlo con uñas y dientes, aunque sean seis contra uno como afirman.
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomorales-blog.com)
